Tras los hechos lamentables de Coatzacoalcos, el atentado que causó 29 muertes (saldo preliminar), vale la pena detenerse a revisar el nivel de responsabilidad de la autoridad municipal en ese lugar.

Hasta ahora, en el centro de la atención mediática está la abierta confrontación entre el Ejecutivo veracruzano y la Fiscalía General del Estado: los señalamientos de unos y el deslinde de los otros.

La información difundida por medios estatales y nacionales hace que las miradas se enfoquen en el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública y en la actuación de las fiscalías generales del Estado y de la República, cuya delegación en la entidad quedó sumamente cuestionada.

Pareciera que no existen garantías para la población del sur de Veracruz, al menos en cuanto al tema de la seguridad.

Recordemos que tras los hechos del pasado 19 de abril en Minatitlán –un comando armado con fusiles de asalto abrió fuego en una fiesta, dejando un saldo de 14 muertos–, se anunció la llegada de la Guardia Nacional, que una semana después del ataque se estrenó en ese lugar. Incluso, el presidente López Obrador acudió a ese municipio, donde se refirió al despliegue de fuerzas federales.

De forma apresurada, obligada por las circunstancias, en Minatitlán se integró la primera coordinación regional de la Guardia Nacional, originalmente con elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal que portaban cintillos en los brazos con las siglas “GN”.

Han pasado cuatro meses de la llegada de las fuerzas federales al sur de Veracruz y la población del lugar sigue atemorizada. Los habitantes de Mina y Coatza viven con el alma pendiendo de un hijo porque saben que en el siguiente hecho sangriento se podrían sumar a las estadísticas de los daños colaterales del enfrentamiento que mantienen los grupos de la delincuencia organizada.

Pues bien, el reciente atentado que se registró por la noche del pasado martes en Coatzacoalcos puso en el ojo del huracán tanto a las corporaciones de seguridad, estatales y federales, como a los ministerios públicos; unos, porque no han sido capaces de controlar el problema de la operación de las bandas delincuenciales; y otros, por contribuir a la percepción de que la impunidad es regla y no excepción.

No es casualidad que prácticamente toda la población de Coatzacoalcos considere que vivir en ese lugar es inseguro (datos de Inegi).

En ese contexto, bien vale la pena revisar la actuación de las autoridades municipales, que no han hecho más que responsabilizar a las fiscalías estatal y federal.

Entrevistado por un medio nacional, el alcalde Víctor Carranza dijo: “aquí siempre hemos visto una falta de compromiso por los fiscales correspondientes ya sea del fuero común o federal… es muy importante decirlo porque a la larga cada quien tiene que asumir su responsabilidad… en nuestro caso hacemos… como alcalde del municipio de Coatzacoalcos toca la parte preventiva”.

Y esa parte preventiva es la que la autoridad del lugar no ha podido cumplir por una evidente incapacidad en la materia.

Víctor Carranza y su ayuntamiento son una nulidad en el terreno de la prevención del delito; el trabajo municipal en esa materia no existe y la incompetencia del presidente municipal es evidente; porque mientras los delincuentes masacran a la población, el alcalde pareciera que silba y voltea a otro lado, como esperando que nadie note su presencia.

El papel de la policía municipal de Coatzacoalcos debe ser investigado, al igual que el trabajo de las fiscalías y las corporaciones policíacas estatal y federal. @luisromero85