La Auditoría Superior de la Federación (ASF), determinó a través de la Contraloría del Estado, ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de funcionarios del gobierno estatal por irregularidades en el uso de recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), 2018.

En la segunda entrega de la cuenta pública 2018, la auditoría informa que la Contraloría General del Estado de Veracruz inició procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), y la Comisión Estatal del Agua de Veracruz (CAEV) , por el mal ejercicio de los recursos.

En 2018, el gobierno del estado ejerció 1 mil 715 millones de pesos de este fondo federal, el mayor parte controlado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas dirigida por el ahora senador, Julen Rementería.

El FEFMPH es alimentado por el impuesto que deben pagar las empresas públicas y privadas que realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con base en la extensión de las áreas contractuales y de asignación en áreas marítimas y terrestres.

Las reglas de operación obligan a los estados a transferir al menos el 20 por ciento de sus recursos a los municipios y señala que los recursos solo se aplican a las áreas con asignaciones o contratos de exploración y explotación.

SIOP y CAEV , la adjudicación directa como regla

La auditoría hizo una revisión de las bases de licitación y los expedientes de las obras realizadas con recursos del Fondo, donde constató que los contratos se adjudicaron de manera directa.

Entre las anomalías se detectaron que las obras carecieron del soporte documental que acreditara el supuesto de excepción para la adjudicación, y de la resolución del dictamen sometido a consideración del comité de infraestructura.

En la propuesta técnica no se integraron las cotizaciones de los insumos más representativos ni la brigada topográfica, como se solicitó en las bases de licitación, lo que incumple la Ley de Obras.

La ASF hizo la revisión de ocho obras de infraestructura carretera y cinco de infraestructura hidráulica, de las cuales no se encontraron finiquitos de obra ni actas de entrega-recepción de las obras concluidas.

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos e integró el expediente número CG/OIC-SIOP/ASF-CP2018-05/2019.

En la verificación de los trabajos realizados con tres contratos de la CAEV, se constató que se encontraron concluidos los trabajo, sin embargo, las obras ejecutadas no se encontraron en operación.

Sefiplan recursos sin control

La ASF detectó que, en febrero, la Sefiplan recibió recursos de la Tesorería de la Federación (TESOFE), en una cuenta bancaria distinta a la establecida para la administración de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el expediente número CG-OIC-SEFIPLAN-INV-033-2019 por esta acción.

La dependencia tampoco envió a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas , los comprobantes de las transferencias de los recursos ministrados a los ejecutores, de febrero a diciembre de 2018 y enero de 2019.

La Contraloría General del Estado de Veracruz, integró el expediente número CG-OIC-SEFIPLAN-INV-033-2019.

Esta dependencia tampoco registró debidamente los rendimientos financieros generados de los recursos del fondo, por lo que no se encontraron identificados, actualizados ni controlados.

Además, los municipios de Actopan, Agua Dulce, Alvarado, Espinal, Minatitlán y Tampico Alto, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no registraron contable y presupuestalmente los ingresos de los recursos del fondo que administraron.

La Contraloría General de Veracruz, el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Minatitlán y de Alvarado, iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.

Sin embargo, persiste la acción por los municipios de Actopan, Agua Dulce, Espinal y Tampico el Alto, todos del Estado de Veracruz.

Con la revisión de los informes trimestrales, destino y resultados de las transferencias del Fondo, aunque se entregaron cuatro informes, la información reportada careció de calidad y congruencia requeridas, respecto de los recursos ejercidos del fondo, ya que los conceptos pagados no coincidieron.

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG-OIC-SEFIPLAN-INV-033-2019, por lo que se da como promovida esta acción.

La auditoría concluye que, en el ejercicio de los recursos, el Gobierno del de Veracruz incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia y registro, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos de las reglas de operación para la distribución y aplicación de los recursos del fondo

“La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”, señaló la auditoría.

AVC/ Flavia Morales