La denuncia que hizo este jueves la magistrada Concepción Flores Saviaga respecto a las irregularidades en la implementación del sistema de justicia digital y la prolongada suspensión de actividades al interior del Tribunal, es apenas la punta del iceberg de una serie de irregularidades que van desde la falta de sesiones del pleno –todos los acuerdos han salido a través del Consejo de la Judicatura- hasta irregularidades administrativas, nepotismo y tráfico de influencias.

La larga experiencia de la Magistrada Presidenta Sofía Martínez Huerta se reduce al derecho civil, por lo que lo relativo a lo penal ha quedado a la deriva; esto ya ha sido denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por justiciables y abogados litigantes que sufren de la parálisis del poder judicial, violando el principio constitucional de un acceso a la justicia pronta y expedita.

La emergencia sanitaria ha caído a Martínez Huerta como anillo al dedo, evitando todo contacto con el resto de los magistrados y refugiándose en el cobijo de quienes fueron nombrados a propuesta de la actual administración estatal. A través del acuerdo que emite cada mes el Consejo de la Judicatura para mantener vigente la suspensión de actividades, ha justificado su incapacidad para atender sus actividades jurisdiccionales.

Durante este mes, sólo se mantendrán las guardias y se ampliará de manera marginal el servicio en las salas en materia civil, familiar y mercantil. Acaso se mantendrá la modalidad digital para la recepción de demandas y promociones iniciales de diligencias de jurisdicción voluntaria, “las cuales se irán acordando de manera de manera progresiva, con el mínimo personal”.

Desde diciembre pasado, el Poder Judicial se encuentra a la deriva. La impartición de justicia ha cedido su lugar a la incapacidad, el nepotismo y el tráfico de influencias.

De poco sirvió la experiencia de la Secretaria del Trabajo, María Guadalupe Argüelles Lozano, quien a inicio de la administración nombró a su hija como jefa del Departamento Jurídico y de Amparos, incurriendo en nepotismo y conflicto de intereses. Tras una excusa inverosímil, la hija de la titular fue despedida. En la casa de la justicia, estas prácticas son comunes.

La Magistrada Presidenta ha hecho del Tribunal su segunda casa. Ahí labora su nuera Mayra Angélica Martínez Juárez, designada como Secretaria General del Consejo de la Judicatura y responsable de todos y cada uno de los juzgados estatales, además de la ejecución de los cambios al interior del Poder Judicial en función de sus intereses personales y los de su suegra.

Y si la justificación es que sólo tiene una relación sentimental con el hijo mayor de la magistrada presidenta y no un vínculo matrimonial, el argumento se desvanece con otro de sus hijos, César Díaz Martínez, quien labora en el área de comunicación social como encargado de la imagen pública de su mamá, como se ha denunciado ya en algunos medios de información. Justo lo que más aborrece la 4T.

Al interior del Tribunal es bien sabido de la larga lista de compadrazgo y amistades sin perfil que han ido levantando el muro del círculo inmediato de la magistrada presidenta. Otro caso es la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal, Ana Luisa Hernández Gándara, señalada de tomar atribuciones más allá de su encargo, y hasta la lideresa del sindicato del Poder Judicial, Rocío Tinajero, una antigua aliada de Martínez Huerta.

Si bien es cierto que los casos de nepotismo y tráfico de influencia rayan en anécdota sancionable administrativamente, lo que más preocupa a los magistrados es un barco a la deriva que ha paralizado a todo el sistema de justicia del estado.

“No tiene poder de convocatoria y tiene temor de todo. Desde que llegó no ha convocado nunca a una reunión de magistrados porque no tiene la ascendencia, sobre todo por las condiciones en las que llegó al Tribunal. Tampoco la sinergia de las personas con las que se rodeó, que es toda la gente del anterior presidente (Edel Álvarez Peña) que la cooptaron y ahora esos son los problemas que tiene y (por consecuencia) no se ha hecho la auditoría”, dijo ayer la magistrada Flores Saviaga. Posición en la que coinciden buena parte de los magistrados.

Con el pretexto de la pandemia, el Pleno del Tribunal no sesiona desde el pasado 17 de marzo; se opera a sólo a través del Consejo de la Judicatura, por tanto, para la segunda instancia y funcionamiento de salas no hay lineamientos establecidos, independientemente que el pleno es el órgano supremo del poder judicial.

Pese a todo ello, Sofía Martínez Huerta puede estar tranquila. En breve llegarán otros tres nuevos magistrados a cuidarle las espaldas y cubrir su incapacidad e inexperiencia.

Las del estribo…

1. El crimen organizado gana terreno al Estado. En algunos lugares del país –Tuxpan, en el caso de Veracruz- se ha convertido en un gobierno alterno, estableciendo medidas de aislamiento y toque de queda entre la población. Eso no lo dice ningún conservador o adversario del régimen, lo reconoce la propia Secretaría de Gobernación. Para quienes decían que la liberación de Ovidio y el saludo a la mamá del Chapo no tendría consecuencias.
2. Algo está pasando con el sistema de inteligencia del gobierno estatal. Cuando hubo desmanes en pleno centro de la ciudad, nadie se enteró. Y ayer que hicieron del primer cuadro un búnker, tampoco se enteraron que se trataba de un borrego. ¿O se trató de un montaje, como sugieren los mal pensados?