Por lo menos desde hace un mes, luego de los dos juicios políticos fallidos que el grupo legislativo de Morena le había iniciado en el Congreso local, el fiscal general Jorge Winckler ha venido enfrentando una serie de situaciones que podrían desembocar ahora sí en su destitución.

Y es que desde el jueves 21 de febrero, cuando elementos de la Marina le negaron el acceso a la instalación de la mesa de seguridad en el puerto de Coatzacoalcos, le debió quedar claro que su exclusión era por desconfianza, ya que en la lista de funcionarios invitados sí aparecía la fiscal regional del sur del estado, María Isabel Hernández Cruz, a la que removería por la filtración de una fotografías del cadáver decapitado de la empresaria porteña Susana Carrera, que había sido secuestrada y asesinada dos semanas atrás en esa región.

Pero después del incidente suscitado en el Astillero de la Marina de la Zona Naval de Coatzacoalcos, donde inútilmente estuvo esperando más de una hora para que lo dejaran entrar –reclamándole inclusive al alcalde porteño Víctor Manuel Carranza, quien le explicó que dicha reunión no la había organizado él–, Winckler se ha visto envuelto en los últimos días en otros incidentes que siguen abonando a la misma desconfianza que públicamente le han echado en cara el gobernador Cuitláhuac García y el secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos.

Este miércoles, por ejemplo, la diputada federal de Morena, Carmen Medel Palma, de Minatitlán, lo desmintió por la simulada “orden de aprehensión ejecutada” en contra de Diego “N” –otro de los implicados en el crimen de su hija Valeria Cruz Medel, que según confirmaría en conferencia de prensa el titular de la SEGOB, ya estaba recluido desde el 20 de enero en el Cefereso de Villa Aldama tras ser capturado por elementos de la Fuerza Civil, que lo pusieron a disposición del Ministerio Público federal.

Así que, con estos y otros elementos que estarían por salir a la luz, va a ser muy difícil que el abogado yunista pueda permanecer en la Fiscalía General del Estado, ya que en junio próximo deberá someterse precisamente a la evaluación de control de confianza, ya que de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política federal, está obligado a cumplir con este requisito legal para continuar en el cargo.

Y es que los artículos 67 y 68 de la mencionada ley establecen que “la certificación y registro tendrán una vigencia de tres años”, y que “los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes”.

“La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las Instituciones de Procuración de Justicia”, precisa dicho ordenamiento legal.

Winckler debió someterse a estos mismos exámenes en noviembre de 2016, cuando inicialmente ingresó a la Fiscalía General del Estado como Visitador General, impuesto por su jefe político Miguel Ángel Yunes Linares, aún gobernador electo.

Aquí no hay vuelta de hoja. El artículo 21 de la Carta Magna estipula que tanto el Ministerio Público como las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno estarán sujetas, entre otras bases mínimas, “a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de la instituciones de seguridad pública…”, según la reforma vigente desde el 29 de enero de 2016.

Y por si acaso hubiera duda, la ley reglamentaria de este precepto constitucional establece en su artículo 14 las atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, una de las cuales es precisamente la de “recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de Seguridad Pública, previa opinión justificada del Secretariado Ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley…”

Amparan a jueza Aleida Sosa

Trascendió anoche que el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, José Ezequiel Santos Álvarez, concedió la suspensión provisional a la abogada Alma Aleida Sosa Jiménez para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) la restituya como Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Poder Judicial del Estado en Pacho Viejo, tras impugnar legalmente su cambio de adscripción temporal como Juez de Control y Enjuiciamiento al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Misantla.

Según la opinión de sus abogados, con este fallo de la justicia federal el TSJE deberá restituirla, ya que en caso de desacato o si pretendieran removerla fuera de la jurisdicción de Xalapa o Coatepec estarían violándole sus garantías individuales, lo que propiciaría un incidente de contumacia en contra del Presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, para que la Suprema Corte lo destituya y consigne.

El domingo, fiesta priista

Este domingo 24 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, iniciará el registro de las fórmulas de candidatos a la presidencia y secretaría general del Comité Directivo Estatal del PRI, que por primera vez en la historia del partido tricolor en Veracruz serán electos mediante consulta directa a su militancia.

Hasta anoche se mencionaban alrededor de 10 duetos de aspirantes, pero a la mera hora es posible que sólo acuda a registrarse la mitad.

Y es que en esta ocasión ya no se tratará únicamente de hacer comparsa para ver qué cargo partidista o en la administración pública obtiene por participar, pues el PRI ya no tiene los gobiernos federal y del estado. Pero, además, cada quien deberá demostrar el tamaño de su verdadera fuerza política entre la militancia, por si en el proceso electoral de 2021 pretende ser candidato a alcalde o a diputado local o federal. Y, por si fuera poco, tendrá que medir muy bien sus posibilidades porque tendrá que comprobar el pago de 150 mil pesos al momento de su registro, cuota fijada por la dirigencia priista a cada fórmula de aspirantes para financiar parte del costo total de la elección interna.

Así que ya se verá el domingo quiénes llegan finalmente y qué tan arropados políticamente se presentan.

Por lo mientras, esta consulta interna inédita reactivará al priismo veracruzano y sentará un precedente que lo obligará a futuro a democratizar también la selección de sus candidatos a puestos de elección popular.

Los priistas andan tan motivados que aseguran que todavía hay partido para rato. Y su entusiasmo es tal que hasta les hace parafrasear a Sor Juan Inés de la Cruz: “Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud…”

Ya se verá cómo se desarrolla el proceso interno y qué tan legitimada resulta su nueva dirigencia estatal.