Es uno de los delitos de mayor impacto social y que más se ha incrementado en los últimos años, señala la diputada Mónica Robles Barajas.

Actualmente la sociedad veracruzana se está enfrentando a nuevas modalidades de extorsión, mismas que no se encuentran tipificadas en el Código Penal lo que implica que la autoridad competente no cuente con suficientes recursos legales para sancionar esta conducta, afirmó la diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de MORENA, al dar lectura a su Iniciativa de Decreto de reforma al artículo 220 del Código Penal para el Estado.

Ante el Pleno de la LXV Legislatura, señaló que la extorsión es uno de los delitos de mayor impacto social y que más se ha incrementado en los últimos años y el que, de acuerdo con los Reportes de Incidencia Delictiva del Fuero Común, realizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se puede observar que la incidencia del delito de extorsión, entre los años 2015 y 2018 ha crecido cerca del 20 por ciento, en el ámbito nacional, y en Veracruz ha tenido, en ese mismo periodo, un incremento de más del 400 por ciento, en las denuncias por este ilícito.

Aunque los datos antes enunciados son preocupantes, señaló Robles Barajas, sólo reflejan parte de esta problemática, dado que la cifra negra en los casos de extorsión es muy alta, esto según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI donde la extorsión presenta la segunda cifra más alta de delitos no denunciados con un porcentaje del 98.2 por ciento lo que supera en cinco puntos a la media nacional en todos los delitos que es del 93.2 por ciento.

La extorsión en nuestro estado, apuntó la legisladora de Morena, se ha convertido enun fenómeno sumamente complejo, debido a la diversidad de los sujetos activos que cometen esta conducta delictuosa.

Como autores intelectuales –agregó- pueden estar grupos de la delincuencia organizada, autoridades de cualquier orden de gobierno, indiciados que se encuentran recluidos en centros de readaptación social y como autores materiales, cualquier persona que ejerza algún tipo de violencia para obtener dinero u otro beneficio.

El delito de extorsión es uno de los delitos de mayor impacto social y que más se ha incrementado en los últimos años, destacó la diputada Mónica Robles, por lo que propone la reforma al artículo 220 del Código Penal estatal, para que se tipifiquen las nuevas modalidades de este delito, y se incrementen las penas para quienes lo realicen, en especial cuando el delito se realice por servidor público o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada.

Si el sujeto activo por extorsión telefónica o por cualquiermedio electrónico fuere interno procesado o sentenciado, además de las penas previstas, se le aumentará de una tercera parte de los mínimos a una tercera parte de los máximos de las sanciones y no se le concederá beneficio preliberacional alguno.

Además de las penas señaladas, se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando en la comisión del delito intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos y cuando se emplee violencia física.

Así como cuando sea empleado cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho.

Esta iniciativa de Decreto fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.