Después del primer golpe que le asestó Humberto Oliverio Hernández Reducindo, representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura, se esperaba que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, aparte de recurrir a la fuerza pública para impedir que los nuevos funcionarios designados a sus espaldas reemplazaran a los suyos en los cargos administrativos que pretenden arrebatarles –entre ellos el de Mayra Angélica Martínez Juárez, pareja sentimental de su hijo Guillermo Benjamín Díaz Martínez–, contraatacara también con una estrategia jurídica, política y hasta mediática para defender no sólo su posición como titular sino sobre todo la autonomía del Poder Judicial ante los embates del grupo mayoritario del Congreso local que lidera el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, de Morena.

Sin embargo, hasta ahora, ni siquiera ha podido unir a los magistrados para hacerle frente al nuevo atentado del Legislativo que, en el afán faccioso por debilitar su presidencia, está vulnerando la división constitucional de los poderes.

Los únicos que públicamente han reprobado este atentado han sido 18 académicos de la Universidad Veracruzana (UV), entre los cuales figuran José Luis Cuevas Gayosso y Austria Paola Barradas Hernández, compañeros de Martínez Huerta en el Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Veracruz, A.C.

A través de un comunicado dirigido al Congreso local y a la opinión pública, los doctores y maestros de la UV solicitaron “desde la academia de la Facultad de Derecho” que esta iniciativa de Decreto impulsada por diputados de Morena que “reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz sea retirada o, en su caso, no aprobada, porque lo que se debe propiciar es la modernidad, democratización y respeto irrestricto a la autonomía del Poder Judicial del estado de Veracruz.”

Puntualizan que “la iniciativa de Decreto mencionada, desde nuestra perspectiva constitucional, vulnera el principio de división de poderes consagrado por el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y atenta contra el Poder Judicial.”

Y concluyen que del texto de la iniciativa “se advierte que se aleja de los principios de excelencia, profesionalismo, independencia, honestidad, eficiencia, imparcialidad, legalidad y objetividad del poder Judicial” y del significado del concepto de regla de mayoría, “dejando de considerar que hoy más que nunca el Estado debe garantizar la independencia de la Judicatura”.

Sin embargo, Martínez Huerta no ha logrado que se solidaricen con ella otros magistrados que también forman parte del Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Veracruz, A.C., como Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, Raúl Pimentel Murrieta y el retirado Andrés Salomón Rodríguez, entre otros.

Vamos, ni siquiera su otro hijo, César Díaz Martínez, quien oficialmente cobra como “asesor” en el área de Comunicación Social del Poder Judicial, se ha preocupado por operar una eficaz campaña mediática para contrarrestar el rudo embate que enfrenta su mamá desde hace dos semanas.

Catean rancho por caso Conade

Trascendió que este miércoles la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda realizaron un cateo en un rancho del municipio de Jamapa con el objetivo de localizar a Edgar Álvarez Flores, (a) Comandante Corona, desaparecido desde el 26 de marzo pasado luego de haber ido a recoger 2.5 millones de pesos en efectivo a las oficinas de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA) que presuntamente los representantes legales entregaron al enviado de la ex alcaldesa de Xalapa, Armida “N”, por la asignación de un contrato de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), que encabeza la sonorense Ana Gabriel Guevara, amiga de la ex munícipe xalapeña también bajo proceso penal por esta misma desaparición.

El rancho cateado sería propiedad del empresario Jesús “N”, quién fue detenido junto con el abogado Rafael “N” la madrugada del 21 de julio en los despachos marcados con el 1404, del fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río.

Según relató el reportero Armando Muñoz, del portal “Veracruz en Alerta”, el operativo se realizó con el apoyo de perros expertos en búsqueda, y rescate K9 de la Fuerza Civil, así como de profesionales de la Comisión Estatal de Búsqueda, los cuales se apoyaron con drones.

La FGE acordonó el terreno para determinar la presencia de posibles fosas clandestinas.

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer los resultados de dicho cateo.

Como ya se informó la semana anterior, Jesús “N”, Rafael “N” y Armida “N” fueron detenidos en Boca del Río y Xalapa, respectivamente, y trasladados a la ciudad de Poza Rica, donde el juez que lleva la causa les dictó prisión preventiva de dos años y cuatro meses por el delito de desaparición forzada cometida por particulares.