En los años que llevo tratando de aprender a hacer periodismo, he conocido a políticos que caen mal pero se esfuerzan por llevarla bien con sus gobernados y al final algunos lo han logrado. Eric Cisneros Burgos es la excepción. El tipo sabe que de plano cae gordo, sabe que día con día se multiplican las personas que lo detestan y parece disfrutarlo.
Ya he comentado que debido a la lentitud con la que el gobierno estatal adoptó medidas para tratar de detener la pandemia del coronavirus, varios alcaldes optaron por las que consideraron más apropiadas. Y uno de ellos fue el munícipe de Tuxpan, Antonio Aguilar Mancha, que cerró a los visitantes los accesos al puerto.
Contra lo que pudiera suponerse esta decisión no la tomó por sus pistolas, sino porque se lo pidió la ciudadanía.
El 7 de abril y con la oleada de vacacionistas que estaban llegando al puerto, el ayuntamiento dispuso de filtros sanitarios en sus dos principales entradas. Ese mismo día, los estacionamientos de las grandes tiendas departamentales se saturaron de automóviles provenientes de la Ciudad de México, lo que espantó a los pobladores que exigieron poner retenes en lugar de filtros y que se regresara a las personas provenientes de la CDMX donde se han registrado más contagios.
Y así lo hizo el alcalde. Es decir, Aguilar Mancha actuó conforme a la voluntad popular y porque el pueblo manda, según lo ha dicho un clásico hasta la saciedad.
Los retenes de alguna manera han funcionado porque si por esos días se registró un caso de coronavirus, no se ha vuelto a presentar otro caso más. Además, el paciente ya fue dado de alta, aunque las autoridades de Salud (se ignora por qué) lo siguen contabilizando como si continuara enfermo.
Con todo esto, el secretario de Gobierno Eric Cisneros, envió al alcalde una carta donde le ordena que quite los retenes y deje transitar libremente a los turistas o de lo contrario estaría violando la Constitución. Es decir, le está ordenando que facilite el contagiadero.
“Asumir acciones de carácter unilateral además de contravenir el marco constitucional, comprometen la integridad de la población en medio de la presente emergencia sanitaria”, dice Eric al final de su carta; carta que es muy rebatible porque Aguilar Mancha no actuó unilateralmente, no está violando la Constitución y mucho menos pone en riesgo la integridad de los tuxpeños, sino por el contrario.
Entiendo el bullying que sufrió de pequeño el señor secretario; entiendo los complejos que debe cargar el pobre, pero no se vale que vuelque esos complejos en una ordenanza fuera de toda proporción que lo hace más abominado por los veracruzanos. ¿O acaso piensa que alguien le aplaude?
Eric Cisneros está cultivando un nivel de encono tan grande que es inevitable que el costo lo pague la 4T en las elecciones del 2021.
Si Rocío Nahle quiere evitar que se hagan añicos sus sueños de gobernar Veracruz debe hablar urgentemente con Andrés Manuel López Obrador y decirle más o menos en este tenor: “Así como vine a pedirle que pusiera a Eric en la Secretaría de Gobierno, así vengo a pedirle que lo corra”.
Cisneros Burgos es un cálculo que tapona el hígado de la 4T. Por el bien de todos, pero principalmente de los integrantes de Morena, el tipo tiene que irse ya de Veracruz.
Avala Pérez Astorga Ley de Amnistía
Con una amplia mayoría de 68 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, este lunes fue aprobada en sesión ordinaria en el Senado de la República, la Ley de Amnistía que contó con la participación de los senadores Ernesto Pérez Astorga y Gloria Sánchez Hernández.
De acuerdo con Pérez Astorga, esta Ley es una muestra de respeto a los derechos humanos, ya que gran número de prisiones presentan problemas de hacinamiento y sobrepoblación.
En 2018 las tasas de ocupación penitenciaria en algunas entidades se encontraban arriba del 100 por ciento e incluso llegaron hasta el 300 por ciento.
El número de personas que se verán beneficiadas con la amnistía son alrededor de 5 mil, es decir un 17 por ciento de quienes hoy se encuentran en reclusión.
El senador Pérez Astorga destacó que no se trata de dejar libres a las personas que cometieron un delito de alto impacto y que aún no han concluido su proceso de reinserción, sino a quienes no representan un peligro para la sociedad.
La población beneficiada serán las mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto en todas sus modalidades, personas obligadas a participar en delitos contra la salud por su condición de pobreza. Y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales.
Asimismo, se beneficiará a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas.
El dictamen deja en claro que no beneficiará a reincidentes, ni a personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros.
¿Es cierto, señora tesorera?
Una carta que circula en redes sociales pone de manifiesto las pésimas condiciones laborales de trabajadores sindicalizados y de confianza en la tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Por obvias razones la carta no trae firma, pero llamó mi atención porque un par de amigos que laboran en esa dependencia me han hecho ver faltas como las que se mencionan en la misiva.
En ella acusan a la tesorera María Esther Reyes González, de violar los derechos laborales de los trabajadores al obligarlos a laborar indebidamente sin acatar las medidas de seguridad sanitarias por el coronavirus, contraviniendo las indicaciones de las autoridades federales, estatales y del propio titular de Sefiplan, José Luis Lima Franco.
Agregan que María Esther asignó desde un principio jornadas laborales de más de 12 horas, cambió el horario de entrada a las 8:00 de la mañana, redujo el horario de comida, los obliga a trabajar los fines de semana y como varios trabajadores sindicalizados se han opuesto a tales medidas, los hostiga.
“Pese a la pandemia que se vive, la tesorera María Esther Reyes González, ha decidido ignorar las medidas de protección a las personas adultas mayores y otros grupos de riesgo, días de trabajo alternados para los servidores públicos con hijos menores de 12 años, horarios escalonados y suspensión de actividades no esenciales. De un día para otro cambia de parecer y somete a los empleados a sus arbitrarias decisiones, al momento mantiene una concentración en el área de al menos de 50 trabajadores, incluidas personas en riesgo que anteriormente habían sido enviadas a cuarentena” dice un párrafo de la misiva.
Los trabajadores señalan que esta situación se da aun cuando las autoridades federales han dicho que habrá sanciones incluso penales a quienes no respeten las medidas y derechos laborales de los empleados. Por lo que hacen un llamado a las autoridades estatales para que tomen cartas en el asunto sobre el riesgo sanitario (que incluso puede costar vidas) al que están expuestos por negligencia de María Esther Reyes González.
Si esto es cierto, habrá que investigarlo. Y si no también, nomás para salir de dudas.