El gasto en cobranza del Infonavit pasó de 2,000 millones de pesos en el 2013 a 12,000 millones de pesos en el 2018. Este incremento se dio en medio de procesos llenos de irregularidades, que beneficiaron a alrededor de 200 despachos, muchos de los cuales tenían como único cliente al Infonavit, afirma el director general del instituto, Carlos Martínez Velázquez: “Las anomalías fueron señaladas en una auditoría del 2016, pero no se hizo nada. Siguieron las adjudicaciones directas y ausencia de control en los procesos, se les pagaba por adelantado a los despachos y no había una supervisión adecuada de lo que estaban haciendo. Esto generó un gran negocio, en contra de los intereses del Infonavit y de los trabajadores”, dijo el funcionario.

En este asunto, una de las primeras decisiones que tomó Carlos Martínez Velázquez fue poner a concurso la cobranza. El gasto bajó a 6,000 millones de pesos para el 2019 y en la dirección general confían en que los egresos en este rubro bajen más, porque una parte de esos gastos registrados en el año en curso corresponde a procesos que comenzaron en el 2018: “Con el apoyo de la Comisión Federal de Competencia Económica cambiamos las reglas. Pusimos como filtro que ningún despacho de cobranza podría tener más de 30% de sus ingresos de la cuenta del Infonavit, ni estar señalado por faltas graves en procedimientos del propio Infonavit”.

En la licitación, primera que hace el instituto para el servicio de cobranza, hubo 140 participantes. De ellos sólo 32 pasaron los filtros de transparencia que puso el organismo. “Estamos quitando y golpeando intereses que antes eran políticos, pero de esto se trata, de separar el poder político del poder económico, aquí estás verdaderamente trabajando en tener una relación profesional basada en indicadores y no en la amistad de nadie”.

Trabajadores perjudicados

La falta de supervisión de los procesos de cobranza agravó situaciones que podrían haberse resuelto de un modo menos lesivo, reflexiona el director del Infonavit: “En algunos casos hubo excesos juicios masivos. Eso está documentado en detalle en Coahuila y Nayarit, donde de forma irregular se quitaron las casas que los trabajadores habían adquirido con un crédito del organismo. Son alrededor de 2,000 casos que ya están comprobados, pero estoy seguro de que pueden ser muchos más. Hay que considerar que a escala nacional el instituto se adjudicó alrededor de 200,000 viviendas, muchas de ellas sin pasar por el proceso de las alternativas que contempla el organismo cuando un trabajador no puede pagar su crédito”.

Era una maquinaria muy perversa de cobranza, donde los despachos fueron una parte muy activa, dice Carlos Martínez Velázquez: “Una señal de que el proceso se había distorsionado fue el crecimiento de los juicios masivos. Entre las cosas más graves que detectamos es que en muchos casos no estaban correctamente dictaminadas las casas como abandonadas e incluso algunos trabajadores perdieron sus casas, a pesar de que las habían liquidado a 100 por ciento”.

¿Cómo llegaron a tomar tal relevancia los despachos de cobranza?, le preguntamos al director del Infonavit. Él lo atribuye al modelo expansivo de vivienda que se dio durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Años después de construidas y adjudicadas las viviendas, muchas de ellas fueron abandonadas por falta de servicios y cambios en la situación laboral derivados de la situación económica del país. Para hacer válidas las garantías y recuperar estas unidades, el Infonavit echó mano de los despechos de cobranza. “El proceso de cobranza se salió de control, como dejan claras las auditorías, la del 2016 y una que yo mismo encargué tan pronto como me hice cargo de la dirección general”.

La recuperación de vivienda fue buen negocio para los despachos de cobranza, pero no para el Infonavit. El año pasado subastó 22,000 casas que había recuperado a través de juicios. El Infonavit acabó perdiendo 250 millones de pesos en su estado financiero.

Apuesta por la mediación

En el futuro próximo, el Infonavit mantendrá el esfuerzo de cobranza, pero con un enfoque diferente y habrá una apuesta decidida por la mediación, explica el director. “El Infonavit es una instancia de seguridad social, que debe estar cercana a los trabajadores. Espero que la llegada de los trabajadores que no pueden pagar se reduzca en 50% y exista más soluciones en la parte de mediación”, señaló.

El Economista