Prefacio.
Juan Carlos Molina Palacios, diputado local, militante del PRI pero inscrito como “independiente”, es un político congruente. Si decidió sumar su firma a la acción de inconstitucionalidad que promovió la bancada del PAN, debe ser porque está convencido de que “las formas” para retirar a Jorge Winckler no fueron las correctas. *** Nada tiene que ver que existan carpetas de investigación en su contra y en contra de familiares muy cercanos, las que habría mantenido “en el archivo” el fiscal recientemente removido. *** De ser eso cierto, lo lógico hubiera sido que se pusiera de inmediato a las órdenes de la nueva encargada del despacho, para mantener dicho privilegio. *** Le atribuyen a una gestión suya el nombramiento de Marcela Aguilera Landeta como directora de Investigaciones Ministeriales, sin considerar que se trata de una profesional del derecho, con amplia experiencia en materia de procuración de justicia, que no necesitaría de “la palanca” de su amigo y jefe para acceder a ese cargo. *** Juan Carlos Molina es, además, hombre de una palabra. Cuando sea llamado a cuentas, sabrá sostenerse en su postura… sin importar las consecuencias.
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Jorge Winckler Ortiz libra una batalla que sabe perdida. El tiempo, que en otras contiendas jurídicas fue su aliado, ahora le juega en contra.
El Juez Segundo de Distrito en Veracruz le negó la suspensión definitiva contra la decisión de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados de removerlo temporalmente del cargo de fiscal.
La argumentación del juzgador fue sólida:
“Se considera que el juicio de amparo resulta improcedente, debido a que los actos reclamados por el promovente derivan de las atribuciones conferidas en la Constitución estatal al Poder Legislativo del Estado de Veracruz (…) Si la pretensión del quejoso es reclamar el acuerdo del tres de septiembre de 2019, relativo a la separación temporal del cargo de Fiscal general del Estado de Veracruz, se considera que el juicio de amparo no es el medio idóneo para ello”.
A pesar de ello, y con el fin de encontrar una “voluntad favorable” para su petición, los abogados de Jorge Winckler interpusieron un recurso de queja, que se tuvo por “admitido” y se registró con el número 184/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río.
Lo curioso del caso es que justo a ese Tribunal está adscrito el Magistrado Antonio Soto Martinez, que –se sabe- es compadre del ausente fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, por lo que se podría incurrir en un conflicto de intereses.
Y mientras los abogados de Jorge Winckler corren de juzgado en juzgado, en la Fiscalía General del Estado siguen revisando los archivos de la institución y selecionando el material que puede ser útil para iniciar procesos penales en su contra.
La encargada del despacho, Verónica Hernández, afirma que encontró “mucho desorden e irregularidades”, entre los que destacan salarios exhorbitantes, estímulos irregulares. El ejemplo más burdo fue el del fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres, quien en el mes de recibió un estímulo de 200 mil pesos, que junto con su salario le permitió percibir en ese lapso casi 300 mil pesos.
Destaca también, en la revisión de las nóminas de la Fiscalía, el hallazgo de operadores del PAN yunista que fueron incrustados en diversos segmentos en calidad de “aviadores”.
Sobre Marcos Even Torres, la encargada del despacho de la Fiscalía confirmó que no se ha presentado a laborar y ya fueron levantadas las actas por parte de la unidad administrativa de la FGE y por la Contraloría General del Estado, documentación que será enviada al Congreso del estado para que en esa instancia se resuelva su situación.
Ya en este mismo espacio se anticipó que en la próxima sesión extraordinaria del Congreso local se votará la remoción del fiscal anticorrupción.
Y para quienes suponen –o esperan- que Jorge Winckler pudiera regresar a la Fiscalía, cabe advertir que no sólo existen órdenes de aprehensión en su contra, sino que están por ser votados nuevos dictámenes en la Legislatura de Veracruz, en los que se plantea someterlo a juicio político.
La ocasión anterior no pasaron dictámenes similares, pero hoy las circunstancias son muy distintas.
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Epílogo.
En esta guerra de declaraciones, en estre show mediático entre panistas y morenos, vale la pena revisar con detalle las palabras del dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez. *** Este polémico político, quien ha sido señalado de avanzar bajo la sombra de Miguel Ángel Yunes Linares, se pregunta: ¿Cómo explicarles a los ciudadanos de buena fe que los atributos con que el gobierno del bienio se alzó con la victoria electoral, se convirtieron en perversidad, egocentrismo e intransigencia? ¿En qué momento quien gobernó Veracruz perdió el rumbo, al grado de luchar con todo para preservar el poder y heredarlo, aun a costa de dividir los partidos políticos, permitiendo el arribo de un movimiento encabezado por un solo hombre en todo el país? *** Y para el actual gobierno también tuvo señalamientos concretos: “Qué paradoja de la vida política de nuestro país, que tanto la derecha como la izquierda que le atribuyeron al PRI los excesos del poder, hoy encarcelen a sus adversarios políticos, remuevan e impongan con autoritarismo y falta de legalidad a quienes les son o no son afines, además de destruir las instituciones que le han dado avance, progreso y seguridad a esta nación”.