La primera tomadura de pelo a los veracruzanos, acerca de la deuda pública estatal, la hizo el entonces gobernador Javier Duarte en octubre de 2015, cuando acompañado de sus dos pequeños hijos y de funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de Sefiplan, anunció en conferencia de prensa que ¡el 90 por ciento! de la deuda heredada por su administración la pagaría a través de la reestructura con garantía de los Fondos de Aportaciones para las Entidades Federativas (FAFEV) y de Infraestructura Social (FAIS), así como el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Personal (ISRTP).
Esa vez, Duarte presumió que con esta medida se esperaba obtener 5 mil millones vía FAFEV, mil 700 millones del FAIS y 15 mil millones de pesos del ISRTP, casi 22 mil millones de pesos en total que se abonarían de los 25 mil 145 millones de pesos que, por esa fecha, dizque sólo adeudaba su gobierno a la banca.
El mandatario priista destacó que esta disposición no significaba “más deuda para los veracruzanos”, sino que liberaría “participaciones federales que tenemos en estos momentos comprometidas para el pago del servicio de la deuda pública”.
Para ello, mandatario priista envió una iniciativa con proyecto de decreto que le aprobó la LXIII Legislatura local. Según argumentó a los diputados, dicha reestructura permitiría la liberación de 3 mil millones de pesos anuales que se ocuparían para subsidiar a la Universidad Veracruzana y al Instituto de Pensiones del Estado así como para cubrir los pagos pendientes a proveedores, prestadores de servicios y contratistas, lo que lo que fortalecería la economía veracruzana.
También se exponía que esta estrategia financiera permitiría el equilibrio de los ingresos, al tener más recursos a través de las participaciones federales, lo que además fortalecería la economía veracruzana.
Sin embargo, con el cambio de administración, quedó al descubierto su mentira.
Pero ahora, tres años después, parece repetirse la misma historia. Y es que según el Informe Complementario que en Materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera recién entregó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a la LXV Legislatura local, se ha evidenciado otro fraude más al imputársele al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares haber incrementado en 359 millones de pesos el monto de la deuda a largo plazo, además de hacerle observaciones administrativas por 9 mil 164 millones de pesos, entre ellas un presunto daño patrimonial por 931.5 millones de pesos.
El ORFIS reportó que la administración de Yunes aumentó el plazo de pago, al pasar de un ponderado de 250.52 meses de los créditos vigentes a diciembre de 2016, a un ponderado de 272.73 meses de los nuevos financiamientos vigentes a diciembre 2017; lo que representa un total general de 22.7 años.
El gobierno yunista habría violado el Decreto Número 258 que el Congreso local le aprobó para la reestructuración, así como lo dispuesto en el artículo 27, párrafo segundo, del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, ya que además de la liquidación de algunos financiamientos incluyó cláusulas que establecían penalizaciones, generando costos para el Estado por 274 millones de pesos extras, detectándose también pagos duplicados por montos millonarios que derivaron en observaciones de daño patrimonial, entre otras anomalías.
¿Qué cuentas entregará en este rubro el morenista Cuitláhuac García? Habrá que esperar a que rinda su primer informe de gobierno el 15 de noviembre próximo.
Por lo mientras, la agencia financiera Moody’s acaba de mandar una buena señal al subir la calificación de Veracruz de Baa2 a B1, lo que el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, consideró un espaldarazo, “un voto de confianza al manejo que estamos haciendo de los recursos públicos.”
“Lo que nos están diciendo con esta nueva calificación es que la capacidad que tiene el Estado para afrontar sus compromisos de corto y largo plazo es más sólida”, remarcó el titular de la Sefiplan.
“Es lo que ha calificado. Ha medido lo que tiene que ver con los ingresos. Lo que se ha hecho desde el primero de diciembre para contener el gasto corriente y aumentar la inversión pública y al final del día es un espaldarazo, un voto de confianza para esta administración, sobre el manejo financiero que se está haciendo”, afirmó Lima Franco.
Y, según nos dicen, en cuestión de días la administración de García Jiménez recibirá y dará también nuevas y mejores noticias en materia financiera, rubro en el que su régimen, hasta el momento, parece no cantar mal las rancheras.
Mente perversa busca amarrar navajas en el poder judicial
Nos comentan que la carta que circuló el día de ayer en redes sociales, en la que supuestamente jueces comisionados en las ponencias vacantes del Poder Judicial del Estado le piden al gobernador Cuitláhuac García ser considerados como futuros magistrados, es más falsa que un billete de quince pesos.
De hecho, es tan mala la redacción que más de uno se sorprendió por la ingenuidad de quien la hizo, pues denota no sólo su amargura sino su falta de talento hasta para ser perverso.
No cabe duda que el proceso de reelección al interior del Poder Judicial de Veracruz trae a uno que otro comiéndose las uñas.
Héctor Yunes se disculpa
El que sorprendió la mañana de ayer al economista tuxpeño Inocencio Yáñez Vicencio fue el diputado federal del PRI, Héctor Yunes Landa, quien a través de un mensaje de WhatsApp le ofreció una sentida disculpa a su compañero de partido.
El exsenador y excandidato priista a gobernador le escribió al expresidente de la Fundación Colosio Veracruz que “de la misma manera que tengo el carácter para reclamar a quien me agravia, también lo tengo para reconocer cuando mi reclamo es desproporcionado.”
“Creo que en este caso lo fue. Te ofrezco una disculpa por ello. Buen día”, le expresó Yunes Landa en un tono muy tolerante.
Es de reconocerse su reacción. Ojalá siempre se condujera así. Cuando se lo propone, suele ser un político muy solidario y bastante agradable.