Hasta el pasado fin de semana, los operadores políticos y legislativos de Palacio de Gobierno, así como el Fiscal Anticorrupción, José Alfredo Corona Lizárraga, estaban sudando la gota gorda para asegurar los 34 votos que como mínimo se requieren para aprobar el desafuero del diputado local independiente Eric Iván Aguilar López, y la revocación de mandato del alcalde panista de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, y de la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas.

Según trascendió, el grupo gobernante interesado en inhabilitar al legislador misanteco y a los ediles actopeños del PAN presumiblemente sólo contarían hasta el momento con el voto a favor de 30 de los 50 diputados, por lo que estarían ejerciendo gran presión para amarrar el apoyo de al menos cuatro legisladores que les faltan para alcanzar la llamada Mayoría Calificada.

Ante esta adversa situación, es posible que los casos del diputado de Misantla y del alcalde y síndica de Actopan no se voten en la sesión del próximo martes 3, como lo planeaban.

Hasta donde se sabe, es tal la coacción que el diputado panista Enrique Cambranis Torres, vocal de la Comisión Instructora de la LXV Legislatura del estado, exhortó la semana anterior a sus camaradas a votar el proceso de desafuero del diputado Erik Aguilar y de los ediles actopeños sin consigna ni por «venganza política».

«Espero que las y los compañeros diputados voten después de tener la suficiente información que permita decidir sin consigna alguna y venganza política. Si hoy votamos con una de esas consignas, al rato será otro, y eso no lo podemos tolerar», alertó el ex dirigente estatal del PAN y ex presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del estado (2004-2007).

En el caso del diputado Aguilar López, quien en noviembre de 2018 llegó al Congreso local como candidato del PT en la coalición lopezobradorista, Cambranis dijo que «dado el hecho de que haya prestado ayuda a una familia que se lo solicitó (para agilizar la entrega por parte de las autoridades ministeriales del cadáver de una víctima de atropellamiento), no es delito ni motivo de peso para ser desaforado, sino más bien se actúa como una venganza política en su contra por salirse de la fracción de MORENA.»

El legislador del PAN puntualizó que cualquier ilícito se debe perseguir sin distinción de cargo a través de un proceso claro y apegado a toda legalidad, que no obedezca a venganzas políticas o como medio de coacción para quienes piensen diferente del grupo en el poder, pues advirtió que estos juicios sentarán un precedente para el análisis de casos similares en ayuntamientos y otros funcionarios.

“Como legisladores debemos guardar el estado de derecho y es nuestra obligación aplicar estas medidas con imparcialidad”, remarcó.

Y es que en el caso de la síndica de Actopan está por cometerse también el primer «feminicidio político» en Veracruz, pues esta madre soltera de dos menores de edad podría ser desaforada y encarcelada sólo por denunciar penalmente a dos ex tesoreros, al revertirle absurdamente la Fiscalía Anticorrupción las pruebas documentales que ella misma presentó sobre los presuntos desvíos de más de 31 millones del erario municipal.

Habrá que ver qué diputadas «feministas» acceden a sumarse a este linchamiento y si todavía tienen el descaro de adherirse a la silenciosa manifestación del lunes siguiente –«el nueve nadie se mueve»– convocada precisamente para frenar todo tipo de violencia contra las mujeres.