Justo cuando empieza a arreciar lo peor de la pandemia por el coronavirus, tanto por el creciente número de contagiados y víctimas como por la recesión de la economía –lo que exigiría que el Poder Legislativo vigilara que el Ejecutivo mejorara la atención médica y gestionara más y mejores apoyos fiscales y financieros a las pequeñas y medianas empresas para atenuar la pérdida masiva de empleos formales–, el diputado local de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, se ha sacado de la manga una ociosa propuesta de reforma constitucional que sólo ha desatado morbosidad política y especulaciones futuristas.
Y es que por los vínculos políticos que le unen con Rocío Nahle, a todo mundo le quedó claro que la iniciativa que el legislador de MORENA presentó en la sesión legislativa de este viernes para modificar el artículo 11 de la Constitución Política del Estado es un traje a la medida para que la secretaria de Energía, nativa de Zacatecas pero avecindada desde hace más de 30 años en el sur de la entidad, esté plenamente habilitada para ser postulada en 2024 como candidata a la gubernatura de Veracruz o para sustituir antes –si así lo requirieran las circunstancias– al mandatario en funciones Cuitláhuac García.
Por supuesto que en este hipotético escenario también habría que encartar al hidalguense Ricardo Ahued, quien está por incorporarse nuevamente al Senado de la República. Sin embargo, tras su intempestiva renuncia a la Administración General de Aduanas, se cree que el ex alcalde xalapeño perdió puntos en el ánimo y la confianza del presidente López Obrador a pesar de los comentarios elogiosos que el mandatario le dedicó.
Y es que no obstante que AMLO reconoció a Ahued como un hombre muy honesto, también dejó entrever que le faltó coordinarse y que fracasó con lo que llamó el “monstruo de cien cabezas”.
En cambio, a pesar de la debacle petrolera mundial que ha puesto en duda la viabilidad financiera de la nueva refinería que se construye en Dos Bocas, Tabasco, Rocío Nahle sigue impulsando desde la Secretaría de Energía este polémico megaproyecto del Presidente.
¿Quién, a la semana siguiente de la renuncia de Ahued, le pidió al diputado porteño Cruz Malpica que propusiera esta reforma constitucional para que los padres de hijos nacidos en el estado sean considerados legalmente “veracruzanos”, lo que en realidad se antoja ocioso ya que una reforma aprobada desde septiembre de 2008 al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula claramente que “sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios…”?
Nahle, según parece, a la par del proyecto de Dos Bocas habría decidido empezar a construir también su candidatura al gobierno de Veracruz y, por lo que se percibe, quiere hacerlo con una sólida cimentación jurídica para evitar impugnaciones futuras y la tediosa interposición de juicios de derechos ciudadanos ante los tribunales electorales.
Gómez Cazarín: ‘sobrino incómodo’
Ahora que todavía está muy fresco el penoso caso de doña Guadalupe Argüelles Lozano, quien este miércoles tuvo que renunciar a la Secretaría del Trabajo por el estridente escándalo mediático que protagonizó su hijo Efrén Rogelio Cárdenas Argüelles –quien fue detenido por la policía municipal de Chicontepec, alcoholizado y con droga en un automóvil oficial asignado a la dependencia estatal que encabezaba su madre–, nos comentan que el diputado morenista Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Estado, debería echar también un vistazo a su entorno familiar porque no vaya a ser que algún pariente cercano lo vaya a embarrar en algún turbio negocio fraguado mediante el clásico tráfico de influencias, tan repudiados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Y es que nos cuentan que, desde hace un año, el contratista de moda en Hueyapan de Ocampo, su municipio natal, es casualmente su sobrino Carlos Daniel Cazarín Quevedo, quien ha recibido una serie de obras por parte del Ayuntamiento que preside el ingeniero Jorge Alberto Quinto Zamorano, de Nueva Alianza, partido que perdió su registro el año anterior pero que en 2017 lo llevó a la alcaldía con todo el apoyo del entonces diputado local Vicente Benítez, un exfuncionario duartista que fue Tesorero estatal y Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Como prueba, nos remiten copias fotostáticas de sólo dos contratos: el número HUEY/FISMDF/0047/19, por más de 415 mil pesos para construir una aula en la escuela primaria bilingüe “Manlio Fabio Altamirano”, en la localidad de Loma de la Palma, y el número HUEY/FISMDF/0091/19, que asciende en total a 1 millón 768 mil 875.90 pesos, por la construcción… ¡“de cuarto dormitorio para mejoramiento de vivienda”!, en la comunidad de Cuatotolapan Estación.