Hace algunos meses, con mucho optimismo, el gobierno del estado anunció que se iniciaría el pago a los acreedores que se viene arrastrando de al menos dos administraciones anteriores. También se ofreció entonces la intervención para modificar el esquema de la bursatilización que una década después dejó pocas obras y muchas deudas a los municipios.

Sin embargo, el anuncio fue tomado con reservas. En el caso de los empresarios, porque no se trataba de un pago directo por parte de la Secretaría de Finanzas, sino que tendrían que sujetarse a un modelo de “factoraje”, mediante el cual los bancos ‘comprarían’ la deuda al gobierno y liquidarían en promedio un 75 por ciento de los pasivos registrados ante Sefiplan.

Es decir, sólo en la operación, los acreedores perderían el 25% de la deuda a favor de las instituciones bancarias. En términos de las tasas de interés, la “comisión” o el cobro por el servicio de factoraje resultaba eventualmente caro, por lo que muchos declinaron a la propuesta del gobierno estatal. Lo mismo pasó con la deuda adquirida por vía de la bursatilización que siguen pagando la gran mayoría de los Ayuntamientos veracruzanos.

El tema parecía haber perdido interés. Sin embargo, en medio de la crisis financiera que ha provocado la pandemia, los bancos decidieron flexibilizar sus condiciones y presentaron a las autoridades del estado una nueva propuesta donde el costo del factoraje se reduce al 9 por ciento, algo mucho más manejable para los empresarios.

El jueves pasado, en sus redes sociales, el gobernador del estado se refirió a los adeudos que aun mantiene se mantiene con cientos de empresarios. “Es bien sabido que hay empresas locales que han validado haber ofrecido algún servicio, financiamiento de obra realizada o que fueron proveedores sin que por ello se les pagara en las administraciones pasadas” escribió en su cuenta de tuiter.

Y entonces dijo que se pretende pagarles por un esquema de “factoraje” financiero –algo que ya se había anunciado-, con la diferencia de que ahora podrán obtener liquidez con el pago de hasta el 91% del adeudo bajo esta operación bancaria. Esto con la finalidad de enfrentar los efectos de la pandemia que ha provocado el cierre de negocios y una cantidad considerable de empleos. La cosa cambia, pues.

Con los Ayuntamientos podría pasar lo mismo, si sus cabildos aceptan las nuevas condiciones bancarias. Según el gobernador, los municipios fueron endeudados por una emisión de bonos por 1 mil 207 mdp y a pesar de estar pagando intereses durante 12 años, el monto a pagar se incrementó a 1 mil 411 mdp. Esto se debe principalmente al esquema de financiamiento bursátil elegido, lo que disminuye los ingresos municipales porque el interés se los cobran de sus participaciones.

La propuesta de Sefiplan es analizar un cambio de esquema o reestructuración a fin de que paguen un interés menor y abonen a capital. El estado podría respaldarlos si los 199 cabildos que tienen esa deuda lo aprobaran. Con un nuevo esquema bancario se reduciría el interés y les liberaría más recursos. Hay que recordar que los gobiernos, las empresas y las personas enfrentan una situación difícil, pero también la banca comercial, por lo que ha tenido que flexibilizar sus condiciones.

Actopan es un polvorín

El caso de Actopan sigue siendo un polvorín. Hoy los ciudadanos actopenses tienen tres presidentes municipales: uno desaforado y prófugo, otro suplente que pelea en tribunales ser nombrado en lugar del electo, y el que está en funciones, un regidor –ex alcalde, por cierto-, que por un acuerdo al interior del cabildo, y desconociendo el Decreto emitido por el Congreso, se impuso por encima de la Constitución.

El suspensión provisional concedida por la Suprema Corte a favor de los originales presidente municipal y la síndico respecto de su proceso de desafuero, será sobreseído luego de que ambos están sujetos a proceso por otros delitos y no puede resarcirse el acto reclamado. Se trata de un hecho consumado, sin embargo, ninguno de los dos ha sido sentenciado.

Por otra parte, ayer la plana mayor del PAN –dirigente estatal, senadores y diputados- salió en defensa de José Alfredo López Carreto, alcalde suplente, quien denunció haber sido amenazado por la policía municipal para no asumir el cargo tras el desafuero impuesto por el Congreso. El gobierno del regidor y alcalde interino, Eduardo Carranza, está prendido de alfileres, mientras que la población y los empleados municipales siguen siendo las víctimas de las disputas entre los grupos políticos locales.

En efecto, López Carreto no adolece que causa legal que le impida asumir el cargo. De lograrlo, los diputados locales que metieron la mano, el Tribunal Electoral del Estado y el cabildo tendrán que rendir cuentas.

Las del estribo…

1. El nombramiento de Sofía Martínez Huerta como Presidenta del TSJE en Veracruz podría haber sido un día de campo respecto al nombramiento y ratificación de los nuevos magistrados. Ayer el diario Milenio retomó el tema de la ratificación de Víctor Manuel César Rincón y su inexistente cédula profesional, lo que podría ser su último clavo en el ataúd. Mientras, en todos lados se cuentan historias que van desde las intrigas, venganzas y hasta las relaciones amorosas de sus protagonistas, incluida por supuesto, la magistrada Presidenta. Los agravios cobrarán una factura muy alta.
2. Y como al perro más flaco se le juntan las pulgas, ayer se confirmó el primer contagio de Covid en el Poder Judicial. Se trata de un caso que se dio en el área administrativa, donde otra persona está en calidad de sospechosa. Ya con el niño contagiado, ahora pretenden tapar el pozo sanitizando todo el edificio. ¡Veremos que tanto se esparció el virus!