Cuando Jorge Winckler disfrutaba la plenitud del poder, el fiscal yunista quiso abonar a la causa de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien pretendía suceder a su padre Miguel Ángel Yunes Linares en la gubernatura.

Winckler no sólo se valió de sus facultades legales como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) para empujar el proyecto sucesorio del yunismo sino que inclusive se extralimitó al manipular tendenciosamente a varios medios de comunicación para que las acciones de este órgano constitucionalmente autónomo encargado de procurar justicia levantaran las tendencias electorales a favor del hijo de su jefe político.

Y es que, entre otras estratagemas activadas para apuntalar electoralmente al junior, la más estridente fue la profusa difusión de la orden de aprehensión, ficha roja y solicitud de detención con fines de extradición en contra de Karime Macías, expresidenta del DIF y todavía esposa del exgobernador Javier Duarte, a la que inicialmente le imputaron un presunto desvío de más de cien millones de pesos a través de seis empresas fantasmas.

Este escándalo mediático fue detonado a finales de mayo, casi un mes antes de las votaciones. En esa ocasión, el reportero Noé Zavaleta, de la revista “Proceso”, consignó que el caso de la exprimera dama de Veracruz fue utilizado por el gobierno de Yunes para romper el “empate técnico” entre su hijo y Cuitláhuac García que mostraban algunas encuestas, como la publicada por el diario “Reforma”, que los posicionaba con el 43 y 42% de la intención de voto, respectivamente.

“El fiscal general Jorge Winckler Ortiz denominó ‘Bombazo winckleriano’ a una breve columna periodística que él mismo envió a sus reporteros afines. Es un texto cargado de errores ortográficos y pifias gramaticales, en el cual afirma que el escándalo de la esposa de Duarte hizo avanzar a Yunes Márquez: ‘Están agraviados porque Chiqui, Chiqui, Chiqui Yunes avanzó de menos cinco puntos en todas las encuestas con este Bombazo Winckleriano (sic)”, citó textualmente Zavaleta.

Con la polémica salida de Winckler, en septiembre de 2019, se esperaba que en la FGE se erradicara este tipo de vicios y abusos que han demeritado a la institución.

Sin embargo, coincidentemente después de que la encargada provisional de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, decidió este sábado registrarse para participar formalmente en el proceso legislativo para ser ratificada por el Congreso local como titular por un periodo de nueve años más, trascendió que de una oficina próxima a su despacho habrían sido filtradas a columnistas y reporteros afines las fichas curriculares de los otros 20 abogados aspirantes a la FGE, a algunos de los cuales se les desacredita y difama  vinculándolos con un cártel de la delincuencia organizada, a otros por haber sido inhabilitados en la función pública o denunciados por corrupción, y a unos más hasta por haber litigado en la defensa jurídica de exfuncionarios estatales de administraciones anteriores o de ediles recién desaforados, información confidencial que se presume extrajeron indebidamente de los archivos o base de datos de la propia Fiscalía.

Obviamente omitieron divulgar el parentesco cercano de Hernández Giadáns con Guadalupe Hernández Herviz, una operadora de Los Zetas en la zona sur del estado, acusada de secuestro y de otros delitos del fuero federal, que casualmente a finales del año pasado fue puesta en libertad.

A su vez, en el bando contrario, quienes se oponen a la ratificación de Hernández Gidáns, le propinaron un golpe bajo a la abogada nativa de Santiago Tuxtla, pues este martes 12 el litigante Héctor Ricardo Marín Pérez la denunció formalmente ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los presuntos delitos de delincuencia organizada, corrupción y otros que resulten.

La denuncia, en la que también figuran como coacusados el Oficial Mayor de la FGE, Rafael García Vizcaíno, y el contralor Rafael Ambrosio Caballero Verdejo,  es por la adquisición que realizaron  en noviembre de 2019, dos meses después de la destitución de Winckler, de un par de camionetas tipo Suburban blindadas que fueron importadas de Estados Unidos, y por las que la Fiscalía erogó más de 10 millones de pesos.