Prefacio.
Desde aquel entonces se había advertido en este mismo espacio (8 de noviembre de 2017): “Renegociar una deuda, como lo hizo el gobierno de Veracruz, no significa deber menos. Se paga menos cada año –dos mil millones, según el gobernador- pero se alarga el plazo. Pagar dos mil millones de pesos menos por año no significa ‘ahorrar’, sino ‘posponer’ (…) ¿La buena noticia? Que el gobernador prometió abatir el déficit que arrastra el gobierno estatal, antes de que concluya el próximo año. ¿La mala? Que antes había prometido devolver la paz a Veracruz en seis meses”. *** Y es que, de la nueva revisión a la renegociación de los pasivos del Estado, realizada en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) se encontró con un hueco de 931 millones de pesos, sobre los que “no existe evidencia documental” que muestre su destino. *** De los créditos contratados para sustituir la “deuda vieja” que dejó Javier Duarte, hay un caso muy singular: El contratado con el Banco Interacciones por 745 millones de pesos, de los que sólo se utilizaron 218 millones de pesos, y el resto (527 millones) “no forma parte de los recursos recibidos”. *** ¿Dónde quedaron?
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La Secretaría de Desarrollo Social es, sin lugar a dudas, uno de los eslabones más débiles en la administración de Cuitláhuac García. Lo único que sabe con certeza su titular, Guillermo Fernández Sánchez, es que es ahí donde se tiene que montar el andamiaje electoral que garantice la permanencia en el poder de Morena.
No entiende de leyes ni muestra la menor intención de respetarlas, y frente a señalamientos concretos asume la postura del cínico marido infiel: Lo niega todo, a pesar de las evidencias.
Este lunes Guillermo Fernández compareció ante los diputados locales para hacer la glosa del primer informe de gobierno y ahí hizo gala de su… ¿candor? (algunos le llamarían “cinismo”) al admitir que al momento de licitar obras y servicios con proveedores “en muchos de los casos nos ganó el tiempo”, y por esa razón se tuvieron que realizar adjudicaciones directas, aunque justificó: “pero es lo menor, la mayoría son invitaciones y licitaciones públicas”.
Está claro, pues, que el titular de Sedesol desconoce el marco jurídico que norma la actuación de la dependencia que encabeza. De otra forma no se explica cómo es capaz de admitir, de manera directa, que recurrió a la adjudicación directa de contratos porque “les ganó el tiempo”, argumento que no está considerado en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles.
No son pocas las circunstancias que esa ley determina para salvar la responsablidad de concursar un contrato. Son 14 casos que permiten hacer una excepción y ninguno de ellos considera que a los responsables “les gane el tiempo”.
La misma ley, en su artículo 67, advierte: “”Las contrataciones realizadas fuera de los procedimientos aquí previstos, serán nulas de pleno derecho, y harán incurrir en responsabilidad a quien las autorice o lleve a cabo. También incurrirá en responsabilidad quien autorice o efectúe operaciones parciales con el fin de no celebrar una licitación pública”.
La gestión de la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares fue una de las más señaladas, porque incurría, precisamente, en los mismos vicios que está mostrando en la actualidad: Uso de los programas sociales como herramienta para cooptar voluntades con fines políticos; favorecer a empresas “a modo” y en algunos casos “empresas fantasma”, y financiar un ejército de promotores, a los que ellos llaman “personal eventual para la elaboración de un diagnóstico”.
Justo de eso se le criticaba a Yunes Linares, que gritaba “¡agarren al ladrón!”, mientras se llenaba las bolsas con el dinero de los veracruzanos.
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Epílogo.
El secretario de Educación, Zenyazen Escobar, confirmó que habrá de presentar una nueva denuncia penal, ahora por el desvío de más de mil millones de pesos del Fideicomiso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. *** Al respecto, a través de su cuenta de Twitter, Javier Duarte fijó su postura: “La figura del Fideicomiso Público es la manera más transparente de administrar recursos públicos. El fiduciario es un banco ajeno al Gobierno, es el responsable de los recursos que administra y está obligado por ley a que estos lleguen a donde tienen que llegar”.