Prefacio.
Fue el lema de campaña de Andrés Manuel López Obrador y lo ha repetido hasta el cansancio: Poner fin a la corrupción. *** El 18 de noviembre del año pasado, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador sacó un pañuelo blanco de su saco y al tiempo que lo ondeaba, afirmó que ya no hay influyentismo y que no se permite ninguna trampa. *** “Lo puedo decir ya, se acabó la corrupción, el bandidaje oficial, ya no van a seguir robando (…) Desde luego que no se acepta el influyentismo ni la corrupción, ya se acabó el moche”. *** Palabras que, sin duda, deben haber alentado a muchos mexicanos. Sin embargo, la realidad suele ser la principal “aguafiestas” y eso lo están viviendo en carne propia los habitantes de la región de Misantla. *** Acaba de llegar a esa región un sobreviviente del duartismo y de la nefasta corrupción del bienio yunista: Julio César Guevara Naranjo fue asignado a esa zona como Jefe de Servicios Operativos de Transporte Público, y de inmediato se dio a la tarea que lo ha caracterizado en la última década: el asalto descarado contra conductores y transportistas. *** La trayectoria de Guevara Naranjo está plagada de denuncias por corrupción. Se pudiera entender que en alguna de las regiones en las que ha laborado lo hubieran “grillado” porque afectaba intereses, pero de manera invariable, en todas las delegaciones que ha pisado se quejan por su voracidad. *** En agosto de 2015, por ejemplo, fue removido de la delegación de Acayucan, a partir de la denuncia de transportistas agraviados. No se le despidió, sino que se le reubicó en Cosamaloapan, donde sólo duró hasta el mes de noviembre porque se conocieron nuevos señalamientos en su contra. Operó en Poza Rica y en Los Tuxtlas y las quejas continuaron. *** Debe tener razón cuando habla de que una buena parte de lo que “muerde” va a dar a sus jefes (incluidos los que llegaron con Morena) pues a pesar de las evidencias que existen por corrupción, sigue portando placa de Tránsito y asaltando a todo el que se cruza por su camino. *** ¿Estará enterado de esto el más honesto gobernador?
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Han pasado ya cuatro semanas desde que la señora Luiz María Landeros Becerra (más conocida por sus vecinos como “Doña Luchita”), de 88 años de edad, fue desalojada mediante el uso de la fuerza pública, de la vivienda que habitó durante 75 años.
La respuesta unánime y activa de la sociedad veracruzana permitió que Doña Luchita encontrara una ubicación temporal (con un familiar suyo), que se le dotara de los implementos necesarios para superar este trance, además de brindarle servicios médicos y respaldo jurídico.
El doctor Tomás Mundo Arriasa, asesor de la diputada Adriana Martínez Sánchez, encabeza un grupo de abogados que revisan el caso de Doña Luchita y hacen lo necesario para que ella obtenga la justicia que le fue negada.
El jurista dio a conocer que el 11 de febrero, el mismo día en que se materializó el desalojo, se presentó una demanda de amparo, en contra de ese acto.
El Juzgador Federal negó la suspensión provisional del acto reclamado, bajo el supuesto de que no se habían aportado medios de convicción que lo acreditaran. En virtud de lo anterior, se aportaron impresiones de los autos que integran el expediente 483/2016 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, y se difirió la audiencia incidental para el próximo tres de abril.
Dado que dentro del informe rendido por la autoridad responsable se advierte que el propio perito refirió que Doña Luchita tenía en posesión una superficie mayor a la ordenada en la sentencia, se procedió a realizar ampliación de la demanda de amparo.
El pasado martes 10 de marzo se acordó favorable la ampliación en la que se admitió la prueba pericial en topografía e identidad. Además, se giró oficio a Servicios Periciales para que proporcione un perito que determine los puntos solicitados en el escrito de ampliación.
El jurista recordó que en el año 2015, cuando se presentó la demanda de desalojo de Doña Luchita, sus familiares reclamaron la entrega de “32.82 centímetros cuadrados de la propiedad”, y en esos mismos términos en el año 2018, el juez Alejandro Rodríguez Mejía condenó a Doña Luchita a entregar tal espacio de la casa, lo que representa una minúscula fracción de la vivienda, ubicada en el número 70 de la calle Carlos Miguel Palacios, en el centro de Xalapa.
A propósito del juez Alejandro Rodríguez Mejía, que ordenó el desalojo de Doña Luchita, el 18 de febrero se presentó una denuncia en su contra, en virtud de que dicho juzgador no podía desempeñar tal función por no cubrir los requisitos que establece la Constitución local.
A raíz de este señalamiento, trascendió que a partir del mes de marzo esa persona ya no se desempeña como juez, pues le fue solicitada la renuncia por parte de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta.
El mismo 18 de febrero se presentó denuncia por escrito ante la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado en contra de Héctor Oswaldo Sánchez Viveros y Héctor Manuel Pérez Reyes en su carácter de secretario y juez del juzgado segundo de primera instancia del distrito de Xalapa, por prevaricato, esto es, exceso o defecto en el cumplimiento de las sentencias.
Este miércoles Doña Luchita fue entrevistada por elementos de la Policía Ministerial quienes le pidieron que el 20 de marzo, a las 11 horas, acuda acompañada de un asesor jurídico para ratificar y, en su caso, ampliar esa denuncia.
Doña Luchita no está sola y su caso no está concluido.
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Epílogo.
El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud a nivel federal, José Luis Alomía Zegarra, anunció que en este país ya hay 11 casos de coronavirus confirmados. “El día de hoy se suman cuatro nuevos casos confirmados, con los que tenemos 11 casos. Así también tenemos 264 casos ya descartados, que en su momento fueron sospechosos”, informó. *** Respecto a los cuatro nuevos casos confirmados, explicó que el primero fue en el estado de Querétaro, en un hombre de 43 años. que viajó a España y se han identificado dos contactos, los cuales están asintomáticos. *** Otro caso se confirmó en una persona de la Ciudad de México, en un hospital institucional, un hombre de 41 años de edad, quien también viajó a España, con una presentación clínica leve, por lo que se encuentra en aislamiento domiciliario. *** Uno más es el de una mujer de 30 años de edad, que también viajó a España, con sintomatología leve y aislamiento domiciliario. *** El cuatro caso es el de una residente del Estado de México, mujer de 64 años, que viajó a Estados Unidos y presenta sintomatología leve. *** Como se anticipó en este mismo espacio, una de las vías para imponer a un alcalde sustituto en Actopan era “convencer” al suplente, José Alfredo López Carreto, de que declinara lo que en derecho le correspondía. Así sucedió, pues el suplente argumentó “motivos personales” para no aceptar el cargo. En los próximos días el Congreso y el Cabildo de Actopan deberán definir el rumbo que tome ese municipio. *** “¿Qué es Héctor qué? ¿Del PAN? No, no puede pasar”. Con la reja en la nariz le dieron al Secretario General del Comité Nacional del PAN, Héctor Larios, cuando intentó ingresar al penal de Pacho Viejo para visitar a la ex síndica de Actopan, Lucero Palmeros. *** Héctor Larios dijo que además de los abusos cometidos contra la exfuncionaria municipal “este día nos negaron el permiso para visitarla, a pesar de que es un derecho humanos visitar a las personas que se encuentran privadas de su libertad”. *** Luego de hacer su berrinche ante los medios de comunicación, el enviado del PAN nacional se retiró a seguir “operando” con la dirigencia estatal de ese partido.