Boca del Río, Ver.- Martín Gerardo Aguilar Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH–S) de la Universidad Veracruzana (UV), planteó que ante la problemática social y económica imperante en nuestro país, los movimientos sociales constoituyen una nueva forma de participación.

En el marco de su ponencia “¿Nuevos horizontes para los movimientos sociales? Reflexiones desde la investigación y la lucha social”, que impartió el viernes 25 de octubre en el 2° Congreso de Estudios de los Movimientos Sociales, reconoció el papel de los actores que forman parte de estas actividades, entre ellos integrantes de redes y colectivos.

“Creo que aún tenemos un problema grave y considero que es idóneo tener movimientos sociales centrales a favor de luchas regionales y sociales.”

Durante la conferencia que tuvo lugar en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), el también Vicepresidente de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales realizó un recuento socio–histórico de las luchas protagonizadas por distintos sectores a nivel nacional.

Desde su punto de vista, el concepto de movimiento social se ha utilizado para referirse a las protestas y movilizaciones que han logrado articular diversos grupos sociales; citó como ejemplo a los movimientos ferrocarrilero y estudiantil de 1958 y 1968, respectivamente.

El fundador de la Facultad de Sociología de la UV, profesor de Sociología Política y del Doctorado en Historia y Estudios Regionales, manifestó que después de la alternancia política en el año 2000, algunos sectores se entusiasmaron al pensar que el proceso de democratización resolvería de forma automática los problemas sociales y económicos del país, pero no fue así.

Por el contrario, durante los 12 años que el Partido Acción Nacional (PAN) gobernó México, el capital intensificó su agencia en la vida pública a través del neoliberalismo, consistente en profundizar la flexibilización laboral y precarización del trabajo, así como la inclinación de la participación del Estado en la regulación económica.

Al cabo de cierto tiempo, la ciudadanía entró en un proceso de desencanto democrático, dijo, por los fraudes electorales y el inicio de protestas.

La movilización de un amplio sector de la ciudadanía en Oaxaca, en contra de la impunidad y de las prácticas antidemocráticas del gobierno de Ulises Ruiz, se intensificó a la par de las luchas magisteriales en ese estado.

Asimismo, las movilizaciones zapatistas no cejaban en su empeño de que se reconociera la autonomía de las comunidades indígenas.

Durante el gobierno de Vicente Fox, continuaron manifestándose en ese sentido y volvieron a poner sobre la mesa nacional la importancia de los procesos autonómicos.

Posteriormente, el gobierno de Felipe Calderón se caracterizó por el inicio de la guerra contra el narcotráfico, el rezago en materia económica y naturalización de la pobreza extrema, lo cual también originó protestas e inconformidad de ciertos grupos.

“La guerra contra el narcotráfico metió al país en un callejón sin salida y produjo uno de los escenarios de inseguridad pública más difíciles que se recuerden.”

Las manifestaciones masivas contra los efectos que causaban la delincuencia organizada y la política contra la inseguridad se constituyeron en una de las principales demandas de la sociedad mexicana.

En tanto, la administración de Enrique Peña Nieto no significó mejoría si se considera que durante ese sexenio se intensificaron fenómenos como la corrupción, el neoliberalismo, la delincuencia organizada y la impunidad.

También se destapó la complicidad del gobierno con grupos criminales a raíz de la desaparición de 43 alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Iguala, Guerrero.

Además, hubo incremento en el hallazgo de fosas clandestinas, feminicidios, desapariciones forzadas y trata de personas, lo cual dio como resultado una falta de credibilidad en el gobierno de Peña Nieto, quien también fue cuestionado por el caso de la llamada Casa Blanca.

“No es de extrañar que las protestas se suscitaran en los sectores magisterial, campesino, colectivos de desaparecidos, estudiantes, médicos y guardias comunitarias.”

Todos ellos, en algún momento sintieron la necesidad de manifestarse; en cambio, los partidos políticos se aliaron para favorecer las reformas estructurales.

Aguilar Sánchez destacó que ese escenario también se trasladó al plano estatal, pues Veracruz atraviesa por una crisis de derechos humanos reflejada en las múltiples desapariciones de personas y en la cantidad de fosas clandestinas descubiertas gracias a los integrantes de los colectivos.

Dijo que históricamente, el sistema político veracruzano se ha caracterizado por su autoritarismo y resulta sintomático que tuvieran que pasar décadas antes de que se viera una alternancia en el gobierno del estado.

Esto se concretó en 2016, con la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares a la gubernatura, así como con el meteórico ascenso del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 2018.

Asimismo, durante el periodo 2010-2017, cuando no se vislumbraban movimientos sociales centrales o articuladores, cuando la crisis social se ligaba a la política y económica, surgieron protestas y resistencias de distintos tipos.

Los ámbitos más interesantes se encontraron en las luchas socioambientales y contra el neoextractivismo, en los movimientos magisteriales, contra la inseguridad, las desapariciones forzadas y los feminicidios.

“Creo que el caso de Veracruz alerta a quienes estudiamos la acción colectiva, el proceso de exclusión social obliga a una teorización diferente que se abra a visiones más amplias.”