Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, dijo que los tiempos actuales exigen una universidad con solidez institucional y política, que funja como observadora de lo político y defensora de los derechos, al dictar la conferencia “El papel de las universidades ante el contexto de violencia e incertidumbre actual”.

La plática se llevó a cabo la tarde del jueves 29 de agosto en la Casa del Lago de la UV, y con ella se inauguraron las actividades semestrales del Programa“Tendiendo puentes por la paz”, coordinado por Esther Hernández Palacios.

Durante la inauguración la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, expresó que este programa universitario es una manera de acompañamiento y solidaridad con la sociedad veracruzana en este contexto difícil que vivimos.

“Conscientes de que la función de una universidad no se limita a la generación de profesionales de primer orden, sino que buena parte de su responsabilidad social está íntimamente relacionada con la influencia reflexiva que puede aportar a la sociedad donde se inserta, este programa considera de vital importancia el diálogo interdisciplinario entre los mejores profesionales de la UV y aquellos que fuera de ella se han dedicado a pensar el problema de la violencia.”

Posterior a la inauguración de las actividades de dicho programa se dio paso a la conferencia de Ernesto Patrón, quien comentó que la complejidad de nuestra época exige un arduo trabajo de análisis e investigación para generar y construir alternativas que respondan a los conflictos presentes en nuestra sociedad.

En México, dijo, la violencia sólo es uno de muchos conflictos que han deteriorado sustancialmente la solidez y legitimidad institucional, la garantía plena de los derechos humanos y, por ende, de la calidad democrática, ciudadana y socioeconómica de la población.

Ante este panorama, “la universidad tiene un gran reto para posicionarse a la altura de la complejidad de los conflictos contemporáneos cuyas magnitudes de impacto son globales”.

Mencionó que uno de los grandes problemas de la realidad de nuestro país es la macro criminalidad, que se refiere a todo aquello que involucre la perpetración de hechos delictuosos realizados de manera colectiva y organizada a gran escala y que afecta no sólo a individuos concretos, sino a territorios completos que están dominados por grupos delictivos; los cárteles son un ejemplo de esto.

Pese a que el gobierno mexicano ha sumado esfuerzos y se ha incrementado el presupuesto destinado a seguridad (un 200 por ciento de 2001 a 2013), ha sido poco eficaz en el combate al narcotráfico y en la garantía de seguridad de los ciudadanos.

En diciembre de 2006 se inició una guerra contra el narcotráfico, implementada sin un sustento legal sólido ni un diagnóstico previo, desde entonces se ha disparado alarmantemente la violencia en el país.

Mencionó que de acuerdo a datos oficiales, existe evidencia de al menos 250 mil 547 homicidios de 2006 a abril de 2018, y la violencia va en aumento: en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se registraron en promedio mil 965 homicidios al mes, y durante la administración de Enrique Peña Nieto fue de dos mil 286.

Advirtió que en los últimos tres años se detecta una preocupante alza en la violencia: en 2017 ocurrieron en promedio 82 homicidios por día, en 2018 fueron 85, y en el primer semestre de este año se registraron 96 homicidios por día, convirtiendo a México en uno de los tres países más violentos del mundo, junto con Siria e Irak.

Paralelamente, indicó, se cuenta con un amplio historial de violaciones graves de derechos humanos en detrimento de la ciudadanía. En 2015 se denunciaron sólo mil 986 casos de tortura y 11 mil 504 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la fecha se registran más de 40 mil personas desaparecidas, de acuerdo con datos oficiales.

A este contexto debe añadirse la gran deuda que tiene el Estado mexicano en términos de corrupción e impunidad, sólo existen seis sentencias a nivel federal por desaparición forzada.

“Resulta claro que la impunidad es una gran enfermedad que abona al contexto de violencia del país, de cada 10 delitos denunciados sólo uno llega a la verdad y a la justicia.”

Además, destacó que la corrupción se presenta como un elemento constituyente de la baja credibilidad que la ciudadanía tiene hacia las instituciones públicas, se sabe que el 60 por ciento de los delitos no se denuncian por la falta de confianza en las autoridades.

También debe considerarse, apuntó, las constantes amenazas del crimen organizado y del poder público hacia los periodistas, lo que ha derivado en más de 120 periodistas asesinados desde el año 2000.

De igual manera, destacó que instituciones como la familia y la Iglesia han sido víctimas de esta transición ideológica, ambas han sido lastimadas por los recientes cambios culturales y no han podido adaptarse al nuevo entorno de incertidumbre, donde la sociedad está compuesta por individuos cuya autorrealización está en función de la autoexplotación disfrazada de productividad.

“El ámbito económico no dista mucho de nuestra realidad política, de acuerdo al último corte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su medición de la pobreza, sólo el 21.9 por ciento de la población en el país no es pobre y no vulnerable, y 9.3 millones de mexicanos están en pobreza extrema; a esto debe sumarse el ambiente de polarización de la sociedad mexicana que es muy peligroso dado el ambiente de violencia e incertidumbre actual a nivel nacional e internacional.”

Entonces, ¿qué papel deben jugar las universidades ante el contexto de violencia e incertidumbre? Patrón Sánchez respondió que las universidades han sido históricamente más que un espacio educativo o formativo para la mano de obra de las empresas y las industrias, han sido fuente de diversos movimientos políticos que han sembrado el mundo de las ideas y han dejado huella en la historia.

De tal manera, enfatizó que no puede prescindirse de las universidades para responder a los desafíos de la injusticia; por el contrario, deben ser partícipes en los procesos que tienen lugar en la historia, deben tener la valentía de expresar verdades incómodas para salvaguardar el bien auténtico de la sociedad.

“Los tiempos actuales exigen una universidad que pueda fungir como observadora de lo político, como contrapeso, como defensora de los derechos, es decir, una universidad promotora de la justicia.

”Es, por tanto, una institución cuya posición de privilegio académico la responsabiliza de hacerse cargo de su realidad para responder a las necesidades urgentes y estructurales de su entorno social, político, económico y cultural.”

Señaló que esta complejidad actual que vivimos está marcada por la violencia y su crueldad, corrupción, impunidad, las graves violaciones a los derechos humanos, la violencia feminicida. La polarización social y el surgimiento de nuevas intolerancias, así como la fractura del tejido social, exige a las universidades estar a la altura, no abstraerse en el mundo académico y formar parte de la construcción para la transformación.

Con respecto a la Universidad Veracruzana, expresó que su comunidad universitaria junto con su Rectora han hecho valer su Autonomía, se han opuesto a la corrupción, han salido a las calles para alzar su voz y cuentan con un programa que busca responder y aportar a las soluciones de este Veracruz herido, adolorido y ensangrentado.

“Justo es con este tipo de iniciativas, como este programa, que las universidades asumimos nuestro papel de instituciones históricas y responde a los retos que nos marca e interpela nuestra realidad.

”Hoy Veracruz necesita de la suma de actores –públicos, privados, sociedad civil, iglesias–; sin duda la UV pone el pecho por delante y desde su Autonomía universitaria construye iniciativas por la paz que son de gran pertinencia social y humana.”

UV/Paola Cortés Pérez