El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, ORFIS, se ha convertido en noticia nacional por las denuncias presentadas contra diferentes ayuntamientos e instancias del gobierno del Estado.

El ejemplo más reciente es el señalamiento del auditor veracruzano, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, con relación a la adquisición de cámaras de videovigilancia por parte de la administración de Miguel Ángel Yunes.

El asunto llegó a la Fiscalía General de la República, instancia donde se inició una investigación por las presuntas irregularidades en la compra de seis mil 476 cámaras.

Esa operación representó para el erario veracruzano un gasto cercano a mil millones de pesos; y lo peor es que el Sistema Estatal de Videovigilancia no opera como debería; las cámaras no tienen la calidad debida y, por si fuera poco, muchas ni siquiera están funcionando.

Esa denuncia relacionada con la compra de videocámaras, motivó que por primera vez desde su salida del Poder Ejecutivo Estatal, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes emitiera una respuesta ante un señalamiento por presunta corrupción.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, Yunes descalificó al auditor pero no aclaró el tema de fondo, el señalamiento por las irregularidades detectadas por el ORFIS. Lo evidente: el trabajo de fiscalización le movió el piso al ex gobernador, quien se vio obligado a emitir una respuesta.

Este lunes, el ORFIS volvió a ser noticia: el auditor general dio a conocer cifras para retomar: entre 2017 y 2018, el Órgano ha presentado 172 denuncias por más de 34 mil 601 millones de pesos ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía General de la República, como la documentada en días pasados, relacionada con las videocámaras.

Las denuncias tienen como finalidad “que las Instituciones y en sí cada habitante de Veracruz, recupere el dinero que fue presupuestado para obras y acciones en beneficio de la colectividad, y se imponga un castigo a quienes desviaron de los fines previstos los recursos públicos”, subrayó Portilla Vásquez.

Detalló: en la auditoría al ejercicio 2016, el ORFIS interpuso 37 denuncias, que representaron un presunto daño patrimonial a la hacienda pública por 9 mil millones de pesos.

De la revisión a la cuenta pública de 2017 y avance de 2018, fueron denunciados los Institutos Tecnológicos Superiores de Pánuco, de Perote y de Las Choapas, la Universidad Politécnica de Huatusco, la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz; además del Fideicomiso del Fondo Ambiental Veracruzano; los Servicios de Salud de Veracruz; la Secretaría de Desarrollo Social; el Instituto de Espacios Educativos; y los municipios de Cuichapa, Citlaltépetl y Cosamaloapan; además de la Secretaría de Seguridad Pública, por la contratación del Sistema Estatal de Videovigilancia.

No es todo; hay otras denuncias por presuntas irregularidades en la construcción del puente Capoacán en Minatitlán; así como por empresas no localizadas en una investigación del Servicio de Administración Tributaria contratadas por las secretarías de Desarrollo Social, Protección Civil y Educación, de acuerdo con lo expuesto por el auditor.

¿Qué ha hecho la Fiscalía General del Estado en torno a esas 172 denuncias presentadas por el ORFIS?; al parecer y a juzgar por el hecho de que no existen detenidos, muy poco o nada; de tal manera que de poco sirve un trabajo con resultados por parte del órgano fiscalizador si no existe en la oficina encabezada por Jorge Winckler la mínima intención de actual contra quienes le habrían metido la mano al cajón del dinero público durante la pasada administración estatal.

@luisromero85