En sentido estricto, tiene razón la diputada local veracruzana Brianda Kristel Hernández Topete (PRD) al señalar que la seguridad en la entidad no es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, sino a la Secretaría de Seguridad Pública, a cuyo frente se encuentra Hugo Gutiérrez Maldonado.

La legisladora se refirió de esa manera a la convocatoria lanzada a los diputados desde el Poder Ejecutivo para que reflexionen sobre la permanencia del actual fiscal, Jorge Winckler; Hernández Topete dijo que los dictámenes sobre el desafuero estaban elaborados.

Sin embargo, el tema de la seguridad no es el que se reprocha al fiscal veracruzano, sino la sospechosa ineficacia, dado que pareciera que los delitos en Veracruz no se investigan; y que la impunidad, por tanto, es regla y no excepción.

En pocas palabras, la policía puede actuar y capturar en flagrancia a los presuntos responsables de los ilícitos que se cometen en la entidad, pero si en la Fiscalía no se integran adecuadamente las carpetas, los delincuentes tardarán más en entrar que en salir de prisión.

Precisamente por ello, este martes se presentaron ante delegación de la Fiscalía General de la República los secretarios de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado; y de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para denunciar las omisiones de Winckler Ortiz.

Indican que existen al menos 150 órdenes de aprehensión giradas por jueces contra delincuentes, que no han sido cumplidas; de hecho, sigue la fiscalía sin subirlas a la llamada Plataforma México, por lo que podría hablarse de omisiones y, en el peor escenario, de encubrimiento.

Para nadie es un secreto que el sistema de impartición de justicia en nuestro país es sumamente deficiente; por ello en los últimos años se ha manejado entre el gremio de los abogados el concepto de la puerta giratoria de la justicia mexicana, porque los implicados en los delitos son liberados casi inmediatamente después de pisar los tribunales.

En nuestro país, y por tanto en Veracruz, se estima que 9 de cada diez delitos cometidos no se castigan y ni siquiera se investigan, no se convierten en carpetas; es la llamada cifra negra. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI ubica en 93 por ciento este índice, que revela un altísimo grado de impunidad.

Si a esos problemas se suma la incapacidad y la ineficacia del ministerio público, el panorama para Veracruz empeora de forma considerable.

En el marco de la evidente confrontación entre el Poder Ejecutivo de Veracruz y el titular de la Fiscalía General del Estado, quien se encuentra atrincherado en sus oficinas, este martes los funcionarios del gobierno estatal acudieron a la Fiscalía General de la República en busca de apoyo.

Circula la especie, incluso, en el sentido de que habría un segundo intento de Morena por lograr el desafuero de Jorge Winckler, quien cuenta con el respaldo de los diputados panistas, perredistas, del MC y algunos aliados del PRI y de Encuentro Social; sin embargo, el tema ya está en la cancha federal y ahí podría presentarse un escenario totalmente diferente; sobre todo porque en la agenda de Morena, la destitución del fiscal veracruzano aparece como una prioridad.

@luisromero85