Luego de nueve meses de oscurantismo el Tribunal Superior de Justicia ha salido a la luz sólo para evidenciar la lucha infame por el poder y el dinero de quienes habían ofrecido un cambio. Si en el pasado, las prácticas de control político tenían su origen en la corrupción, ahora se les identifica en la ambición desmedida de quienes se han deslumbrado precisamente con el poder y la riqueza.
La disputa por el control del Tribunal sólo ha sido en perjuicio de los veracruzanos, cada vez más lejanos de la justicia en cualquiera de sus formas. La propuesta de reforma presentada el martes pasado para convertir al Poder Judicial en un satélite al servicio del Congreso y el Poder Ejecutivo fue exhibido como un despropósito de la justicia, lo mismo por abogados académicos que litigantes. Morena no necesita destruir a toda una institución sólo para deshacerse –o controlar en el mejor de los casos- a la oveja descarriada, al ratón que asusta a un elefante reumático.
Horas después de la propuesta hecha por el diputado morenista Raymundo Andrade Rivera para formalizar desde la ley un pinochetazo al Tribunal, los académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana acusaron que la iniciativa vulnera el principio de división de poderes y atenta contra el Poder Judicial.
Las razones que esgrimen es que a pesar de la floritura de citar incluso a Norberto Bobbio para evocar los principios que rigen al Poder Judicial -excelencia, profesionalismo, independencia, honestidad, eficiencia, imparcialidad, legalidad y objetividad así como a la regla de mayoría-, lo que se advierte es su alejamiento de tales principios y del significado del concepto de regla de mayoría.
Actualmente, como explican los abogados universitarios, la ley señala que “el Pleno se compondrá por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien no integrará Sala, y por los presidentes de cada una de sus Salas colegiadas -es decir, 9 integrantes, incluida la Presidencia-. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Pleno deberá reunir, cuando menos, las dos terceras partes de sus integrantes, entre los que deberá estar presente su presidente.”
En cambio, la propuesta de la iniciativa de decreto, señala que “Para el ejercicio de sus atribuciones, el Pleno deberá reunir cuando menos, a tres de sus integrantes, cuya mayoría será suficiente para la legalidad de sus acuerdos y resoluciones”; de lo anterior se advierte, acusan los firmantes del desplegado, una “equívoca interpretación a la propia regla de mayoría esgrimida, así como a la forma en la toma de acuerdos que pudieran suscitarse en el seno del citado órgano colegiado.”
En términos llanos. Mientras actualmente se requiere de al menos 6 magistrados –entre ellos el Presidente- para el ejercicio de sus atribuciones, los eruditos matemáticos y legisladores morenistas intentan demostrar que ¡¡dos es mayoría en un cuerpo colegiado de nueve!!, y que para eso no hace falta la figura de la máxima autoridad del Poder Judicial. Lo mismo aplicaría para el Consejo de la Judicatura.
En este caso, los legisladores morenistas buscan “erradicar la importancia de asistencia y votación de quien Preside este órgano colegiado de carácter administrativo”, cuya función es conducir la administración, vigilancia, disciplina y carrera del Poder Judicial, aspectos que en las últimas semanas han sido blanco de fuertes críticas y que merecen fortalecerse, pero no debilitarse. Es decir, con el acuerdo de dos integrantes del Consejo se puede decidir lo que sea necesario y por encima de cualquier otra entidad el interior del Poder Judicial.
Si bien los abogados no hablan a nombre de la Universidad, pero sí como una organización afín a ella, se pronunciaron “porque cualquier reforma sea para un fortalecimiento del Poder Judicial, nunca para destruirlo con propuestas de índole política” al tiempo que solicitaron el retito de la iniciativa o que no sea aprobada.
La miopía política no deja ver a los operadores políticos del Gobernador –lo mismo en su gabinete que en el Congreso- que lograron algo que ni siquiera se habían propuesto: alcanzar un consenso al interior del propio Tribunal y de las organizaciones de abogados de toda índole para realizar la remoción de la magistrada presidenta sin que esto represente ninguna afrenta al Poder Judicial. Sin embargo, la ambición y la lucha de poder no caben en este supuesto.
Y cito al doctor Salvador Martínez y Martínez, maestro de incontables generaciones de abogados –incluso de quienes no lo somos-: “El Poder judicial es el Poder de la razón y es el Poder de los abogados. Un poder que, en Veracruz, durante la pandemia COVID-19, se ha caracterizado por no-poder. Su inmovilidad en la pandemia (y su lentitud antes de la misma) le ha merecido que su avance en la modernización de los sistemas se califique como el de “un elefante reumático”.
En su osada ignorancia, Morena está dispuesto a derribar la casa sólo para atrapar al ratón.
Las del estribo…
- Ayer la Corte tomó la sorpresiva decisión de desechar el proyecto de sentencia que pretendía obligar al Congreso de Veracruz a legislar sobre la interrupción legal del embarazo, alegando -4 de sus 5 ministros- que no hubo “omisión legislativa” por parte de diputados locales. De paso, pidieron que fuera sobreseído el amparo que un Juez de Xalapa otorgó a grupos activistas para que la Legislatura avalara el aborto legal. Diputados locales ganaron una batalla a los pañuelos verdes que no se rendirán. Ya vienen las elecciones.
- También habrá pinochetazo en el Colver. En la sesión de hoy, los diputados aprobarán reformas a la Ley Orgánica del Colver, en el que sectoriza el Colegio a la SEV y se designa al Gobernador como Presidente de la Junta de Gobierno, con facultades para proponer el nombramiento o remoción del Rector. Los días de Eugenio Vásquez están contados; cosechará los afectos y agravios sembrados durante sus años como Rector.