El clamor en la zona conurbada Medellín, Veracruz y Boca del Río, es generalizado: fuera el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A. de C.V. o “Grupo MAS”.

Sus aguas hieden a corrupción, a Javier Duarte, a Odebrecht; nadie olvida a los alcaldes que firmaron el acuerdo que dio pie a que este consorcio explotara por treinta años las aguas de los veracruzanos.

Intentaron hacer lo mismo en Jalcomulco y el pueblo se opuso; buscaron lo propio en la Comisión Municipal de Agua de Xalapa y el entonces alcalde, Américo Zúñiga, así como el cuerpo técnico de CMAS se negaron, a pesar de que eso le costara distanciamiento político.

El plan de Javier Duarte para Xalapa parecía perfecto. Quizá por eso donó el antiguo inmueble del DIF Veracruz, ubicado en la avenida Miguel Alemán, el cual el gobierno local convirtió en el Centro Administrativo Municipal, pero cuando vino la sugerencia de sumarse a Odebrecht, el munícipe cerró la puerta y tomó distancia del tsunami de corrupción que se venía encima.

Hoy, en el caso de Medellín, Veracruz y Boca del Río, el expediente ante la Procuraduría Federal del Consumidor sigue creciendo, con más de diez mil quejas. La lluvia de amparos ya supera los 16.

Así lo consigna RindeCuentas.Org en el trabajo que PODER realizó con Ingeniería Sin Fronteras Cataluña y la Unión Europea: “Una sociedad sin constituir, un abogado acusado de corrupción por el caso Lava Jato, y dos alcaldes, firmaron un acuerdo con el que se constituyó Grupo MAS, la compañía que arrebató las aguas municipales de Medellín, Veracruz y Boca del Río. Dos meses después, la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado reveló el modo en el que operaron para lograr un negocio de treinta años”.

El Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A. de C.V. o “Grupo MAS” es un consorcio conformado por las empresas Grupo Ambiental ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V., el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz (SAS) y los municipios de Veracruz y Medellín.

Por su parte, el Grupo Ambiental ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V es otro consorcio conformado por las firmas Odebrecht Ambiental, S.A. e InterAgbar de México, S.A. de C.V.

Según se redacta en la Gaceta Legislativa número 97 del Estado de Veracruz, las empresas InterAgbar de México y Odebrecht Ambiental ganaron la Licitación Pública Internacional (LPI) número LPI-SAS-DAF-001/15 el día 09 de junio de 2015. Y para efecto de hacer uso de esa licitación, constituyeron, un día después (10 de junio), el consorcio ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V.3.

El problema es que las fechas de la Gaceta Legislativa y el Contrato de Sociedad con el que se constituye la empresa ganadora de la licitación, no coinciden.

El acta notarial que consta de la constitución del consorcio Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S.A.P.I. de C.V. (Grupo MAS) fue firmado el 01 de junio de 2015.

Lo anómalo en dicho documento es que una de las empresas firmantes, Grupo Ambiental ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V., no existió sino hasta el 10 de junio de ese mismo año, según su acta constitutiva.

Es decir, sin haber constituido la empresa, el representante de Grupo Ambiental ProVeracruz, Javier Ramón Chuman Rojas (perseguido por la justicia brasileña en 2017), firmaba documentos legales a nombre de la misma, y los alcaldes de los municipios que entregaron su agua firmaron de conformidad.

Lo interesante de este trabajo, publicado también por Proceso, es que revela que durante los años siguientes a la firma, el mismo Congreso del Estado siguió avalando los actos de corrupción que ahí se cometieron.

En dos años, indica la pieza periodística, la tarifa de agua se ha incrementado en un 26 por ciento.

En su momento, el PAN, a través de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, denunció la estela de corrupción de esta concesión, pero nada se pudo hacer. Los legisladores se deslindaron y avalaron la misma.

En julio del 2019, la legisladora presentó un Punto de Acuerdo para pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que realizara una investigación. Los legisladores rechazaron la solicitud, señalando que “Grupo MAS no posee bienes públicos”.

El alcalde Fernando Yunes ha intentado quitar la concesión, pero tampoco ha podido. Legalmente, el consorcio quedó bien amarrado y difícilmente se podrá hacer justicia en este caso.