En mayo del año pasado, cuando la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto, emitió la recomendación número 25/2019 hacia la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de tortura en contra de Gilberto Aguirre –ex director de Servicios Periciales de la FGE internado entonces en el reclusorio de Pacho Viejo, sujeto a proceso por el delito de desaparición forzada de personas–, los correligionarios y defensores oficiosos del fiscal Jorge Winckler arremetieron en contra de la titular de la CEDH, a la cual pretendieron descalificar divulgando que su hijo Luis Augusto Urbina Matzumoto había sido contratado apenas tres meses antes en la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, quien junto con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, mantenía una fuerte embestida penal y mediática en contra del abogado yunista para forzar su salida del órgano constitucionalmente autónomo encargado de procurar justicia.

Ahora, ante los trágicos hechos ocurridos la madrugada del pasado jueves 9 de enero en la comunidad Tepetzintla, municipio de Atzalan –donde un fallido operativo policiaco decantó en el asesinato de un adulto mayor y su nieta de 11 años de edad–, han vuelto a arreciar las críticas hacia la presidenta de la CEDH porque supuestamente ha guardado silencio frente a este lamentable suceso debido a un aparente conflicto de intereses por estar implicada la SSP donde labora su vástago.

Sin embargo, dichos señalamientos carecen de sustento, pues en cuanto se enteró de estos hechos, Namiko Matzumoto abrió un expediente de queja, en el cual se presume arbitrariedad por parte de las fuerzas de Seguridad Pública del estado.

En un comunicado que difundió el pasado fin de semana, la CEDH señaló que ante la denuncia pública y los testimonios acudieron al lugar de los hechos para comenzar con la indagatoria correspondiente y con ello emitir la resolución pertinente, además de saber si hubo responsabilidades institucionales.

Dicho expediente está foliado con la serie DOQ/0033/2020, con la que busca investigar la actuación de los elementos policiacos que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública.

Y es que, según la versión de algunos testigos de los hechos, la policía llegó a las 2:30 horas de la madrugada del pasado jueves irrumpiendo de forma violenta los hogares.

Indican que el adulto mayor, Berllarmino Cardeña Cortés, ex agente municipal de Tepetzintla, advirtió que no entraran a su casa, ya que al no saber qué sucedía, decidió disparar desde el interior de su domicilio con la finalidad de proteger a su esposa y nietas, lo que terminó costándole la vida tanto él como a la menor María Magdalena.

Los que sí han guardado silencio hasta el momento han sido las autoridades de la SSP y de la Fiscalía General del Estado, mientras que el gobernador Cuitláhuac García, entrevistado al respecto, negó que se haya tratado de un «operativo fallido», no obstante la muerte de estas dos personas inocentes y que cuatro policías estatales hayan resultado heridos, uno de ellos de gravedad.

¿Morenista al OPLE?

En sesión extraordinaria, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE), que preside el diputado federal de MORENA Sergio Gutiérrez Luna, propuso a María de Lourdes Fernández Martínez como nueva consejera del OPLE Veracruz.

La comisión presidida por el legislador morenista consideró que Fernández Martínez cumple con el perfil adecuado y que es idónea para ocupar el cargo de consejera electoral que dejó vacante Eva Barrientos Zepeda, actual magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal con sede en Xalapa.

Ahora sólo falta que el Consejo General del INE apruebe esta propuesta, la cual deberá ser votada antes del próximo jueves 23 de enero.

Por cierto, Fernández Martínez, por mera coincidencia, venía desempeñándose como titular  de la Unidad de Transparencia del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) que desde el inicio de la presente administración estatal de MORENA dirige la socióloga Daniela Griego Ceballos, ex diputada local y federal que también fue Consejera Electoral en el Consejo Local del INE en los últimos cinco procesos electorales federales, motivo por el cual en 2018 le fue retirada la constancia de mayoría como diputada federal electa por el octavo distrito electoral con sede en Xalapa, tras la impugnación que presentó el PRD al considerar que era inelegible, pues de acuerdo con la ley no podía ser postulada a un puesto de elección popular antes de cumplir tres años mínimo de haberse separado del cargo electoral.