Por el área de Seguridad Pública del estado han pasado como titulares algunos militares foráneos y otros políticos locales, pero lamentablemente para los veracruzanos a ninguno se le recuerda por haber realizado una labor excepcional.

Tristemente las referencias que perduran de algunos de ellos son por sus abusos, saqueos y complicidades con la delincuencia. Quizá el caso más anecdótico es el del general Mario Arturo Acosta Chaparro, nativo de la Ciudad de México, a quien a principios del sexenio del exgobernador Agustín Acosta Lagunes (1980-1986) se le atribuyó haber mandado a robar una carísima colección de armas de fuego que un afamado notario público de Xalapa le había presumido unas horas antes durante una cena privada en su residencia.

Ahora, con el nuevo gobierno de la llamada 4T, no se percibe hasta el momento un cambio radical en esta Secretaría a cargo del neoleonés Hugo Gutiérrez Maldonado, quien presume tener un doctorado académico.

El más reciente escándalo de los abusos de elementos de la Fuerza Civil ocurrió en Sayula de Alemán, en el sur del estado, donde elementos policiacos que se transportaban en cuatro patrullas ocasionaron daños y saquearon un modesto negocio de papelería. El caso tuvo una gran repercusión porque inicialmente circuló un video en las redes sociales y luego el hecho fue retomado por varios medios de comunicación. Ante el ruido mediático, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSP inició una investigación hasta apenas este lunes.

Pero no es la primera vez que sucede este tipo de excesos. En diciembre de 2018, recién iniciada la administración del gobernador Cuitláhuac García, los miembros de la familia Rosado Zárate, con ciudadanía estadounidense pero oriundos de Santa Rosa, municipio de Actopan, vinieron a pasar las fiestas de fin de año a su pueblo natal.

Como se recordará, un grupo de la Fuerza Civil, encabezado por el comandante Salvador de la Cruz Gabriel, allanó la casa de esta familia actopeña residente del estado de California. Además de propinarles una golpiza, siete de las víctimas los señalaron de haberles robado dos mil dólares, algunas joyas, teléfonos celulares, ropa, tres televisores, el estéreo que tenían encendido y hasta la cerveza que estaban tomando.

Hace un par de meses, en mayo, circuló también en redes sociales un video producido por el diario cuenqueño “El Piñero” que denunciaba otros excesos de la Fuerza Civil y de la Guardia Nacional en Cujuliapan, la congregación más grande del municipio José Azueta, que no rebasa los 850 habitantes.

Los pobladores entrevistados declararon que no sabían a quién temen más: si a los supuestos guardianes del orden o a los criminales, pues a partir de que en marzo pasado fue descubierto en el rancho aledaño “Monte Rico” un campamento de un grupo de la delincuencia organizada, los elementos policiacos lo tomaron de pretexto para justificar abusos y hasta algunos crímenes.

Denunciaron que por esas fechas habían ocurrido tres desapariciones y un caso de tortura.

Uno de los desaparecidos era Josmar Alor Borja, de 23 años de edad, quien según su esposa Lucero “R” se lo llevaron el 3 de mayo presuntos elementos de la Fuerza Civil.

Otro caso fue el de Fredy Azamar Alfonso, exdirector municipal de Protección Civil en el periodo 2012-2014 y quien había hecho públicas sus aspiraciones de contender como candidato a la alcaldía de José Azueta en 2021. Este hermano del regidor actual Alberto Azamar desapareció en la vecina población de Curazao.

A Hilmer Domínguez Rodríguez aseguran que se lo llevaron elementos de la Fuerza Civil sin orden de aprehensión. Fue sacado en la madrugada del 6 de mayo de su domicilio en Tesechoacán, donde los elementos de la SSP rompieron la puerta de su casa y sustrajeron aparatos electrodomésticos.

Por su parte, la señora Hilda Condado García acusó haber sido torturada por uniformados de la Fuerza Civil, quienes amenazaron con matar a su hijo de 6 años de edad, el cual atestiguó cuando los policías se llevaban a su madre. Dijo que al interrogarla le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, y que luego de liberarla, al retornar a su domicilio, descubrió que le robaron diversos objetos y 10 mil pesos que tenía ahorrados para poner una tiendita. Identificó a las patrullas con los números económicos 8880 y 3532.