Tesorero y enlace del programa federal realizarían licitaciones amañadas para quedarse con parte de los recursos para la nueva comandancia de policía.
Tlapacoyan, Ver.- Licitaciones y contratos amañados, así como adjudicaciones de obras a personas y empresas sin experiencia en el ramo, serían sólo algunas de las muchas irregularidades que el Gobierno Federal tendría que investigar en el ayuntamiento de Tlapacoyan, en donde se presume que se están malversado recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), destinados para construcción y equipamiento de lo que será la nueva comandancia de policía.
Según los documentos y datos enviados a medios de comunicación, en las licitaciones y la asignación de contratos amañados estarían involucrados el tesorero, Ángel Aguilar Bello, así como el enlace del citado programa, José Ramón Cárdenas Ramírez; ambos tendrían el consentimiento de la alcaldesa Ofelia Jarillo Gasca para realizar compras y ejecutar obras que supuestamente serán para mejorar la seguridad en Tlapacoyan.
Entre los trabajos en que habría actos corrupción se cuenta la instalación de equipos tecnológicos para enlazar la nueva comandancia con el C-4 y Plataforma México. La licitación y ejecución de esto estaría a cargo del mismo que funge como enlace federal de Fortaseg, José Ramón Cárdenas, quien además de no tener experiencia en el ramo, también estaría ocupando a personal de dependencias estatales, como la ya citada, que fungiría como juez y parte en todo el proceso.
En el documento se establece que lo amañado estaría en la instalación de la partida genérica 317 con cableado estructurado, instalación, suministro y configuración de equipos de seguridad informática, la torre arriostrada, enlaces de microondas en frecuencia 4.9 GHz, equipo de protección contra descargas atmosféricas (Sistemas de tierras físicas y aparta-rayos), así como otras tecnologías que son necesarias para el correcto funcionamiento de los enlaces entre policía, C-4 y Sistema Plataforma México.
Se dice que, en caso de una investigación, la Federación debería llegar y revisar los contratos que se hicieron para comprar las recientes patrullas que se entregaron a la policía preventiva, así como inspeccionar la compra de muchos otros equipos que fueron entregados a los uniformados, en los que habría contratos amañados para favorecer a funcionarios de la administración municipal, como el tesorero y la misma alcaldesa.