El caso de Pedro Benítez Domínguez, a quien en la audiencia del jueves pasado la juez Ludivina García Rosas determinó suspender de su cargo de tesorero del ayuntamiento de Tuxpan como parte de las medidas cautelares del proceso penal que enfrenta derivado de la denuncia que hace más de un año presentó la síndica única de Actopan, Lucero Jazmín Palmeros Barradas, por un presunto quebranto a las finanzas municipales de ese otro ayuntamiento panista por casi 8 millones de pesos cuando el acusado estuvo a cargo de la Tesorería del 1 de enero al 05 de octubre de 2018, parece ser la punta de la madeja de una intrincada red en la que estarían involucrados otros funcionarios del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y hasta de la Fiscalía General del Estado (FGE) que presuntamente habrían venido procurándole también una aparente impunidad a otros tesoreros municipales.

¿O acaso habrá sido mera coincidencia que hasta ahora se le haya dado curso a la Carpeta de Investigación número FESP/861/2018/VII, luego de los cambios de titulares que casualmente se dieron entre septiembre y diciembre del año anterior en la Fiscalía Anticorrupción, en el ORFIS y en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado?

El caso de Benítez Domínguez es muy representativo de la impunidad que no sólo se arraigó en Veracruz durante las administraciones priistas de los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, sino que se prolongó también en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN.

Y es que pese a sus malos antecedentes como tesorero de los ayuntamientos de Emiliano Zapata (2008-2010), Naolinco y Actopan (2018), a don Pedro le encargaron a principios de 2019 las finanzas municipales de Tuxpan, cuyo ayuntamiento es presidido por Juan Antonio Aguilar Mancha, primo del ex dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón, quien en la administración de Yunes Linares fue favorecido no sólo con obras y contratos millonarios para empresas a nombre de su esposa y madre, sino también con cargos administrativos y de elección popular para su cónyuge y otros parientes como el alcalde tuxpeño.

Casualmente con Mancha Alarcón vinculan a Javier Enrique Benítez Domínguez, hermano del tesorero suspendido de Tuxpan, quien despacha como director de Seguimiento de Auditoría Municipal del ORFIS. A esta camarilla del exdirigente panista pertenecería también Carlos Alberto Delgado, de quien se sospecha que como director de Procesos de la Fiscalía Anticorrupción habría retenido temporalmente las denuncias en contra del tesorero porteño.

Y a esta misma red estaría ligado el tesorero municipal de Úrsulo Galván, Oscar Viveros, quien en la LXIV Legislatura anterior, bajo control del PAN, se desempeñó como secretario de Fiscalización del Congreso local, encargado tambien de auditar las finanzas de los 212 ayuntamientos del estado.

Pero ahora, en su defensa, a través de seudoperiodistas a sueldo –entre ellos un amigo del extinto narcoempresario tuxpeño Pancho Colorado Cessa, ligado a Los Zetas, y quien desde el sexenio del ex presidente José López Portillo (1976-1982) es protegido por su influyente compadre Joaquín López Dóriga, ex conductor de noticieros de Televisa, el cual lo habría recomendado con el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán para ocupar en los últimos dos años de su régimen la Secretaría de Turismo–, Pedro Benítez pretende hacer creer que todo se trata de una perversa persecución política-judicial para perjudicar a su hermano Javier Enrique, quien representaría un contrapeso en el ORFIS para la auditora general Delia González Cobos, impuesta por el gobierno estatal de MORENA.

¿Será? Ya veremos. Y es que, en su torpe defensa, los apologistas pagados por el cuestionado tesorero de Tuxpan argumentan que «en la audiencia, a la Juez Ludivina García Rosas le quedó en claro que el caso no es nada sólido y prueba de ello es que le fijó al imputado una fianza de solo 40 mil pesos, a pesar de que los representantes legales de Actopan hablan de un quebranto de más de 8 millones de pesos.»

Pero recurrieron a un parámetro equivocado para descalificar el proceso penal contra Benítez Domínguez, pues deberían comparar y recordar, por ejemplo, que a finales de septiembre de 2018 el juez federal Marco Antonio Tapia Fuerte sentenció al ex gobernador Javier Duarte a 9 años de prisión y le fijó igualmente una irrisoria multa de 58 mil 890 pesos –o sea,18 mil 890 pesos más de lo que la juez de Pacho Viejo le impuso al tesorero tuxpeño– por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, ambos en calidad de autor material, por un monto estimado de ¡mil 650 millones de pesos!

Además de que la Fiscalía General de la República había presentado 47 datos de prueba en contra del ex mandatario veracruzano, por lo que el juzgador federal tuvo que decretar también el decomiso de 41 inmuebles de Duarte de Ochoa en las entidades de Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Quintana Roo y Estado de México, entre los que se encontraban departamentos de lujos, parcelas, ranchos y terrenos que fueron adquiridos con recursos desviados del gobierno estatal.