Protegidos bajo el manto de la corrupción del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien negoció con ellos para que la Fiscalía General a cargo de Jorge Winckler no ejerciera ninguna acción en su contra por actos de corrupción durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, hoy varios exduartistas empiezan a sentir el fuego de la justicia federal, que ha abierto investigaciones para llevarlos a proceso.
Olvidados por el fiscal estatal Jorge Winckler, por órdenes de su exjefe Miguel Ángel Yunes, la Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado que solicitará a un juez federal la apertura de procesos penales en contra de tres altos exfuncionarios de la administración de Javier Duarte de Ochoa (Mauricio Audirac, Gabriel Deantes y José Francisco Díaz Valenzuela) por su presunto vínculo con el desvío de más de 400 millones de pesos, de fondos federales que estaban destinados a servicios de salud, educación y obras.
Paralelamente, la Auditoría Superior de la Federación determinó dar un plazo de 15 días a Carlos Aguirre Morales, Antonio Tarek Abdalá Saad y Gabriel Deantes Ramos, para reintegrar mil 580 millones a la tesorería federal, como parte del procedimiento 11/2017/R/13/136, en el que se exonera a Salvador Manzur y Fernando Charleston, que también formaron parte del gabinete de Duarte de Ochoa.
Pese a haber actuado con omisión durante los dos años del anterior gobierno, cuyo titular incluso llamó a algunos de estos exfuncionarios señalados de corrupción a colaborar financiera y políticamente con la campaña de su hijo a la gubernatura, ahora sale rápidamente a la palestra el fiscal Jorge Winckler para atribuirse las acciones emprendidas por la Fiscalía federal.
En conferencia de prensa, Winckler dijo que hace un par de semanas viajó a la Ciudad de México para reunirse con autoridades de la FGR, y tratar el tema de los exfuncionarios que presuntamente cometieron delitos.
Lo que no dijo es cómo va el tema de la Recomendación hecha por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el presunto acaso de tortura en que son señalados funcionarios de la Fiscalía a su cargo y de la Secretaría de Seguridad Pública, ni tampoco del avance en la investigación sobre casos de corrupción durante la gestión de su jefe Yunes.
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“Veo que ya crearon el Instituto para Devolverle a los Narcos su Armamento (INDENA)”. Alejandro Rodríguez @AlexRdgz
Evidencia suficiente para hundir a exduartistas cómplices de Yunes
En la investigación de la FGR (que, según Winckler, fue incentivada por su buena relación con la dependencia federal), están involucrados dos exsecretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac (quien acaba de salir de Pacho Viejo por la debilidad de las carpetas formuladas por la fiscalía veracruzana) y Gabriel Deantes (con un primer proceso penal federal abierto en marzo pasado), además del exsubdirector de Operación Financiera, José Francisco Díaz Valenzuela. Dichos exfuncionarios fueron responsables del manejo financiero de recursos del Seguro Popular que fueron ministrados a Veracruz en 2013.
La FGR ha reunido evidencia inicial suficiente, a partir de denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no por la Fiscalía de Veracruz, para solicitar al juez la apertura de los procesos en contra de los involucrados por el delito de peculado, y otros que pudieran resultar de la indagatoria.
Estos casos se sumarían a cuatro procesos más que la Fiscalía General ha logrado promover exitosamente en contra de exfuncionarios del gobierno de Duarte. Uno de ellos es en contra de Gabriel Deantes –que hora sumaría su segundo juicio abierto–, y los otros son en contra de los exsecretarios de Finanzas Tomas Ruiz y Fernando Charleston, y el exsubsecretario de Finanzas, Carlos Hernández.
Se trata del arranque de las acusaciones de la Fiscalía federal ante jueces como resultado de las múltiples denuncias presentadas por la ASF en contra de la administración de Javier Duarte, por hechos que los auditores calificaron en su momento como un “masivo e inédito desvío de recursos federales”, en el gobierno de Veracruz.
Los auditores han estimado en más de 62 mil millones de pesos el monto de dinero proveniente de 14 fondos federales que fue mal manejado y desaparecido en la administración de Javier Duarte, quien actualmente está preso y cumpliendo una condena por lavado de dinero en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
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“La autonomía en la investigación y en la ejecución de las medidas cautelares duró menos que las convicciones de los intelectuales orgánicos del gobierno: Un senador pide que se descongelen las cuentas, y el presidente interviene. Por eso dije que yo me esperaría a celebrar”. Max Kaiser @MaxKaiser75
La corrupción que no quiso ver Yunes
Que estos exfuncionarios duartistas enfrenten hoy a la justicia federal por casos sumamente graves de desvío de recursos, sin que hayan pisado el penal de Pacho Viejo, fortalece la hipótesis del “vómito negro”.
Durante los dos años de Yunes se habló de negociaciones que hizo con varios exduartistas, de la entrega de fuertes sumas de dinero y de residencias, edificios, aviones, helicópteros, terrenos y obras de arte, con lo que varios exduartistas compraron una cierta impunidad, a cambio de renunciar también a sus aspiraciones políticas, a no ser las de apoyo a Miguel Ángel Yunes Márquez
Recordemos las versiones sobre la entrega de una residencia en el Club de Golf de Xalapa por parte del extitular de la SEV, Adolfo Mota Hernández, un inmueble que ocupó el fiscal Jorge Winckler como su domicilio en Xalapa hasta antes del fin del gobierno anterior, cuando prefirió salir de la que se sospecha quedó bajo su nombre.
¿Cree que los fondos desviados quedaron ocultos ante el ojo inquisidor de Yunes Linares? Veamos de qué se trata:
En el caso de Gabriel Deantes y José Francisco Díaz Valenzuela, las investigaciones los vinculan con la desaparición de 261 millones de pesos provenientes del Fondo Regional (Fonregion), que es un fondo que se entrega a algunos estados para financiar programas y acciones que faciliten el acceso de servicios básicos de salud y educación, en zonas vulnerables. Los malos manejos relacionados con este fondo corresponden al análisis de la cuenta pública 2012, que fue el segundo año de Duarte en Veracruz. Por este mismo asunto se encuentra ya procesado Tomás Ruiz González. En el caso del exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac, la investigación federal lo relaciona con el presunto desvío en 2014 de 149 millones de pesos, pertenecientes al Fondo Metropolitano, cuyo objetivo es apoyar a las entidades en la ejecución de obras de infraestructura que favorezcan la movilidad, transporte y protección ante riesgos naturales.
Apenas en marzo pasado, Mauricio Audirac había logrado que un juez de Veracruz cancelara un proceso penal abierto en su contra, que lo mantuvo casi año y medio en prisión. Dicha acusación había sido presentada por la Fiscalía local, y en la misma se responsabilizaba al exfuncionario de malos manejos de recursos del Seguro Popular.
Sin embargo dicho caso es distinto al que ahora se promueve a nivel federal en contra de Audirac y de otros exfuncionarios del gobierno de Duarte, quienes con independencia de si ya libraron o no las acusaciones a nivel local, ahora tendrán que enfrentar los procesos promovidos por la Fiscalía General de la República.
Polvo de gis
Nachón, ¿provisional o permanentemente en Sedecop?… Con antecedentes en gobiernos priistas y panistas, seguidor de Miguel Ángel Yunes Márquez en su pasada campaña electoral, Enrique Nachón García fue nombrado este miércoles por el gobernador Cuitláhuac García como encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop). Lo que dice el boletín que dio a conocer su nombramiento es preocupante; dice que el nombramiento es “con la finalidad de mantener la política de desarrollo económico y seguir con los mismos grandes resultados que hasta el momento se han logrado”. La verdad es que la gestión del ahora senador Ernesto Pérez Astorga fue de una grisura sobrecogedora, lo que hace prever resultados del mismo tono con Nachón… ¿Y el abasto de medicamentos en centros de Salud?… Quienes no parecen ponerse de acuerdo son el gobernador Cuitláhuac García y su secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, porque mientras el primero asegura que el abasto de medicamentos en hospitales es de entre el 55 y el 85 por ciento, el segundo se rehusó a indicar cuándo se normalizará el abasto en el estado, pues se espera la compra consolidada que se hará a nivel nacional. Ambas expresiones fueron hechas tras la inauguración de la reunión del Consejo Nacional de Salud, celebrada en Boca del Río, en presencia del titular de Salud del gobierno federal, Jorge Alcocer Varela. En el caso del mandatario estatal, en su discurso, dijo que algunas clínicas se las habían entregado con 15 por ciento de abasto, e informó de una inversión de 430 millones de pesos que ha permitido subir el abasto de 15 a 55%, mientras que las que mostraban un abasto de 85 por ciento, también han crecido hasta alcanzar el 90%. Ojalá que se logre caminar más rápido en materia de atención a la salud.
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