La versión corrió como pólvora. Era evidente que las cosas no se iban a quedar así. A espaldas de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Sofía Martínez Huerta, ayer se reunió el Consejo de la Judicatura para destituir a buena parte de la estructura administrativa del Poder Legislativo que había sido propuesta por ella misma. Incluso, se hizo uso de la fuerza pública para echar de manera vergonzosa a los ex funcionarios.

Históricamente, el Consejo de la Judicatura ha sido un órgano afín e institucional al Presidente en turno. Al menos así había sido hasta la reciente llegada del Magistrado Humberto Oliverio Hernández Reducindo como representante del Congreso del Estado, quien asumió el control político del organismo como parte de la intromisión del grupo parlamentario de Morena. De hecho, su anterior empleo había sido precisamente en el área jurídica de la Secretaría General del Congreso.

Integrado por los representantes de los tres poderes del Estado, ahí se toman las decisiones de carácter administrativo. La propia Ley Orgánica del Poder Judicial señala que es el órgano encargado de la administración, vigilancia y Disciplina del Poder Judicial. Entre sus atribuciones está controlar, evaluar, inspeccionar y vigilar los ingresos, gastos recursos y obligaciones de los órganos y servidores públicos del Poder Judicial.

Ayer sus miembros hicieron uso de estas facultades. Luego de perder la batalla en el Pleno del Tribunal, por la mañana se preparó la súbita reunión del Consejo para dejar completamente sin autoridad a la magistrada Presidenta, al perder todas las posiciones administrativas que le pertenecían. Según la fuente, sólo faltó que le quitaran a la secretaria.

El Consejo de la Judicatura acordó la destitución al menos de la cuestionada Secretaria de Acuerdos Mayra Angélica Martínez Juárez, nuera de la magistrada presidenta; del Director General de Administración, Hernán García Sobrevilla y la Subdirectora de Recursos Humanos, Rosa María Jiménez Abud, quienes tuvieron el gentil acompañamiento de la fuerza pública, en una demostración de poder absoluto por parte de los autores de la asonada, y quienes ahora se aprestan a nombrar a los nuevos funcionarios.

Si la tarea de Hernández Reducindo era preparar el pinochetazo, ya cumplió con la tarea. Ahora el siguiente paso será nombrar a los sustitutos, todos ellos con el sello del legislativo y no de la Presidencia del Tribunal.

Habrá que esperar la reacción de la magistrada Presidenta y el grupo que la llevó al TSJE –Eric Cisneros a la cabeza-, ya que al parecer, el gobernador Cuitláhuac García parece poco interesado en poner orden en el creciente conflicto de interés entre los poderes legislativo y judicial, a menos que en verdad se haya creído aquello de la autonomía.

Autoridades cuidan a los autos, no a la población

Hasta ayer por la noche, el estado de Veracruz registraba más de 15 mil contagios por Covid19 y 2 mil fallecimientos por esta enfermedad, sin embargo, aún no se reporta ningún caso de un vehículo particular o de pasajeros que haya adquirido el virus. Lo que podría sonar a ironía no es más que la realidad de una decisión que no midió sus alcances antes de ser impuesta literalmente por decreto.

Este martes, el Gobierno de Veracruz anunció que durante las próximas dos semanas se establecerán medidas extras para reducir la aglomeración y movilidad en 37 municipios veracruzanos como una forma de frenar el avance del Covid-19. Las autoridades estatales, establecieron que del 15 al 31 julio se deberán instalar filtros sanitarios y continuar con el programa de supervisión permanente de comercios.

El problema radica en que se cerró el centro de las ciudades y se dejaron abiertos precisamente los centros de mayor concurrencia. En el caso de Xalapa, la vialidad fue cancelada muchas calles después del primer cuadro de la ciudad, mientras los centros de comercio como la central de abastos, la rotonda y otros mercados permanecieron abiertos. Así, los vehículos no pueden circular por el centro pero las personas sí pueden reunirse en estos puntos.

En todo caso, la suspensión de la circulación obliga a los ciudadanos que tienen que ir al centro por comercio o trabajo, a recorrer largas distancias en las que están más expuestas al contacto con otras personas. Es decir, prohibir los vehículos no impide que las personas de todos modos caminen por las calles y comercios, por lo que la decisión no parece tener mucho sentido.

No hace falta ningún estudio científico para entender que el contagio es más probable en un mercado que en un auto particular, a pesar de que prohibieron lo segundo y han permitido lo primero. Aplaudibles, esas sí, las medidas impuestas para el transporte público y el comercio.

Por supuesto que cualquier medida que sirva a frenar la espiral de contagios debe ser promovida y apoyada; sin embargo, prevalece la ocurrencia sobre la razón científica.

Las del estribo…

  1. Ayer la CFE canceló la construcción de las centrales de Baja California Sur VI, Salamanca y San Luis Potosí, derivado de la crisis de la pandemia; esto permitirá cumplir con la política de no endeudamiento del país. Así que Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya ya pueden poner sus barbas a remojar.
  2. Como un capitán sin barco, al parecer a Morena le gustan las tormentas en altamar. En medio de la pugna por el control del Poder Judicial, la siguiente semana el Congreso llevará al pleno la reforma electoral que aplicará para este proceso. ¡Ya se imaginarán cómo estará el asuntos de las candidaturas!