El pasado 12 de febrero el ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció la propuesta de reforma constitucional y legal al Poder Judicial de la Federación, misma que se enviará al Poder Legislativo como iniciativa del Ejecutivo, toda vez que el Judicial no cuenta con tal facultad constitucional.
De acuerdo con lo señalado por el ministro presidente, se trata de una propuesta de fondo, no de forma, que busca consolidar un poder judicial fuerte, independiente y cercano a la gente, a través de una reforma legal, amplia y profunda, que, al ser emanada del propio poder judicial, garantiza la impartición de justicia de calidad.
La propuesta es muy ambiciosa, puesto que implica reformas constitucionales a siete artículos: 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107, así como la expedición de dos nuevas leyes federales: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, además busca reformar cinco ordenamientos legales, entre ellos la Ley de Amparo y la Ley Federal de Defensoría Pública.
El propósito del anteproyecto de reforma es fortalecer la impartición de justicia, a través de acciones orientadas a consolidar el proceso de cambio y renovación del Poder Judicial; la primera de ellas enfocada en robustecer el sistema de carrera judicial, favoreciendo condiciones de igualdad de oportunidades y mérito, a través de la implementación de concursos de oposición para todas las categorías de la carrera judicial.
Con el objetivo de fortalecer el debate y el proceso deliberativo, así como de garantizar mayor certeza en las resoluciones, se contempla sustituir a los Tribunales Unitarios de Circuito por Tribunales de Apelación, integrados por tres magistrados, además de reemplazar los Plenos de Circuito por Plenos Regionales, a fin de ampliar el ámbito de competencia por cuestión territorial.
En sustitución del Instituto de la Judicatura Federal se plantea la creación de una Escuela Federal de Formación Judicial, con rango constitucional; entre cuyas funciones se encontrará realizar concursos de oposición para defensores públicos y asesores jurídicos, además de celebrar convenios con los Poderes Judiciales Locales, lo cual sin duda fortalecerá la impartición de justicia en las entidades federativas.
Un aspecto que beneficiará directamente a los justiciables es el fortalecimiento al Instituto Federal de la Defensoría Pública, ya que brindará capacitación de calidad a los defensores públicos para que las personas que así lo requieran cuenten con defensores altamente competentes.
Con el propósito de constituir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, se plantea trasladar a los jueces de distrito la facultad para conocer del incidente de cumplimiento sustituto, no obstante, el más alto tribunal tendrá la atribución de atraer cualquier recurso de los que refiere la Ley de Amparo, cuando su interés y trascendencia lo ameriten.
Otro elemento destacable es la implementación de un sistema de precedentes obligatorios, a través del cual las razones que justifiquen todas sus sentencias, con una votación calificada, formen jurisprudencia y sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales del país, además se cambiará el concepto de contradicción de tesis por contradicción de criterios y será eliminada la jurisprudencia por sustitución.
Un punto medular de la propuesta es el referente a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, toda vez que la carrera judicial se regirá por el principio de paridad de género, por lo que las mujeres tendrán derecho a ocupar más y mejores cargos, asimismo se asume el compromiso de hacer frente a la corrupción a través de la implementación de mecanismos de prevención que acaben con el nepotismo y el corporativismo judicial.
Sin duda, la propuesta además de ambiciosa, es oportuna, toda vez que resultaba urgente hacer frente a los problemas reales que enfrenta la impartición de justicia en nuestro país, ahora corresponde al congreso de la unión así como a las legislaturas de las entidades federativas la aprobación de las reformas constitucionales para fortalecer al Poder Judicial de la Federación, en beneficio de la sociedad.
Dra. Denisse de los Angeles Uribe Obregón
Magistrada del H.Tribunal Superior de Justicia