Desde febrero de este año, cuando Miguel Ángel Vega García asumió la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado (CGE), se alertó a la administración estatal de MORENA que la incorporación del ex titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la SEDESOL y de la SEDATU les podría afectar políticamente por la complicidad del ex funcionario federal en la llamada “Estafa maestra”, considerada por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, como una “maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones”, cuyo posible daño patrimonial a la Nación estimó en mayo pasado en más de 5 mil 875 millones de pesos, y sobre la cual dijo que “no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros.”

Todavía este sábado 3 de agosto, en la cena que el gobernador Cuitláhuac García ofreció a un grupo de 18 periodistas en la Casa Veracruz, al exponérsele que necesitaba mandar señales más contundentes de su combate a la corrupción, se le mencionó precisamente el caso de Vega García, pero el mandatario eludió responder qué iba a hacer con él, no obstante que el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho tajante, en una de sus conferencias de prensa, que “a quienes estén involucrados en esto de la ‘Estafa Maestra’ no tienen por qué trabajar en este gobierno.”

El peso de la ley que está por caer encima de Rosario Robles, su ex jefa en la SEDESOL y en la SEDATU, estaría por alcanzar también a Miguel Ángel Vega, pues en la carta que anteayer le envió la ex secretaria de Estado al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea –en la que la ex perredista le implora que le asegure que el Poder Judicial que preside “será garante de una actuación imparcial con relación a la causa penal 314/2019” que se le sigue–, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México afirma tener documentos oficiales del Órgano Interno de Control, a cargo entonces de Vega García, “donde se acreditaba que no había irregularidad alguna en el proceder de los funcionarios mencionados por la Auditoría Superior de la Federación…”

Sin embargo, ha trascendido que por lo menos tres ex funcionarios negociaron en las últimas semanas un acuerdo de criterio de oportunidad conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales con la Subprocuraduría de Delitos Federales de la FGR para colaborar en las investigaciones de la Estafa Maestra a cambio de inmunidad penal.

Se trataría de José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones, y María del Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la SEDATU y la desaparecida SEDESOL, quienes decidieron contar lo que sabían después de haber denunciado que sus identidades fueron suplantadas y sus firmas falsificadas en convenios, solicitudes de pago y oficios empleados para desviar por lo menos 2 mil 60 millones de pesos, sin ser partícipes de la trama delictiva y sin acreditarse que obtuvieron un beneficio económico derivado de los desvíos.

Se dice que habría un cuarto ex servidor público que habría acudido recientemente también a la FGR para rendir su testimonio y que estaría por cerrar un trato para obtener el mismo beneficio.

¿Acaso será Vega García? Se duda, pues la FGR sólo concedió los beneficios a los tres primeros mencionados precisamente por no ser cómplices de la trama delictiva en la que señalan como “cerebro” a Emilio Zebadúa, el poderoso ex Oficial Mayor que apadrinaba al ex titular de la OIC y actual director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE, de quien, nos dicen, posee una fastuosa casa de playa en Mata de Uva, donde colindan los municipios de Alvarado y Boca del Río.

Procurador Agrario ‘siembra vida’

Este martes, en la ciudad de Poza Rica, el abogado xalapeño Luis Hernández Palacios, titular de la Procuraduría Agraria, y la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, participaron en la Cuarta Reunión Mensual de Coordinadores Regionales y Territoriales de “Sembrando Vida”, un programa a cargo de dicha dependencia federal que se propone atender dos de las problemáticas más fuertes que existen en el campo: la pobreza rural y la degradación ambiental.

Su objetivo primordial es impulsar la reforestación de un millón de hectáreas en 19 estados del país, apoyando a 400 mil productores, entre pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros.

La colaboración entre la Secretaría de Bienestar y la Procuraduría Agraria, a cargo de Hernández Palacios, ha sido estrecha para propiciar la incorporación de los núcleos agrarios y acompañar el proceso de capacitación, pues las asambleas ejidales y/o comunales serán la puerta de entrada para los técnicos que impulsarán este ambicioso programa, a través del cual se promoverá la siembra de árboles maderables y frutales así como de la milpa de maíz, que generarán beneficios a corto, mediano y largo plazo a las familias del campo.

De hecho, la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y el Procurador Agrario construyeron este Programa desde la transición al nuevo gobierno y han mantenido una gran coordinación para su impulso territorial.