El viernes por la tarde circuló profusamente un video en redes sociales que muestra la capacidad táctica y militar de supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes lucen al menos una veintena de vehículos blindados y artillados en algún paraje de los estados donde tienen mayor influencia.

En el video que dura aproximadamente tres minutos, decenas de sicarios armados con fusiles Barret, lanzagranadas, armas largas lanzan consignas identificándose como “pura gente del señor Mecho”, al tiempo que algunos de ellos lanzan ráfagas de metralla.

Según los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación es un grupo mexicano del crimen organizado dedicado al narcotráfico y tráfico de armas que opera en 25 de los 32 estados de México aunque su mayor presencia está en los estados de Baja California, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Jalisco. Para ellos, se trata de la organización delictiva más importante del continente con vínculos con organizaciones criminales en todo el mundo.

Por la noche, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que ya se analizaba la autenticidad del video donde supuestos integrantes del Cártel exhiben el alcance de su armamento, sin embargo adelantó que se trataba de un “evidente montaje”, tal vez refiriéndose a que la unidades portaban los emblemas de la organización, algo que no se ve en las calles. El funcionario no informó sobre la fecha y el lugar del evento, ni como se filtró a redes sociales. Los tomó por sorpresa.

¿Y el Ejército y la Marina? El video sale a la luz pública un día después de que el Presidente anunciara que ambas instituciones tomarán el control de las 49 aduanas del país –terrestres, marítimas y en aeropuertos- para impedir actos de corrupción y tráfico de drogas. López Obrador comparó esta decisión con la militarización que se hizo para proteger los oleoductos Pemex de los robos del crimen organizado.

En realidad, el Ejército se ha convertido en un gobierno dentro del propio gobierno. Hoy las fuerzas armadas los mismo sirven a la seguridad pública, que construyen aeropuertos y refinerías, transportan combustible, toman control de los hospitales públicos donde se atiende Covid, fabrica uniformes para el personal médico, actúan como guardia fronteriza y desde el jueves son los responsables de las aduanas del país. Eso sin contar sus tareas ordinarias de ayuda en casos de desastre (Plan DN-III) y la custodia de instalaciones estratégicas, más las que se le ocurran al Presidente.

En mayo pasado, López Obrador emitió un decreto mediante el cual del Ejército y la Marina podrán ejecutar legalmente doce funciones de seguridad pública que por definición eran competencia exclusiva de los policías civiles en México, y que van desde la posibilidad de hacer detenciones por cuenta propia, hasta supervisar cruces migratorios o participar en operativos para “restablecer el orden”. Esta decisión permitirá que los militares permanezcan en las calles al menos hasta marzo de 2024, es decir, lo que resta del sexenio.

Sin embargo, el despliegue operativo en tareas que no son de su competencia –aún cuando se les inscriba en criterios de seguridad nacional para justificar la presencia de los soldados- ha provocado que se reduzca la capacidad de respuesta frente al crimen organizado. ¿Cuál es el interés del Presidente de que las fuerzas armadas no representen un control a la delincuencia? ¿No quiere repetir el episodio de Ovidio?

López Obrador afirmó en agosto de 2019 que “casi el 50 por ciento de los muertos (del sexenio de Calderón) fueron militares y marinos muertos en enfrentamientos”: “Era una guerra. Eso es lo que añoran, eso es lo que anhelan”, señaló. Dijo después: “Ya no. Ya se acabó. Queremos paz”. A juzgar por el video que circuló el viernes, la pretensión del Presidente está aún muy lejos de cumplirse.

¿Acaso en breve veremos a los soldados vendiendo cachitos de la rifa del avión?

Actopan va por su tercer alcalde

El viernes por la tarde, la Sala Regional del TEPJF dio 10 días al Congreso del Estado para restituir a Paulino Domínguez como alcalde de Actopan, con lo que al mismo tiempo invalidó el acta de Cabildo del 12 de marzo pasado, mediante la cual se designó como alcalde interino a Eduardo Carranza, regidor de Movimiento Ciudadano. Carranza aún deberá responder por actos administrativos realizados como alcalde interino.

Sin embargo, ello no garantiza el regreso de Paulino Domínguez, sobre quien pesa una orden de aprehensión, lo que le impediría reasumir el cargo; esto abre la posibilidad al suplente José Alfredo López Carreto de convertirse en el tercer presidente municipal de Actopan en sólo cinco meses. El Congreso se zancadilleó a sí mismo al desconocer un decreto que él mismo emitió y favorecer las aspiraciones políticas de la diputada local María Esther López Callejas (Morena), promotora del ascenso de de Eduardo Carranza.

El caso aún no concluye. Habrá que esperar la decisión definitiva de la Sala Superior del TEPJF y que se resuelva la controversia constitucional ante la SCJN. Mientras eso sucede, Actopan estrenará alcalde a más tarde en 10 días.

Las del estribo…

1. La falsa fotografía del Secretario de Gobierno en un hospital privado no es más que una canallada. Podremos estar en desacuerdo con su desempeño como funcionario –como muchas veces aquí se ha dicho-, pero la violación a la intimidad como paciente y como persona merece ser castigada. Lamentable la procacidad y bajeza de quienes critican la polarización que ellos mismos promueven. Sólo confirmaron que sí existe el “sicariato mediático” y quienes lo ejercen.

2. Lamentable también la parálisis del gobierno. No existe la comunicación social, el sentido común ni la solidaridad entre el grupo político que gobierna. No hubo un gesto público de apoyo del Gobernador ni un control de daños del Secretario de Salud, lo que sólo alentó a los carroñeros de la sucesión. Tuvo que ser el propio Secretario de Gobierno, desde el hospital, quien controlara la crisis.