Suele decirse que hay quien pasa por un bosque sin perderse, y eso aplica en la cantidad de información que día a día se genera, se promueve y se consume. En la esfera informativa vale la pena rescatar la nota que hace unos días se divulgó respecto a los 104 despachos contables externos que fueron contratados por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares para autoauditarse.

Fueron 56 millones de pesos los que destinó el bienio yunista en la contratación del más de un centenar de despachos contables externos para llevar a cabo la dictaminación a los estados financieros emitidos por los ejercicios fiscales 2017 y 2018.

Aunque por lo visto, ese trabajo particular no estuvo bien hecho pues las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) han detectado diversas irregularidades administrativas en el gobierno de dos años encabezado por Yunes Linares.

Se sabe que los despachos más beneficiados con la asignación de contratos fueron dos: Velasco Ramírez & Cía Consultores, representado por el actual presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, AC,  Luis Javier Velasco Ramírez, que obtuvo un total de siete contratos por un monto total de cinco millones 390 mil pesos, y la firma Contadores Públicos y Consultores, cuyo representante legal es Nahúm Moreno Prado, miembro también del Colegio Contadores Públicos de Xalapa, al cual le fueron otorgados seis contratos por un importe global de cinco millones 682 mil pesos.

80 compañías fueron contratadas por un monto de 32 millones 305 mil pesos, para la revisión del primer ejercicio fiscal de la administración de Yunes Linares, gasto que en su mayoría corrió a cargo de la Contraloría General del Estado y sólo una mínima parte fue cubierto por otras dependencias e institutos.

Tan sólo en ese año, los auditores del ORFIS detectaron un presunto daño patrimonial por más de 338 millones en el primer año de la administración del ex gobernador panista, como consta en el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, presentado por la institución a cargo del Auditor General del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.

Para la revisión del ejercicio fiscal de 2018, el gobierno de Yunes Linares contrató a 24 despachos contables por un monto de 23 millones 456 mil pesos, de los cuales 14 millones fueron erogados por las propias dependencias e institutos auditados y, el resto, aportado por la Contraloría General del Estado.

Hasta el momento suman 18 denuncias penales por presuntos desvíos de recursos públicos que enfrentan el ex gobernador panista y sus colaboradores, esto como resultado de las auditorías practicadas por el ORFIS que detectaron un presunto daño patrimonial de mil 372 millones de pesos, por lo que el propio auditor Portilla Vásquez tuvo que proceder penalmente en contra de los ex funcionarios que resulten responsables.

Algo no cuadra en quienes debieron arreglar las cuentas y lo que hizo evidente es que pudieron haber fallado en su encargo o de plano, la administración de Yunes Linares traía un desorden financiero de origen que pudo agravarse con miras al proceso electoral del 2018. Lo cierto es que el titular del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez ya ha advertido que vendrán más resultados de las revisiones a las Cuentas Públicas del 2017 y 2018, es decir, “aún hay más”. @luisromero85