Prefacio.
En el proceso de “remoción temporal” de Jorge Winckler como fiscal de Veracruz, hubo datos que se dieron por ciertos, pero de los que no se tuvo una confirmación documental. *** En su versión oficial, la LXV Legislatura sustenta su decisión en el “presunto” incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondientes. *** ¿Por la sola “presunción” de que el fiscal no cumplía con ese requisitó se le removió? ¿No les pareció necesario confirmar si en realidad carecía de dicha certificación? *** Si pidieron de manera formal esa información al Consejo Nacional de Seguridad Pública, debe existir un documento que pudieron haber mostrado. *** En su primera conferencia de prensa luego de que le fuera arrebatada la Fiscalía, Jorge Winckler aseguró que contaba, no sólo con esa certificación, “sino también por parte de Estados Unidos”. *** Detallista como suele ser en las controversias jurídicas que se le presentan (baste recordar cómo desmintió al gobernador Cuitláhuac García, cuando le atribuyó a la FGE la liberación del presunto responsable de la masacre en Coatzacoalcos, mostrando los documentos que acreditaban que ese sujeto nunca fue puesto a disposición del organismo a su cargo) en esta ocasión Jorge Winckler nunca mostró la constancia que acreditara su certificación. *** El fiscal “removido temporalmente” denunció que la actuación de la Legislatura fue ilegal, porque él se encuentra protegido por una suspensión definitiva otorgada por la justicia federal. *** Frente a esa circunstancia, lo que correspondía a Jorge Winckler era promover un incidente de denuncia de violación a la suspensión, como lo prevé la Ley de Amparo. *** Hasta el cierre de este artículo, no se había mostrado documento alguno que acreditara que se había presentado tal denuncia. *** Quizá los testimonios documentales existan y en los casos mencionados hayan considerado “poco importante” mostrarlos a la opinión pública. Eso sería un error, pues se estaría vulnerando el derecho que tienen los ciudadanos de acceso a la información. *** Claridad, transparencia y estricto apego al marco jurídico vigente, son reclamos muy válidos en este conflicto.
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¿De verdad alguien pensaba que Andrés Manuel López Obrador se iba a atribuir la autoría del proceso montado para la remoción del fiscal de Veracruz?
Acaso la pregunta que debieron hacerle fue: ¿Por qué tardaron tanto?
Lo que sí “filtró” fue que Jorge Winckler no es el único objetivo, Van también por el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio.
“No tenemos nosotros el propósito de intervenir para quitar a funcionarios públicos, de organismos independientes, de organismos autónomos. Lo que consideramos es que se cometieron errores en el pasado, porque se nombraron fiscales -tanto para la impartición de justicia como para el combate a la corrupción- a modo; es decir, fiscales propuestos por los gobernadores para que les garantizaran impunidad y eso está perjudicando mucho, el que haya una intromisión en las labores de justicia de grupos de intereses creados, de intereses políticos, que eso no debe de suceder”.
Y aunque nunca admitió que atrás de este show estuviera su mano, el Presidente aprovechó el viaje para respaldar de forma decidida (como no lo había hecho en su más reciente visita al estado) al gobernador Cuitláhuac García y a la Legislatura local, que encabeza Juan Javier Gómez Cazarín.
“Fue -según entiendo- el Congreso local que tomó esa decisión, pero es un hecho de que ha habido ahí una confrontación entre las autoridades locales y este fiscal, que fue heredado desde la administración anterior, que fue propuesto por el anterior gobernador. Y esto no sólo se dio en Veracruz, sino en todos lados, es una práctica que viene desgraciadamente de lejos, porque no hay en los estados -con algunas excepciones- autonomía de los poderes; en los estados sigue siendo el titular del Ejecutivo el poder de los poderes. Y estamos actuando de manera distinta en lo que corresponde al Poder Ejecutivo federal, pero ojalá y esto se aplique a nivel estatal, que haya esta división, que haya este equilibrio entre los poderes. Es un proceso que se tiene que ir logrando poco a poco”.
La actual encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, leyó este miércoles un comunicado, pero se negó a responder cuestionamientos de la prensa.
Es natural. Cualquier asesor de medios le aconsejaría algo así, pues acaba de llegar y no está en condiciones de someterse a un bombardeo de preguntas, para las que no tendría respuestas.
En el texto que leyó hizo un llamado a “sumar esfuerzos para sanear la procuración de justicia en Veracruz”.
Afirmó que asumió esta nueva responsabilidad “con estricta observancia de la ley”.
“Es hora de acabar con la impunidad en Veracruz y lo que nos corresponde ahora es trabajar y alinear esfuerzos con el resto de las instituciones para cambiar la percepción de injusticia, a través de una Fiscalía renovada para el bien de nuestro estado”, leyó.
Juan Javier Gómez Cazarín, Presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que desde el pasado 30 de junio venció el plazo para que el fiscal acreditara los exámenes de control y confianza que marca la ley, pero incumplió con la certificación ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Quiero dejar muy en claro que el acuerdo emitido por la diputación permanente se sustenta en ideales republicanos, donde ponderamos el interés colectivo por encima de lo individual buscamos brindar certeza jurídica paz y seguridad a Veracruz”, dijo.
Jorge Winckler, por su parte calificó su remoción como un ataque a las instituciones, y advirtió que “en cualquier momento podrían desaparecer algún otro órgano autónomo”.
Se dijo sorprendido de “la forma tan terrible (en) que se vulneró la autonomía de la institución que represento a través de un procedimiento que es totalmente ilegal que no existe en ninguna parte de la ley”.
Lamentó que una de las primeras medidas tras su remoción, haya sido retirarle la protección a su familia, “cuando en casi 3 años nos hemos dedicado a combatir a la delincuencia”.
¿Se imaginan (y ojalá no suceda) que mientras se discute si su remoción fue legal o no, su familia fuera víctima de un atentado?
Eso sí provocaría un caos en la entidad.
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Epílogo.
Lo que es estar “fuera de sintonía”. Cuando se dio lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la remoción de Jorge Winckler, se informó que el documento contaba con el apoyo de los coordinadores del PRI (Erika Ayala), del PRD (Brianda Kristel Hernández Topete), de la fracción Del Lado Correcto de la Historia (Gonzalo Guizar Valladares) y de Morena (Juan Javier Gómez Cazarín). *** Este miércoles el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, reclamó claridad en las decisiones del Poder Legislativo y que ese Poder “explique de manera exhaustiva al pueblo de Veracruz, la legalidad de su acto”. *** No hacía falta tanto. Con que le preguntara a la coordinadora de su bancada la razón de su apoyo a esa medida. ¿Será que ya la doblaron?