A diferencia de Miguel Ángel Vega García, quien desde febrero pasado despacha como director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado, otro veracruzano que en cambio ha sido implicado injustamente en la trama de la Estafa Maestra es Enrique González Tiburcio, un brillante economista nativo del puerto de Alvarado que fungió como coordinador de asesores de Rosario Robles en la SEDESOL y luego como subsecretario de Ordenamiento Territorial en la SEDATU, en las que Vega García fue titular del Órgano Interno de Control (OIC).

Casualmente, hace cinco meses, González Tiburcio fue imputado por un juez de control por presuntamente haber rendido testimonio falso a una autoridad distinta a la judicial. Junto con Armando Saldaña, exdirector de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, habría desconocido su firma en el convenio suscrito el 2 de febrero de 2016 por más de 185 millones de pesos con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, Hidalgo, ante el OIC de SEDATU a cargo de Vega García.

González Tiburcio y Saldaña eran los dos exfuncionarios de más alto rango que hasta entonces habían sido sujetos a proceso penal por la llamada Estafa Maestra. Pero paradójicamente, ambos pasaron de denunciantes a imputados.

Y es que desde junio de 2017, cuando ambos ya estaban en la SEDATU con Rosario Robles, habían acudido precisamente ante Miguel Ángel Vega para presentar sendas denuncias para desconocer la suscripción del convenio con la Universidad Politécnica hidalguense y, en consecuencia, de los términos pactados con dicha institución académica.

Pero en vez de dar vista a la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependía directamente como titular del OIC, Vega García remitió los expedientes a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR. El 30 de noviembre de 2018, el último día del sexenio, González Tiburcio fue notificado de dos causas penales en su contra y emplazado a presentarse al Juzgado.

En audiencia celebrada el 29 de enero de 2019, correspondiente a la causa penal 443/2018, el juez de control Orlando Íñiguez Delgadillo vinculó erróneamente al exfuncionario a proceso por el delito de falsedad de declaración a una autoridad distinta de la judicial. Haber negado su rúbrica que aparecía en el Convenio Marco fue la causa de su imputación. La prueba de grafoscopía que presentó la Fiscalía pretendió demostrar que la firma del convenio era auténtica. Sin embargo, el 10 de febrero, la defensa de González Tiburcio presentó apelación, pues demostró que ni él ni Saldaña estaban en la Ciudad de México en la fecha que fueron suscritos tales convenios.

O sea que además de falsificar su firma, alguien habría suplantado su identidad.

Y no sólo eso, sino que hasta los cargos de ambos funcionarios fueron consignados erróneamente en una copia certificada que Vega García entregó a la FGR del convenio usado para desviar los 185 millones de pesos.

Lima Franco: exitosa operación

Aunque con 34 votos a favor –el número mínimo de la mayoría calificada–, este miércoles, tras un intenso debate de más de dos horas con los diputados de la oposición, la bancada de MORENA y sus aliados en la LXV Legislatura local consiguieron aprobar el dictamen que autoriza al gobierno estatal “a refinanciar o, en su caso, a reestructurar la deuda pública estatal a su cargo, y a celebrar las operaciones financieras y actos jurídicos para su debido cumplimiento”.

Con este aval del Congreso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación a cargo de José Luis Lima Franco, estará en condiciones legales de buscar y negociar los mejores instrumentos financieros que ayuden a disminuir el costo en el pago de la deuda pública de largo plazo que –según expuso la diputada Rosalinda Galindo, presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado– “de manera irresponsable se incrementó durante estos últimos 11 años.”

Por supuesto que en el cabildeo legislativo mucho tuvo que ver la sensibilidad y la capacidad de persuasión del titular de la Sefiplan, que lo mismo buscó acercamientos y procuró el diálogo con los diputados considerados de casa que con los del PRI, PVEM, PRD, Movimiento Ciudadano y hasta con los yunistas del PAN, la más férrea oposición.

Con esta actitud de apertura y buena disposición, sin soberbia ni arrogancia, Lima Franco sí pudo cumplir con la encomienda del gobernador Cuitláhuac García, quien previamente, pese a los agoreros del desastre, anticipó con gran seguridad que la reestructuración de la deuda pública sí sería aprobada. Y, en efecto, así fue.

Ahora falta que, tal como lo prometieron, hagan buen uso de los recursos que se obtengan de esta renegociación de la abultada deuda que desde noviembre de 2004, a finales de la administración del ex gobernador Miguel Alemán Velasco, inició con 3 mil 500 millones de pesos y que en los siguientes dos sexenios, los de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, se disparó en más de mil por ciento, rebasando en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares los 41 mil millones de pesos.

Por cierto, ¿por qué los diputados yunistas de Acción Nacional no apoyaron la propuesta del gobernador Cuitláhuac García, si su coordinador Sergio Hernández y otros miembros de la misma bancada le aprobaron a Yunes Linares en marzo de 2017 la reestructuración de la misma deuda, sólo que sin la transparencia y el buen manejo de los recursos que ahora ha ofrecido el gobierno de MORENA?

En cambio, el año antepasado, como se recordará, fueron los diputados morenistas los que se opusieron al plan de renegociación de la deuda planteada por Yunes, pues además de la opacidad con la que se manejó también tenían serias sospechas de que la operación financiera encubría pingües negocios personales a costa del erario del estado.