Prefacio.
En su tiempo, fue Javier Duarte, quien advirtió que se iba a “sacudir el árbol”, y les recomendó a los periodistas que “se portaran bien”. *** Miguel Ángel Yunes Linares nunca se caracterizó por su sutileza. Allá por el mes de julio de 2017 anunció que se investigaba a tres trabajadores de los medios de comunicación de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, ya que supuestamente brindaban información al crimen organizado. *** “No vamos a permitir, de ninguna forma, que escudándose en la calidad de periodistas sigan colaborando algunos individuos con la delincuencia organizada; lo digo con toda claridad, los periodistas no son delincuentes pero hay personas, delincuentes, que escudándose en credenciales de periodistas colaboran con la delincuencia organizada”, dijo Yunes Linares. *** Hoy es el secretario de Gobierno, Éric Cisneros, quien anticipa que “pronto se verá quiénes están a favor de la justicia, y quiénes están del lado de un grupo de personas que no son veracruzanas, y eso también va también para todos los compañeros que son periodistas”. *** Lo reiteró: “Aquí va a haber un parteaguas que es muy claro, y también va para todos los compañeros que son periodistas, va para todos los veracruzanos, con esto que está pasando hoy en Veracruz, vamos a saber quién está del lado de los veracruzanos, y quién quiere ser cómplice de un pequeño grupo de personas que ni siquiera son veracruzanas”. *** Por supuesto, ya salieron algunos colegas a desgarrarse las vestiduras. Calma y nos amanecemos. ¿Que hay periodistas coludidos con la delincuencia? ¡Claro! Y también hay políticos, servidores públicos, empresarios, maestros… vaya, ¡hasta sacerdotes! *** No percibo una amenaza en las palabras de Cisneros, como tampoco me lo parecieron los dichos de Duarte o de Yunes Linares. *** Quienes nos dedicamos a esta profesión, sabemos que encontraremos retos y obstáculos en el camino. Nos tocará librarlos.
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En la denuncia penal presentada desde prisión por Gilberto Aguirre Garza, no sólo se señala el delito de tortura; también se acusa a servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de “fabricación de pruebas” para inculparlo por el delito de desaparición forzada y obligarlo a declarar en contra de su superior, el entonces Fiscal del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras.
La denuncia presentada por Aguirre Garza señala como responsables de los agravios en su contra, al actual fiscal, Jorge Winckler Ortiz, al Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres, a quien fuera Fiscal especializado en personas desaparecidas, Eduardo Coronel Gamboa, y al actual titular de la Dirección de Servicios Periciales, Mario Javier Valencia Hernández.
Este último habría sido el encargado de “fabricar” las pruebas falsas en contra de quien fuera su maestro y jefe, Gilberto Aguirre, y quien habría –además- amenazado a otros peritos para obligarlos a declarar en contra del que había sido su jefe y formador.
El 3 de abril del año 2018, Gilberto Aguirre Garza fue detenido por elementos de la Policía Ministerial del Estado y trasladado al penal de Pacho Viejo, donde fue torturado para obligarlo a declarar en contra de Luis Ángel Bravo Contreras.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibió la denuncia de Gilberto Aguirre a través de su abogado, en noviembre de ese mismo año, por lo que se inició una investigación.
En su Recomendación 25/2019, la Comisión dio a conocer que del acervo probatorio que consta en el expediente, se demostró que Gilberto Aguirre sí fue víctima de actos constitutivos de tortura, “los que fueron ejecutados con la finalidad de obtener una declaración incriminatoria”.
Quedó demostrado, además, que los actos de tortura fueron consumados en el penal de Pacho Viejo y “ocurrieron gracias a la participación conjunta de servidores públicos de la FGE y de la DGPRS de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz”.
Por todo ello, derivado de los actos de tortura de los que fue víctima Gilberto Aguirre, “se vulneró su derecho al debido proceso”.
La Comisión de Derechos Humanos entrevistó a un testigo que labora en al reclusorio de Pacho Viejo, quien reveló que durante el mes de mayo del año 2018, por instrucciones del Director del penal, dos fiscales ingresaron durante la madrugada, que ninguno de ellos llevó a cabo su registro de acuerdo con el protocolo de ingreso y que se dirigieron a la oficina del Director. Asimismo, narró que esa misma madrugada el reo Gilberto Aguirre fue sacado de su celda y trasladado a la oficina del Director del penal “donde permaneció durante varias horas”.
El ombudsman de Veracruz emitió la Recomendación 025/2019 en la que dispone que la Fiscalía General del Estado “deberá investigar con la debida diligencia los actos de tortura” cometidos en contra de Gilberto Aguirre; además, deberá reconocer la calidad de “víctima” del denunciante.
A la Secretaría de Seguridad Pública se le conmina a que establezca “mecanismos efectivos de fiscalización y control de ingresos a los centros de reinserción Social del Estado de Veracruz, de forma que éstos no sean susceptibles de alteración”.
Ambas dependencias (Fiscalía y Seguridad Pública) deberán pagar la compensación a la que tenga derecho la víctima por los abusos sufridos, y además, “deberán investigar a los servidores públicos involucrados, y a quienes hayan participado -por acción u omisión- en la violación a derechos humanos (…) para determinar sus responsabilidades, su grado de participación y las sanciones correspondientes”.
Los probables responsables por parte de la Dirección de Prevención y Reinserción Social ya no están en funciones, pero en el caso de la Fiscalía, es evidente que los responsables de la investigación son los señalados de incurrir en actos de tortura, por lo que la investigación deberá correr a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) que ya tiene en su poder la denuncia correspondiente.
Transcribo el fragmento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes:
Artículo 16:
“Al servidor público que siendo investigado o vinculado a proceso por el delito de tortura, y que por razón de su encargo o influencia pueda interferir u obstaculizar las investigaciones, le podrán ser aplicadas las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluida la suspensión del cargo”.
Jorge Winckler deberá renunciar al cargo, o será cesado.
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Epílogo.
Las irregularidades detectadas en el caso de desaparición forzada provocarán la salida de todos los involucrados. Además de las evidentes fallas en el proceso, se acredita que cuando fueron vinculados, ese delito no estaba incluido en el catálogo de faltas que ameritaran la prisión preventiva oficiosa, por lo que el juez de control deberá revisar sus casos y modificar la medida precautoria. *** Este lunes el Comité Ejecutivo Nacional del PRI confirmó que la Presidenta, Claudia Ruiz Massieu, tomará la protesta a Marlon Ramírez Marín y a Arianna Ángeles Aguirre como Presidente y Secretaria General, del Comité Estatal, para el periodo estatutario 2019-2023. *** “En el acto, acompañarán a Ruiz Massieu integrantes del CEN y el Delegado del Revolucionario Institucional en territorio veracruzano, Hugo Contreras Zepeda”, anuncia el comunicado. *** El delegado del ISSSTE en Veracruz, Fernando Kuri Kuri realizó una gira de trabajo por Orizaba y entregó 15 mil 212 piezas de ropa hospitalaria como sábanas, almohadas, forros, colchones, colchonetas y batas quirúrgicas a trabajadores de la salud de la Clínica-Hospital de aquella ciudad, lo que representó una inversión de más de 3 millones de pesos. *** “En la Delegación realizamos un diagnóstico certero de todas las Unidades Médicas donde debemos reforzar los servicios de manera inmediata, pues los derechohabientes son la prioridad del Gobierno de México y merecen una atención de calidad y calidez”, expresó Fernando Kuri. *** El abogado Tomás Mundo participa desde este lunes en el Congreso Internacional de Razonamiento Probatorio, que se realiza en el estado de Oaxaca. Las personalidades más destacadas de este evento están confirmando ya su presencia en Xalapa, en un evento que habrá de realizarse con la participación del Congreso de Veracruz.