Ciudad de México. – Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Chilapa marcharon y presentaron a 19 menores de entre 6 y 15 años de edad armados, en su mayoría huérfanos por la violencia, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la detención del líder del grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, hermano del diputado local perredista Bernardo Ortega.

Ello debido que la CRAC-PF desde el año pasado ha venido responsabilizando a esta banda criminal de lo ataques armados y ejecuciones de indígenas en la zona serrana de Chilapa, que suman a la fecha 28 crímenes, entre ellos la decena de músicos asesinados el pasado viernes 17 en la misma región.

Según información de El Sur, 17 de los menores son originarios de la comunidad de Ayahualtempa, en José Joaquín de Herrera, y dos de Xochitempa, en Chilapa.

Los inconformes también demandaron la presencia de López Obrador como condición para desbloquear la carretera Hueycantenango-Chilapa que permanece bloqueada desde hace cinco días.

Además, los líderes de la guardia comunitaria afirmaron que el gobierno de Héctor Astudillo, así como autoridades municipales y castrenses brindan supuesta protección al grupo de Los Ardillos, afincados en el poblado de Tlanicuilulco y expandidos en al menos seis municipios donde el representante distrital es el diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez.

Esta es la segunda ocasión que los miembros de la CRAC-PF presentan niños armados como milicianos para enviar un mensaje contra sus adversarios y el gobierno.

En mayo de 2019, dirigentes de la guardia comunitaria del poblado indígena de Rincón de Chautla difundieron un video en el que aparecía un grupo de niños realizando ejercicios militares y portando “armas” de palo para enviar un mensaje contra los grupos delictivos de Los Rojos y Los Ardillos.

En ese entonces, los niños milicianos se asumieron como sobrevivientes de una masacre ocurrida el 27 de enero del mismo año, cuando se reportaron al menos 12 muertos y cuatro heridos durante una irrupción armada del grupo de Los Ardillos a los poblados de Zoyapexco y Rincón de Chautla.

“Por cada comunitario que maten, vamos a matar 10 sicarios”, advirtieron los niños con armas de palo para llamar la atención de los tres niveles de gobierno.

Después, fueron ejecutados en Chilapa dos promotores del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastian.

No obstante, el grito de auxilio no fue escuchado por el gobierno de López Obrador y el mandatario priista Héctor Astudillo Flores emitió un comunicado para condenar la acción de la CRAC-PF.

Ello debido a que el gobierno estatal advirtió que la participación de niñas, niños y adolescentes en los grupos de la Policía Comunitaria “no debe ser alentada bajo ninguna circunstancia” y se comprometió a garantizar los derechos de los menores en esta zona indígena nahua, donde se padecen elevados niveles de marginación y pobreza ante la ausencia de servicios educativos, médicos y desarrollo.

Casi un año después, la CRAC-PF retomó la estrategia de presentar niños milicianos, pero ahora portando fusiles reales para insistir en su exigencia de detener a los líderes del grupo de Los Ardillos y garantizar la seguridad en Chilapa.

Cerca del medio día, los miembros de la comunitaria marcharon sobre la vía que está bloqueada donde participaron 19 menores entre 6 y 15 años, portando rifles de bajo calibre para exigir justicia.

Algunos niños, afirmaron, son huérfanos de la violencia que ha dejado la confrontación entre miembros de la CRAC-PF y Los Ardillos.

Luego dieron lectura a un comunicado donde exigieron la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y la detención de los líderes de ese grupo delictivo.

En su mensaje, recordaron que desde agosto pasado entregaron un pliego petitorio al gobierno federal, donde demandan específicamente la creación de un nuevo municipio con poblados de los municipios de Chilapa y Hueycantenango, así como recursos para operar la guardia comunitaria.

Los civiles armados anunciaron que van a permanecer en la vía de comunicación hasta obtener una respuesta del presidente Obrador.

Proceso

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