Prefacio.
No es un delito grave. *** Yolli García Álvarez, quien hasta el pasado miércoles fue Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) fue detenida por elementos de la Policía Ministerial la tarde del jueves. *** Se le acusa de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, a partir de las carpetas de investigación FGE/FECCEV/357/2019 y FGE/FECCEV/372/2019. Si el juez de control se apega a lo que dicta la Ley, deberá permitirle que siga su proceso en libertad. *** La historia es ya conocida. La confrontación de los comisionados (no sólo Yolli García) con el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Alfonso Velázquez Trejo se dio desde que este último fue designado para dicho cargo. *** Al margen de los “dimes y diretes” entre el contralor interno y los comisionados, lo cierto es que hacia afuera se está generando la percepción de que los titulares de los OIC están siendo utilizados como arietes del Poder Ejecutivo para someter a los órganos autónomos, esos que tanto escozor le provocan al Presidente Andrés Manuel López Obrador y –por supuesto- a todos esos servidores públicos creados a su imagen y semejanza.
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Hay vacíos legales, circunstancias no consideradas en la Ley. Esos huecos pueden ser aprovechados para favorecer, o para perjudicar a una persona.
Jorge Winckler Ortiz fue nombrado fiscal general del estado en diciembre del 2016, gracias a los oficios políticos (“chantaje”, dirían algunos) de quien fue y sigue siendo su jefe, Miguel Ángel Yunes Linares.
Una vez que rindió protesta ante el Pleno de la LXIV Legislatura y que tomó posesión del cargo, Winckler Ortiz, lo mismo que su más cercano equipo de colaboradores, debieron someterse a los exámenes de control y confianza a los que están obligados todos los mandos en materia de seguridad y justicia del país.
Esa fue una más de las leyes que Jorge Winckler, su jefe Yunes Linares y sus subalternos, decidieron ignorar.
Desde las reformas al Artículo 21 de la Constitutución federal en el 2008, se establece que “el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
La primera de las bases para dicha coordinación establece: “La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación (¡ojo!) de los integrantes de las instituciones de seguridad pública”.
En el documento presentado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, para someter al Pleno el punto de acuerdo mediante el cual “se determina la separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en el cargo de Fiscal General del Estado del Ciudadano Jorge Winckler Ortiz”, se hace notar que desde su nombramiento, Jorge Winckler no cumplió con la disposición constitucional (de someterse a la certificación), “según informes rendidos por autoridades competentes a esta Soberanía”.
Luego de que fuera aprobado el punto de acuerdo con 33 votos a favor y 12 en contra y tras la publicación “exprés” del acuerdo, en número extraordinario de la Gaceta Oficial del Estado, el Congreso deberá emitir la convocatoria para elegir al nuevo titular del organismo.
Mientras eso sucede, Verónica Hernández Giadans, seguirá fungiendo como “encargada del despacho”.
No hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague.
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Epílogo.
A diferencia del debate sobre la destitución definitiva de Jorge Winckler, (por el que votó en contra) en el tema del nombramiento de la nueva comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, el diputado Rodrigo García Escalante, del grupo parlamentario del PAN, votó en el mismo sentido que la fracción de Morena, con lo que se consiguió la mayoría calificada que se requería para ratificar las propuesta. En unas sí, en otras no. Cada quien su opinión y sus intereses. *** En la misma sesión extraordionaria el Congreso designó a Humberto Oliverio Hernández Reducindo como representante del Poder Judicial del Estado en el Consejo de la Judicatura. El nuevo consejero estaba al frente de la Dirección de Servicios Jurídicos de la Legislatura y ahora suple al panista Mauricio Duck Núñez. *** El Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, asegura que ya tiene ubicadas a tres personas que en redes sociales han estado invitando a la población a realizar saqueos en tiendas y centros comerciales, aprovechando la contingencia sanitaria. El funcionario detalló que uno de los provocadores radica en el puerto de Veracruz, otro en Xalapa y uno más en Coatzacoalcos. *** Estos provocadores serán señalados del delito de “apología de un delito” y la sentencia puede ir de los tres a los 14 años de prisión. *** Se extrañan los tiempos en los que “Super Miyuli” llegaba a las plazas comerciales de la familia Chedraui, en helicópteros alquilados, para frenar los saqueos, utilizando como “arma persuasiva” un block de vales por varios millones de pesos. ¡¿Cuál miseria?!