El Órgano de Fiscalización Superior presentó denuncia penal contra el Gobierno del Estado, por haber asignado de manera directa la rehabilitación de la escuela Ponciano Arriaga del municipio de Tuxpan, a la empresa Biodiversidad del Golfo, propiedad de José de Jesús Mancha Alarcón, líder estatal del Partido Acción Nacional.

La querella forma parte del paquete de denuncias que presentó el área jurídica del Orfis, por la adjudicación directa de 30 contratos que se asignaron en el primer año de administración de Miguel Ángel Yunes Linares, que implican el desvió de más de 81 millones de pesos.

Como parte de la revisión de la cuenta pública se detectó que se asignó de manera directa 29 contratos, a pesar de que la ley obligaba a invitar cuando menos a tres personas.

El monto de los contratos es por 78 millones 762 mil pesos; además, se detectó otra asignación por 2 millones 403 mil pesos

Una segunda denuncia, se presentó por la forma indebida en la que se realizó la adjudicación de un contrato por un importe de 2 millones de pesos. En ese caso, el Orfis detectó que dos de las empresas que participaron en el proceso de adjudicación, entre ellas la que fue contratada, se encontraban vinculadas entre sí, por existir en común un socio accionista, lo cual se encuentra prohibido por los dispositivos legales citados.

Una de las socias es la hoy diputada local Monserrat Ortega y el dirigente de Acción Nacional, José Mancha Alarcón.

Cabe mencionar que durante la aprobación de la Cuenta Pública 2017, los diputados locales determinaron que no había elementos para considerar la asignación del contrato como una falta grave, y se aprobó el manejo de los recursos, con el argumento que la obra estaba concluida.

El 27 de agosto del 2018, Espacios Educativos entregó un contrato de 2.4 millones de pesos a la empresa Biodiversidad del Golfo, pero en la licitación también compitió Izal Inmobiliaria. En ambas firmas es accionista la hoy diputada local Monserrat Ortega Ruiz.

Las otras denuncias contra espacios educativos

El pasado 04 de marzo, Ricardo García Jiménez, en calidad de director del Instituto de Espacios Educativos, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, por el desvío de mil millones de los Fondos Regional y de Aportaciones Múltiples.

Esos recursos se utilizaron para iniciar al menos 500 obras las que se quedaron inconclusas del programa “Escuelas al Cien”; y el problema radica en que la federación no asignará más recursos para su conclusión.

El 8 de mayo el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, contra de quien resulte responsable, por el desvío de 670 millones de pesos de fondos federales.

Se detectaron la anomalía en diversas partidas presupuestales que se dirigían prioritariamente a obra de infraestructura en los años 2012 al 2018, por lo que la querella involucra a los gobernadores Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares.

AVC/Isabel Ortega