Alto Lucero, Ver.- Cientos de habitantes de comunidades de Alto lucero y Actopan enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar la cancelación de los proyectos mineros a cielo abierto de oro, plata y cobre que se realizan en la región.
En el festival “500 años de resistencia”, los habitantes y ambientalistas exigieron frenar las concesiones mineras y anunciaron el inicio de amparos legales para impedir que los proyectos de concreten.
Frente a un auditorio repleto en la comunidad de Palma Sola, Leticia Valenzuela de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), leyó la carta pública que señala: “Valoramos y respetamos la carta que envió al Rey de España y al Papa Francisco, solicitando una disculpa por las atrocidades cometidas en La Conquista, pero eso sería un acto cosmético, sino se defiende a la población que aquí y ahora sufre la invasión, el despojo y la devastación de sus territorio”.
Recordaron que hace 500 años, Hernán Cortes desembarcó en tierras veracruzanas dando inicio a la conquista de México, “Un evento que trajo consigo el despojo y la aniquilación de comunidades enteras. Hoy como hace 500 años, la ambición desmedida del capital pone en peligro la región, pues las empresas extranjeras y mexicanas pretenden despojar a las comunidades el territorio para obtener oro. Hoy como hace 500 años dividen, amenaza, destruyen y matan”.
“Señor presidente, cancele el proyecto minero. La Verdadera riqueza de esta región no está en el oro del subsuelo, sino en la importancia biológica y ecológica de la región, en su pasado histórico u en su valor para los habitantes”, señalaron en la carta que fue leída en voz alta ante cientos de asistentes.
La minera Caballo Blanco, filial de la canadiense Candelaria Mining, que desarrolla el proyecto minero a cielo abierto La Paila en Alto Lucero, concentra 11 concesiones mineras en la región con más de 19 mil hectáreas.
Además del proyecto minero La Paila, la empresa ha informado a sus inversores que tiene otros cuatro prospectos de exploración en la región: Autopista (Highway North), Las Cuevas, Bandera Norte y Bandera Sur, que le permitirían extenderse por lo menos nueve kilómetros más hacia Actopan, muy cerca del sitio ramsar de La Mancha.
El proyecto se ubica a solo tres kilómetros de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) y cuatro kilómetros del reactor, lo cual aunado a que el tajo a cielo abierto se instalará en 295 hectáreas de área forestal, ha causado la alarma de la comunidad ambiental y científica.
A esta amenaza se suma la Minera Gavilán, SA de CV y Minera Alondra, SA de CV, filial de la canadiense Almadén Minerals Ltd, que tienen el proyecto de exploración El Cobre y a la fecha han hecho más de 100 barrenos de perforación en Actopan.
Con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), han obtenido en los últimos dos años siete permisos para el proyecto en las localidades de Tinajitas, Los Baños, San Juan Ojital, San Juan Villarica, El Porvenir y el Rancho Nueva Italia.
La defensa legal contra las concesiones mineras
Ximena Ramos, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), dijo que la consulta para los Manifiestos de Impacto Ambiental de proyectos no son suficientes y las concesiones mineras son otorgadas a plazos de 50 años, por lo que es necesario iniciar la defensa legal del territorio a través de amparos.
Explicó en que el caso de Alto Lucero y Actopan se iniciará con la documentación del número concesiones en la zona y los amparos en contra de las concesiones y la ley minera: “No se toman en cuenta los aspectos ambientales, sociales y económicos, y son comunidades campesinas que verán afectada su cotidianidad, por lo que se debe respetar su derecho a la consulta”.
Recordó que hay casos exitosos en otros estados como Puebla, Guerrero y Oaxaca donde las comunidades han ganado amparos en contra estos megaproyectos como mineras e hidroeléctricas.
Cuestionada sobre las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que no habrá proyectos mineros, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sigue aprobando permisos, consideró que en el fondo no hay un cambio en la política.
“No vemos un cambio en la política, de hecho uno de los programas que está impulsando la Secretaría de Bienestar es el fondo minero para destinar el recursos generado a las comunidades, pero es contradictorio, para que se les va a dar dinero de la minería cuando esta actividad ya destruyó su forma de vida”, señaló.
El foro donde se realizaron diversas actividades artísticas, concluyó con una marcha hacia la playa para continuar con la exigencia de la cancelación de proyectos mineros.
Flavia Morales/Avc