San Cristóbal de Las Casas, Chis. El médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, exjefe de Urgencia y Medicina Critica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, enfrentará el proceso en resguardo domiciliario, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitara al juez de control, la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El titular de la FGE, Jorge Luis Llaven Abarca informó que realizó la solicitud, debido a padecimientos de salud del urgenciólogo, detenido el pasado 25 de julio, luego de la denuncia interpuesta por Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del exdiputado local y exlíder del partido Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, quien murió de Covid-19, en la que acusó al médico de pedirle dinero para la atención de su padre.

Familiares de Grajales Yuca, por su parte, han asegurado que fue detenido “con engaños” el sábado pasado, luego de que la hija de Miguel Arturo Ramírez López acusara al médico de pedirle dinero para la atención de su padre.

“El fin de semana nos reunimos con la familia el doctor Vicente Gerardo y dejamos en claro que la FGE está actuando en las diversas carpetas de investigación en las que el imputado ha sido denunciado por ciudadanos y ciudadanas. La FGE ha actuado con transparencia, honestidad y objetividad en todas las diligencias”, señaló Llaven Abarca.

“En esta reunión, su familia, en particular su esposa, María Fernanda Ochoa Esquinca, hizo del conocimiento de esta autoridad investigadora de padecimientos de salud que tiene su esposo desde 2017, haciendo constar mediante comparecencia ante el agente del Ministerio Público esta circunstancia, lo que motivó que se solicitara ante la unidad de medida cautelar, una evaluación de riesgo al hoy imputado, misma que fue recibida ayer por la noche y en la que se dictamina que el imputado no representa un riesgo para continuar su proceso fuera de la reclusión en el penal”, agregó.

En una videograbación, manifestó que por ello, «el agente del Ministerio Público acordó solicitar hoy a primera hora al órgano jurisdiccional la revisión de la medida cautelar”.

Sostuvo que “de ninguna manera ello impide que se continúe con las investigaciones de corrupción que tenemos iniciadas en varias carpetas de investigación, y tampoco que el fiscal del Ministerio Público siga desahogando todas las diligencias dentro del proceso instaurado en su contra, por lo que estaremos atentos al desarrollo de la solicitud, y con respeto, a la autonomía del poder judicial para que sea le juez el que determine lo que proceda con dicha solicitud».

De acuerdo con fuentes del poder judicial, la respuesta del juez penal Carlos Inocencio Morales Urbina a la petición de la FGE fue positiva, por lo que Grajales Yuca enfrentará el juicio en resguardo domiciliario en una casa ubicada en Calle Berriozábal número 2, entre Avenida Chiapa de Corzo y Calle Berriozábal número 119, del Fraccionamiento Las Torres, Tuxtla Gutiérrez.

Integrantes del equipo de abogados expresaron su desacuerdo con la medida tomada por el juez, con el argumento de que el resguardo domiciliario es “absurdo” porque implica que haya policías afuera de la casa del imputado.

Llaven Abarca señaló que “la FGE es un órgano que siempre respetará los derechos humanos de todas las personas y como el derecho a la salud es un derecho humano hemos solicitado la revisión de la medida cautelar, ya que las circunstancias que hoy conocemos nos dan pie a solicitar al juez que imponga una medida cautelar distinta a la prisión preventiva justificada”.

La FGE informó en su oportunidad que de acuerdo con la primera carpeta de investigación, en su calidad de servidor público del área Covid-19 del Hospital de Especialidades Vida Mejor, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Grajales Yuca “solicitó a la persona denunciante equipo e insumos para tratar a su padre, siendo que de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado el nosocomio cuenta con los medicamentos y el equipo necesario para atender a los pacientes”.

Agregó que en una segunda carpeta de investigación en contra del médico, el ciudadano Jorge Gustavo Cervantes Yáñez, contagiado con Covid-19, declaró que el imputado le pidió “entre 550 mil y 650 mil pesos” por atenderlo “en una habitación con una curación integral porque estaba yo grave y que era posible que necesitara intubación” en el citado nosocomio.

La Jornada

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