Martínez de la Torre, Ver.- Tras varios meses de trámites legales y acuerdos comunitarios, por fin las autoridades ejidales y pobladores la localidad La Piedrilla lograron desalojar a un grupo de personas que -desde hace años- mantenía invadida una parte de la parcela escolar, pero aunque la mayoría de los invasores salieron voluntariamente, ahora ha trascendido que el representante de la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta zona, Benito Carrasquedo Ramírez, estaría azuzando y asesorando a un reducido grupo de personas para que no desalojen y alarguen el conflicto.
Los intereses del funcionario, dicen los pobladores, son más que obvios, ya que estaría recibiendo dinero de parte de dos o tres familias invasoras, que hasta hace unos días estaban de acuerdo en desalojar, pero -tras una reunión con él- decidieron no irse, porque aseguran que ya les indicaron que tienen derechos y que se pueden quedar en el lugar; es decir, el funcionario de la Fiscalía, lejos de buscar una solución a un conflicto, ahora lo está alargando y haciendo más grande.
Ante ello, en los próximos días, los habitantes de la comunidad harían una protesta en la Fiscalía y además buscarán interponer una denuncia contra el funcionario y las personas que ahora se niegan a salir de este predio que será destinado para beneficio de la educación, pues es preciso señalar que la comunidad tiene una Telesecundaria que necesita aulas y un Telebachillerato que no tiene plantel propio y que bien podría quedar en ese lugar.
De las personas invasoras, varias han resultado con antecedentes penales y nunca han participado en las actividades realizadas en beneficio de la comunidad. Algunas autoridades pasadas las dejaron habitar en dicho predio para no tener problemas y hasta les permitieron instalar servicios básicos, como energía eléctrica, pero lo hicieron de manera ilegal. A este tipo de personas, dicen, son a las que está asesorando el fiscal.
Gilberto Viveros