A partir de la reforma de la Ley de Víctimas para Veracruz en el año 2017, algunas dependencias del gobierno del estado están obligadas a reparar los daños a los ciudadanos que les fueron violados sus derechos humanos, pero ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ni la Fiscalía General del Estado (FGE) proyectaron en su presupuesto una partida para cumplir.

En entrevista, la secretaria ejecutiva de la Comisión de Atención a Víctimas, Lorena Mendoza Sánchez, explicó que los Poderes Ejecutivo y Legislativo otorgaron a este organismo la cantidad de 80 millones de pesos, que serán destinados para la reparación del daño a víctimas de un delito.

Sin embargo, enfatizó Mendoza Sánchez, esta cantidad es insuficiente, porque en Veracruz hay cientos de personas que fueron violentadas en sus derechos humanos, y se requiere que la SSP y la FGE también se hagan responsables de cumplir la ley de víctimas.

“No todas tienen presupuesto, porque en el momento que las autoridades realizaron sus proyectos de presupuestos, algunas no contemplaron partidas para el pago de las reparaciones, por ejemplo, Fiscalía, Seguridad Pública y casi todas, es un tema nuevo, y muchas autoridades al ser nuevo, no tenían contemplado que ellos tenían que contar con una partida”, indicó.

Mendoza Sánchez refirió que ha tenido comunicación con autoridades de la SSP y la FGE para que cuenten con un presupuesto, “Y que ellos hagan la reparación, porque finalmente son las y los servidores públicos de esas dependencias quienes violentan los derechos, porque finalmente un fondo de 80 millones de pesos no alcanza para reparar un daño”.

Destacó que son Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, las dependencias con más señalamientos de que sus servidores públicos violentan los derechos humanos.

“Debemos recordar que la ley se reformó y en el 2017 se habla de este fondo de apoyos que son más amplios que la ley anterior, digamos que estuvieron un año sin el apoyo pero no solamente esos apoyos que señala la ley, sino las reparaciones que estamos trabajando” dijo.

Mendoza Sánchez dijo que la Comisión de Atención a Víctimas tiene 80 recomendaciones dirigidas a distintas autoridades para la reparación de daños, y se hacen planes integrales para cumplirle al ciudadano afectado.

“Porque ese fondo (los 80 millones de pesos) no es sólo para ayudar en apoyo, sino también para hacer la reparación en caso de que la autoridad responsable de las violaciones a derechos humanos nos señale que no tiene presupuesto para pagar” finalizó.

AVC/Verónica Huerta