El Consejo Estatal sería un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con atribuciones similares al modelo federal.

Se cambiaría el término “integración”, por el de “inclusión”, expuso el legislador Antonio García Reyes.

Con el propósito que la ley local en materia de inclusión de personas con discapacidad sea adecuada en concordancia con las normas de la legislación general y con el actuar del Gobierno Federal, además que corresponda con el paradigma internacional sobre la discapacidad, vista como un movimiento encaminado a visibilizar la problemática que enfrentan las personas con esa condición, el diputado Antonio García Reyes presentó una iniciativa ante el Pleno de la LXV Legislatura.

En su propuesta, planteada durante la quinta sesión ordinaria, el integrante del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) indicó que la nueva conceptualización de la discapacidad obliga a la revisión del marco jurídico local aplicable, de tal manera que la política pública de gobierno a favor de esas personas sea acorde con el modelo social desde el que se debe ver y entender a la discapacidad.

En primer término se plantea modificar el título de la Ley, a efecto de sustituir el concepto de “integración” por el de “inclusión”, de tal modo que se denomine Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por otra parte, se establece el Consejo Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como el órgano responsable de establecer las políticas públicas en materia de inclusión de personas con discapacidad, así como de la coordinación institucional e interinstitucional respectivas y de promover, fomentar y evaluar la participación de los sectores público y privado en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas correspondientes.

Asimismo, se propone la conversión del Consejo Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con atribuciones semejantes en lo conducente a las del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y con una Junta de Gobierno igual. Además se plantea la creación de una Asamblea Consultiva que funja como una instancia ciudadana de asesoría y consulta del Consejo.

En su intervención, el legislador precisó estar convencido que la implementación de políticas públicas, en materia de atención a las necesidades de las personas con discapacidad, debe estar a cargo de un organismo especializado, de existencia permanente y dotado tanto de atribuciones legales como de recursos para el efectivo cumplimiento de su labor de promoción de la inclusión social de dichas personas.

“Mismas que representan un importante porcentaje de la población veracruzana y que cotidianamente enfrentan innumerables barreras que impiden el ejercicio de sus derechos fundamentales”, agregó.

En la iniciativa se prevé puntualizar el derecho de las personas con discapacidad a la participación en la vida política y no sólo a la pública, que ya está prevista en la ley, “ya que si bien se puede pensar que ambas participaciones son iguales, en estricto sentido no es así, ya que al referirnos a la de índole política la vinculamos a la inclusión en ese ámbito de las personas con discapacidad, que puede llegar a traducirse en que los partidos políticos impulsen a cargos de elección popular a hombres y mujeres con discapacidad”.

Por otra parte, se pretende darle un papel más preponderante a la Secretaría de Desarrollo Social en la Junta de Gobierno del Consejo, procurando así, conforme a la tendencia internacional, que predomine el modelo social al momento de planear, impulsar e implementar políticas públicas dedicadas a las personas con discapacidad.

En concordancia con lo anterior, a dicha dependencia estaría sectorizado el organismo público descentralizado cuya creación se propone y su titular presidiría la Junta de Gobierno.

Con la adhesión de las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional, así como de los grupos legislativos mixtos Del Lado Correcto de la Historia y Acción Nacional Veracruz, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.