El Congreso Local tiene como fecha límite el 31 de julio para que cobre vigencia la más reciente reforma a la Constitución, que reduce en un 50 por ciento el financiamiento de partidos, desaparece 209 consejos municipales; permite la reelección de autoridades municipales; y blinda al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez de la revocación de mandato.
Para que se declare la constitucionalidad de los cambios a la máxima ley local es necesario el respaldo de 107 Cabildos, y aunque recientemente se informó de la adhesión de al menos 80 municipios; de manera extraoficial se conoce que Morena sólo ha sumado el apoyo de 60 de los 212 Ayuntamientos, que avalan los cambios.
A la fecha se conoce que los municipios de: Coatzacoalcos, administrado por Morena, Veracruz y Coatepec, Córdoba, Naranjos, Álamo, Boca del Río, Rodríguez Clara, José Azueta, Fortín, Martínez de la Torre y Tuxpan, no han apoyado la reforma. Sin embargo, el PRI denunció que al menos 30 no han recibido la notificación, lo que resulta irregular, y en otros casos, se están remitiendo actas de cabildo sin el aval de la mayoría de sus integrantes, tal es el caso de Ixtaczoquitlán.
La Constitución establece que la ley electoral se puede cambiar a más tardar 90 días antes de la elección; el código electoral detalla -en su artículo 169- que el proceso iniciará a más tardar el 10 de noviembre previo al año de la elección. Lo que reduce el tiempo para que la actual Cámara aterrice los cambios en la ley secundaria que regula la organización de los comicios.
Recientemente el consejero electoral Roberto López Pérez, comentó que el gran reto para los legisladores locales es regular las modificaciones en la integración de los Consejos Distritales y tres municipales especiales que se podrán instalar el primer domingo de junio, para elegir 212 alcaldes y 30 nuevos diputados.
La premura con la que se presentó la iniciativa de reforma y se dictaminó para someterlo a votación, del 02 al 12 de mayo, no es la misma rapidez con la que se logran los adeptos para ratificar los cambios.
Una vez que se votó el acuerdo, la Secretaría General del Congreso -a cargo de Domingo Bahena Corbalá- tenía un plazo de cinco días hábiles para notificar a los 212 cabildos de la reforma y pedir su apoyo, que se tendrá que responder en un plazo no mayor a un mes.
PAN pide copias certificadas de las actas
En entrevista, el coordinador de la fracción del PAN, Omar Miranda Romero, confirmó que el plazo para notificación a los 212 municipios venció el 20 de mayo, fecha a partir de la cual se empiezan a contabilizar los 30 días naturales para que los alcaldes envíen las Actos de Cabildo a favor o en contra.
Atendiendo esos plazos legales, consideró que el 24 de junio sería la fecha en la que se concluye el plazo para que los municipios den su respaldo o envíen sus Acta de Cabildo.
Existe la figura de afirmativa ficta, en la que se la falta de una respuesta de algún Ayuntamiento se asume como respaldo positivo a cualquier consulta de parte de los legisladores locales, por lo que en este momento no saben si Morena ya tiene el apoyo de 107 Ayuntamientos para proclamar la constitucionalidad de la más reciente reforma.
“La ley dice que si después de los 30 días, después de que tiene el sello de recepción, si no se tiene una votación por parte del Cabildo se da la afirmativa ficta, que se da por positiva la reforma. Después de esto tendrá que esperar, porque no sabemos la fecha exacta en que se notificó a todos”.
En la actualidad Acción Nacional administra un total de 65 municipios y en coordinación con el PRD están al frente de 106 comunas, pero desconocen la votación que se tiene a la fecha.
Sin embargo, destacó que es evidente que Morena no ha logrado el respaldo, pues de lo contrario ya habrían citado a una sesión ordinaria para confirmar la constitucionalidad de la reforma electoral.
“Y el último día que se podría publicar es el último día del mes de julio, porque la ley dice que no se pueden realizar reformas electorales, hasta 90 días antes del inicio de la elección”, recordó el panista.
Dijo que en calidad de Coordinador del albiazul ya pidió tanto a la Secretaría General, lo mismo que a la Presidencia de la Mesa Directiva de la 65 Legislatura, que se les remitan copias certificadas de las actas que se han recibido.
El panista recordó que la propuesta es inconstitucional por lo que en caso de que se valide por los Cabildos iniciar con los recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Recientemente el PAN, anunció que habrá sanciones contra alcaldes que voten en favor de la Reforma Electoral.
Secretaría General no ha notificado a 30 municipios: PRI
Por su parte, el líder del Partido Revolucionario Institucional, Marlon Ramírez Marín, explicó que al menos unos 30 alcaldes, de diferentes filiaciones partidistas han informado a las dirigencias que no han recibido notificación oficial desde la 65 legislatura.
El priista alertó que ese tema se torna irregular, pues ya venció el plazo para que se notifique a los Cabildos; y por otro lado se podría usar la figura de la afirmativa ficta para avalar el cambio, sin siquiera consultar a alcaldes, síndicos y regidores, “eso está ocurriendo en donde no les dan los votos para sacar el acta a favor”.
En la sesión ordinaria del 28 de mayo los alcaldes de Tantoyuca y Chicontepec notificaron al Pleno que no recibieron la reforma electoral, y este fenómeno, dijo, se ha replicado en otras demarcaciones como Perote o Tamalín. En el caso de Orizaba y Cosoleacaque les notificaron al inicio de la semana.
“Los alcaldes nos han externado la preocupación que no han sido notificados por la Secretaría General. Eso puede ser con la intención de no permitir la votación en Cabildo, pues no alcanzarían los votos; por lo que es necesario que Morena explique y muestre la documentación que confirme que se convocó a los 212 municipios para revisar y avalar la reforma electoral”.
La otra irregularidad que han detectado es que se integran las actas de Cabildo a favor, y cuando se lleva a firma a los integrantes de la comuna solo los respaldan unos cuantos, por lo que no se logra la mayoría calificada, a pesar de que el documento “avala” los cambios a la constitución, tal es el caso de Ixtaczoquitlán, “solo tiene tres firmas de los 11 integrantes.
Algunos alcaldes han optado por abstenerse de votar, por temer a represalias, pues ya hay casos en los que se les ha amagado con una revisión “exhaustiva” al manejo de la cuenta pública, o los amenazan con quitarles sus plazas magisteriales.
AVC/Isabel Ortega
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