Durante el último año del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares el programa “Veracruz Comienza Contigo” fracasó en su objetivo primordial de reducir la pobreza en el estado, no transparentó las inversiones por casi 7 mil millones de pesos para este programa, que ni siquiera contó con un Padrón Único de Beneficiarios (PUB), no estableció programas específicos para la dispersión del recurso y tampoco redujo el gasto como se propuso.

En la auditoría a la cuenta pública 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) determinó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no cumplió con sus metas porque los programas del Catálogo del programa no contaban con reglas de operación particulares ni se identificaron procesos para la inclusión de datos sobre los detalles de los apoyos que se entregarían a los beneficiarios mediante 15 programas específicos.

Los programas estaban destinados a los rubros de asistencia alimentaria, la protección social en salud, el apoyo a estudiantes, el mejoramiento de infraestructura social básica, de vivienda y educativa, la educación para adultos, la capacitación para el trabajo, el apoyo al empleo, la integración ciudadana y la productividad sustentable

No se informó del presupuesto programado

El informe de la Cuenta Pública 2018 establece que la Sedesol no entregó información para conocer el presupuesto aprobado, modificado y devengado del programa porque no se constituyó como parte de la estructura programática-presupuestal estatal.

Pese a ello, el Orfis determinó que dado que el programa se articuló como una operación conjunta de programas presupuestarios y una actividad institucional, se estimó que, de manera conjunta, dichos programas tuvieron presupuesto aprobado de 6 mil 939 millones 313 mil 478.20 pesos. Esta cifra representó el 5.2 por ciento del gasto total ejercido por el Gobierno del Estado.

Pobreza extrema aumentó 1.3 %

En cuanto a los niveles de desempeño del Programa Veracruz Comienza Contigo, el Orfis determinó que no fue satisfactorio en el abatimiento a la pobreza, pues de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), en el periodo comprendido entre 2016 y 2018, la reducción fue del 0.4 por ciento en la población en situación de pobreza en el Estado, al pasar de 62.2 por ciento a 61.8 por ciento.

No obstante, el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó en 1.3 por ciento, la población vulnerable por carencias sociales también sufrió el incremento de 1.2 por ciento y la población vulnerable por ingresos 1.1 por ciento, mientras que la población no pobre y no vulnerable disminuyó en un 2 por ciento.

“Con base en los resultados determinados en la revisión, así como en los hechos posteriores antes señalados, no fue posible confirmar que con la instrumentación del Programa, se haya logrado disminuir los rezagos en pobreza, carencias, marginación que enfrenta la población veracruzana más vulnerable y, en consecuencia, que se hayan mejorado sus condiciones de vida”, detalla la auditoría.

Convenios no tuvieron seguimiento

Con respecto a su funcionamiento, la Sedesol precisó la inexistencia de programas, procesos y procedimientos definidos y ejecutados para vigilar los convenios firmados con 13 dependencias como el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV), el Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda), la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV),la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa),  además de que detectó que fueron ocultados convenios que sostuvo con la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Salud (SS) y los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver).

Pero la auditoría señaló que tampoco hubo seguimiento a las actividades y compromisos adquiridos a través de los convenios, así como la valoración o cálculo de los resultados o beneficios que fueron alcanzados como consecuencia de su celebración y ejecución.

“No fue posible constatar que los mecanismos de coordinación implementados se hayan constituido como el resultado de una efectiva coordinación y complementariedad institucional y que, a su vez, hayan derivado en una eficiente definición u operación de programas, obras, acciones, bienes y/o servicios para la reducción efectiva los índices de pobreza, carencias, marginación y vulnerabilidad”.

“No se validó que la selección de los bienes y/o servicios que se ofrecerían a través de dichos programas haya sido el resultado de un proceso de planeación con el rigor metodológico necesario ni que se haya basado en un análisis sobre su idoneidad e integralidad para resolver o aminorar los problemas de pobreza, carencias, rezago social y marginación de la población más vulnerable”.

Padrón de beneficiarios nunca existió

El Orfis detalló que no fue posible constatar la existencia de un Padrón Único de Beneficiarios del Programa, que contara con las características mandatadas en los elementos normativos y operativos de dicho programa y que no fue posible validar que los recursos públicos invertidos para la correcta integración, mantenimiento y funcionamiento del padrón se hayan ejercido con base en los principios de eficacia, eficiencia y economía.

Esto implicaría el desaprovechamiento de inversiones estimadas por un monto de 158 millones 913 mil 861.87 pesos, ya que no se identificó la contribución o el beneficio de dicha herramienta como instrumento estratégico para potencializar la operación y los resultados de los programas enfocados en el mejoramiento de las condiciones de pobreza, carencias y marginación de la población más vulnerable.

“No existió evidencia suficiente de que se haya gestionado y operado un intercambio efectivo de datos de los potenciales beneficiarios que propiciara una adecuada asignación de los apoyos disponibles, ni de la integración de información a la base de datos, sobre los detalles de los bienes y/o servicios públicos otorgados a las personas que si fueron beneficiadas”.

De igual forma, no existió evidencia de que la Sedesol y la Sefiplan se hayan coordinado de manera efectiva y eficiente para el diseño, operación, supervisión de procedimientos o mecanismos para el procesamiento de los datos, el alojamiento de la información y el apoyo técnico para el perfeccionamiento y mantenimiento de una plataforma tecnológica relacionada con el padrón.

“No fue posible constatar la existencia de una plataforma tecnológica que contuviera integralmente los datos de los beneficiarios, no existió evidencia de procesos de comunicación e intercambio de información y/o recursos tecnológicos entre ambas Dependencias”.

Contraloría debe investigar

Ante ello, el Orfis mandó a la Sedesol promover ante la Contraloría General del Estado de Veracruz responsabilidades administrativas de los servidores o ex servidores públicos que tuvieron a su cargo la contratación de proveedores, ministración de recursos para el pago de contratos, la ejecución, coordinación, integración, seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de acciones para el correcto desarrollo de la plataforma tecnológica del Padrón Único.

El Orfis no encontró la ejecución concreta y sistemática de evaluaciones internas o externas, respecto del impacto en los índices de pobreza, carencias, marginación y vulnerabilidad, dado que los documentos presentados no se centraron en el logro de los objetivos, la medición de resultados e impactos sociales en el corto, mediano y largo plazo, la verificación de transversalidad e impacto en el contexto comunitario y social, la identificación de las sinergias institucionales y factores que pudiesen haber impedido la complementariedad del Catálogo de Programas.

La auditoría señala que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) tampoco ejerció sus atribuciones de vigilancia del cumplimiento del programa al justificarse diciendo que los responsables de las acciones fueron las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Duplicidad de programas

Asimismo, no se encontró una relación directa de los Programas de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, Integración Ciudadana y Productividad Sustentable: 10 cultivos estratégicos + 100 emergentes, con la resolución de problemas planteados en los documentos normativos y de planeación analizados, por lo que no se tienen claros los criterios por los que éstos programas se incorporaron al Catálogo de Programas.

Lo mismo ocurrió con los Programas de Mejoramiento de la Vivienda y de Construcción de Cuartos, que incluyeron la construcción de cuartos dormitorios, y que estaban a cargo de dos dependencias diferentes, situación que podría implicar la duplicidad de esfuerzos y acciones.

Por otra parte, se identificó que la mayoría de los programas que conformaron el Catálogo de Programas del PVCC contaron con reglas de operación particulares vigentes en 2018, mismas que fueron publicados en los medios oficiales pertinentes, estando vigentes durante 2018.

En el caso de los municipios no se presentaron convenios con otros programas distintos a los de mejoramiento de vivienda, a pesar de que se identificó la operación de todos los programas en diversos municipios.

De esta forma, el Orfis determinó aunque el programa Veracruz Comienza Contigo implicó la provisión de bienes y servicios relacionados con la atención de carencias sociales básicas, no se encontró que se hayan mejorado las condiciones de vida que enfrenta la población veracruzana más vulnerable, pues no se logró disminuir los rezagos en pobreza, carencias o marginación que dicho programa se propuso atender.

AVC/Perla Sandoval