Diputados del PRI y el PAN reconocieron que es necesario hacer un exhorto al Congreso federal para que se puedan flexibilizar las reglas de operación de los fondos federales que llegan a los municipios, pues la contingencia sanitaria está obligando a hacer gastos que no estaban programados en sus presupuestos.

Integrantes de la Comisión de Vigilancia, Erika Ayala Ríos y Bingen Rementería del Puerto, no descartaron la posibilidad de hacer un llamado a sus homólogos en la federación para evitar denuncias por daño patrimonial.

Recientemente el alcalde de Cosamaloapan, Raúl Hermida Salto, reconoció que han tenido que usar recursos públicos de varios rubros para poder atender la contingencia sanitaria para la compra de insumo y apoyar a la población.

El gobierno federal emitió un decreto en el que se determinó que fondos federales de seguridad se podrían destinar para la atención de la emergencia sanitaria, pero en Veracruz son limitados los ayuntamientos que tienen acceso al Fortaseg.

La primera en hablar del tema fue la priista Erika Ayala Ríos, quien comentó que si es necesario pedir al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para poder “flexibilizar” las reglas de operación de programas federales.

La idea es que se pueda emitir un nuevo decreto que permita a los alcaldes hacer uso de los recursos, pues no importa que se destinen a una buena causa, se podría configurar el desvío de recursos, lo que implica una responsabilidad para los presidentes municipales.

Por su parte, el panista Bingen Rementería Molina, quien también integra la Comisión de Vigilancia, comentó que es necesario que se permita a los alcaldes poder usar fondos federales para la atención de la contingencia sanitaria.

“Creo que si bien es conveniente que las reglas de operación sean claras, este es un momento excepcional en el que los diputados federales deben apoyar para que el recursos se pueda destinar a la contingencia sanitaria”.

Explicó que es necesario el poder atender la obra pública, la seguridad y la educación, pero el virus Sars CoV-2 generó condiciones económicas adversas, no solo por la recaudación, si no para la atención a la población.

AVC/Isabel Ortega

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