Prefacio.
Muchos habrán pasado por alto la noticia, a partir del escándalo generado por la muerte de al menos 26 personas en un bar de Coatzacoalcos, pero este asunto tiene gran relevancia. *** Al exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Bermúdez Zurita, le fue revocado el auto de vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada de personas. *** Mediante el toca 213/2018, el pasado martes, en audiencia pública en la sala de juicio oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los magistrados Amadeo Flores y Beatriz Rivera, así como el juez Marco Antonio Rodríguez Lobato, en funciones de magistrado, por mayoría de votos aprobaron el proyecto de reponer el procedimiento donde Arturo Bermúdez y varios elementos de la policía estatal fueron vinculados a proceso. *** A partir de esta resolución, el juez de control Francisco Javier Hernández Lima será notificado y deberá fijar fecha para una nueva audiencia y ahí decidir si hay elementos -o no- para vincular a proceso al exsecretario de Seguridad Pública y a los 17 policías involucrados en el mismo caso.
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En asuntos de Estado, tan mala es la ausencia de información, como el exceso de la misma.
El ejemplo más claro lo tenemos con la masacre de Coatzacoalcos (la que, coincidentemente, se da en la víspera de una visita presidencial, como sucedió con el ataque en Minatitlán).
Entremos en contexto:
Cerca de las 10 de la noche del pasado martes fue reportado un incendio en el centro nocturno “El Caballo Blanco”, localizado en la colonia Palma Sola, de Coatzacoalcos.
Las cifras más recientes hablan de al menos 26 fallecidos.
Por versiones de testigos que sobrevivieron al atentado, el establecimiento estaba funcionando normalmente, cuando de pronto llegaron varios sujetos (calculan que no menos de diez) portando armas largas, quienes amagaron al personal de seguridad del antro y dispararon en repetidas ocasiones. Una vez que todos los presentes se tiraron al suelo, el grupo armado roció gasolina en los muebles y les prendió fuego, para de inmediato darse a la fuga.
El primer dato concreto, oficial, sobre estos hechos, lo aporta el gobernador vía Twitter:
“Los indicios sobre el deplorable crimen en el bar de Coatzacoalcos señalan a que uno de los autores materiales es Ricardo “N” alias “la loca” a quien las fzas (fuerzas, en realidad) coordinadas de Veracruz detuvieron en julio de este año y fue liberado en menos de 48hrs por la FGE”.
Primeras dudas:
A los pocos minutos del Twitter del gobernador de Veracruz, se dio la respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE), que aclara que ese, al que el gobernador ubica como “Ricardo N”, en realidad se trata de Ricardo Romero Villegas, alias “La Loca” y que nunca estuvo a su disposición.
Lo que sí sabe la Fiscalía de Veracruz es que “La Loca” fue detenido y puesto a disposición de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), el 18 de julio de este año, por lo que se inició la Carpeta de Investigación FED/VER/0003461/2019.
“Se asume que Ricardo ‘N’ fue liberado, debido a que fue detenido de nuevo el 7 de agosto pasado y de nueva cuenta, puesto a disposición de la Delegación Estatal de la FGR. La dependencia estatal califica como ‘absolutamente falso’, lo declarado por el gobierno estatal y federal”.
La FGE hace referencia al gobierno federal, pues para ese entonces el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador le compró la versión a su amigo, el “honesto Cuitláhuac” y señaló también a la Fiscalía del Estado por dejar en libertad a este sujeto que, aseguran todos ellos, habría sido el responsable del ataque a ese bar.
Por la tarde, sin embargo, circuló un video en redes sociales en las que Ricardo Romero Villegas, alias “La Loca” se dice sorprendido de que lo vinculen de ese ataque. Aclara que él está lejos de Coatzacoalcos, pues tuvo que huir con toda su familia ante las amenazas que recibió por parte de personal de la Secretaría de Marina, y asegura que él nada tuvo qué ver con ese atentado.
Durante todo el día se dieron múltiples explicaciones por parte del gobierno estatal, en su afán de sostenerse en un dicho que se cayó cuando la FGE hizo públicos los documentos en los que se da fe de que fue a la instancia federal a la que le fue consignado el presunto responsable, y lo dejó en libertad, a pesar de que en una de sus detenciones se le aseguraron casi 50 dosis de cocaína.
Otro dato que se ha prestado a confusión:
El gobierno estatal, e incluso el Presidente López Obrador, han señalado que el móvil del ataque fue que el propietario del bar se negó a pagar la “cuota” que le pedía un grupo del crimen organizado.
Lo que hoy se sabe es que el propietario del bar “El Caballo Blanco” era Agustín Javier Ronzón González, desaparecido desde el 24 de agosto y que –según se aprecia en un video subido a las redes sociales- fue decapitado junto con otra persona, ambos señalados de ser “chapulines”, esto es, de brincarse de una organización delictiva a otra.
Mientras más declaran, más dudas surgen sobre este criminal ataque.
¿Quién le dio el dato al gobernador (evidentemente erróneo) de que la Fiscalía del Estado había dejado en libertad a “La Loca”?
¿Quién le dijo que Ricardo Romero Villegas, alias “La Loca”, era el responsable del ataque?
¿Es ese dato tan impreciso como el primero?
Hasta este momento no se ha precisado a qué organización criminal se le atribuye el ataque.
Un poco de colaboración interinstitucional no caería mal.
Los ciudadanos quieren la verdad sobre estos hechos y el castigo a los culpables.
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Epílogo.
La reflexión del dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez, tendría que ser tomada en cuenta. Considera que la ola de violencia que vive la entidad es el reflejo de la ineficacia y falta de organización en temas tan sensibles como el de la seguridad. *** “Que se pongan a trabajar, que garanticen a las y los veracruzanos la seguridad a la que tenemos derecho, y que el presidente de la República deje de repartir culpas y asuma su responsabilidad, que cumpla lo que ha prometido; a unos días de su informe de gobierno, no queremos cifras alegres, ni excusas, exigimos resultados”. *** El dirigente estatal priista afirmó que el PRI está dispuesto a llevar estos temas a la mesa para dialogar y proponer, “pero esto pasa de la ineptitud a la ineficacia, y queremos evitar que pase de la ineficacia al desastre”. *** Que no se asusten los vendedores de billetes de lotería. La versión de que el impuesto para rifas y sorteos aumentará a casi el 28% es falsa y producto de una mala interpretación de la Ley. *** El subsecretario de Ingresos de Sefiplan, Ricardo Rodríguez Díaz, aclaró que dicha carga impositiva aumentó de 5.2% a 6% y que se agrega un 0.9% del impuesto de Fomento a la Educación. Esto quiere decir que quien gane un sorteo, deberá pagar al Estado 6.9%, no más.