La crisis política en zonas petroleras de Veracruz, como Poza Rica y Papantla, además de la corrupción en los ayuntamientos y el desempleo, causan que la delincuencia organizada busque controlar los recursos de esta zona, señaló el integrante del Centro de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez.

Durante su participación en la Mesa “Violencia política y acción colectiva en México y Colombia” en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), indicó que las repercusiones de la explotación petrolera en comunidades indígenas van más allá de la contaminación del ambiente, pues con la reforma energética hubo más desempleo y un “boom” de grupos delincuenciales que se dedican al robo de combustible, también llamado huachicoleo.

Señaló que un estudio realizado hace apenas un año reveló que había localidades de Papantla y Poza Rica como El Remolino, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, en donde los grupos delincuenciales tenían control de ductos de petróleo.

Incluso, se detectó que estas zonas petroleras son usadas por el crimen organizado para arrojan cadáveres, lo cual generaba otro tipo de conflictos sociales en esta zona,

“La delincuencia organizada tiene controlado el robo de gasolina y los ductos. Además, la delincuencia organizada arrojaban cadáveres en zonas petroleras”.

Dijo que en la localidad de Venustiano Carranza y Emiliano Zapata (Papantla) había un rechazo a la explotación petrolera y a fracking porque vivían cuestiones de contaminación agua y ríos, pero también porque alrededor de la industria se generaban otros fenómenos como el huachicol.

“La violencia en la zona cobra relevancia por los asesinatos y secuestros por parte de la delincuencia organizada y con ello se pone en evidencia que además de la intervención de una institución legal que plantea la explotación petrolera a través de mecanismos de contaminación de agua, tierra y productos agrícolas, también se consolidan grupos de la delincuencia organizada.

“Las organizaciones sociales se resisten a estos proyectos petroleros, pero no hay procedimientos institucionales de consulta a grupos campesinos y eso genera un ambiente propicio de características de violencia institucional y al lado se encuentra una industria que no genera empleos pero sí consolida grupos de la delincuencia organizada“.

El investigador señaló que a esto se suma la corrupción en el manejo de recursos que entrega la industria petrolera a los Ayuntamientos, lo cual abona a la crisis del sistema político local y la intervención de la delincuencia por el control de recursos regionales.

“Este conjunto de agravios, de composición social y crisis política genera violencias que provocan caos y elementos sin salida”.

Cabe destacar que durante su participación, el investigador de la UV reprobó el asesinato del defensor de los derechos humanos, Abiram Hernández Fernández, ocurrido durante el fin de semana pasado.

Aguilar Sánchez remató que la sociedad y quienes conocieron al activista están indignados ante este asesinato.

Perla Sandoval/Avc