Prefacio
Raro, de verdad, el caso del amparo promovido por Javier Duarte contra su sentencia. Resulta que ese expediente ha desaparecido de los archivos del Poder Judicial de la Federación. *** Esa sentencia fue publicada a finales de febrero y la retiraron del portal del Consejo de la Judicatura Federal el 4 de marzo. El fallo del juez desechaba el amparo por considerarlo “improcedente”, ya que antes de presentar esa demanda, la defensa de Duarte debió agotar el recurso de revocación y no lo hizo. *** El pasado viernes Javier Duarte presentó un escrito al juez en el que le manifiesta que, debido a que el 4 marzo la versión pública del fallo fue retirada de internet, uno de sus abogados fue al juzgado para consultar físicamente el documento original, pero le informaron que no había sido dictada la resolución. *** “Por lo que yo me cuestiono: ¿cómo es posible que aún no haya resolución si esta parte quejosa cobró conocimiento en fecha 26 de febrero del presente año de la sentencia dictada por su Señoría en Audiencia Constitucional? Es un absurdo que me posiciona en un estado de incertidumbre jurídica, que incluso puede llegar a dejarme en un estado de indefensión”, expuso Duarte de Ochoa en el escrito. *** Difícilmente este pifia administrativa por parte del Consejo de la Judicatura federal tendrá un impacto directo en el caso del exgobernador de Veracruz, pero abre interrogantes acerca de la forma en que se está llevando un caso tan publicitado a nivel nacional.
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Ayer les dí una pista.
Les sugerí que recordaran cuando Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que Javier Duarte le hacía llegar mes con mes 2.5 millones de pesos a Andrés Manuel López Obrador, a través de la representación de Morena en Tatahuicapan.
Yunes Linares se refería al acuerdo firmado el 29 de diciembre del 2014, luego de que transcurrieron 25 días de un conflicto que dejó sin agua potable a los municipios de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán.
Las autoridades del Gobierno de Veracruz firmaron una minuta con el Consejo de Vigilancia y el municipio de Tatahuicapan, y dejaron fuera de las negociaciones a los integrantes del Comisariado Ejidal.
El primer acuerdo fue que el gobierno de Veracruz se desistiría de los procesos penales abiertos por la toma de la presa y que se cancelaría el expediente abierto en la Procuraduría General de la República (PGR).
Varios de los participantes en ese movimiento fueron acusados de terrorismo, traición a la patria, sabotaje, daños y otros delitos de índole federal.
El segundo punto de esa minuta establecía que entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Coatzacoalcos entregarían cada mes dos y medio millones de pesos por concepto de “donaciones para la sierra”.
Ahí mismo quedó asentado que ese recurso no sería manejado por el comisariado ejidal, sino que estaría en manos de un consejo, integrado por varias personas de la zona alta.
Acordaron, además, la construcción de un hospital para la zona serrana y los municipios que convergen en esa región con alto grado de marginación. Para ello, el gobierno del estado, y los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, deberían donar ambulancias; pidieron que el nosocomio fuera entregado “bien equipado y con personal médico”.
El documento incuía una advertencia: “En adelante, no se podrán firmar más acuerdos con el comisariado ejidal”.
En enero del 2017, ya en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, los pobladores de Tatahuicapan volvieron a tomar la presa.
¿Su exigencia?
El pago de 2.5 millones de pesos a cambio del líquido que recibe medio millón de habitantes en la región.
Yunes Linares señaló a los que, según él, eran los responsables de ese movimiento y prometió que actuaría legalmente en su contra: “Lino González Bautista (o Lino González Cruz), con orden de aprehensión, Eloy González Bautista, delegado estatal de Morena, y María del Rocío Pérez Pérez, diputada local por Morena, encabezan la toma de la presa”.
En aquella ocasión, Yunes Linares denunció que en la administración de Javier duarte de Ochoa se entregaban dos y medio millones de pesos mensuales a Lino González Bautista (o Lino González Cruz) que los ponía en manos de las personas que forman parte de su organización.
El entonces gobernador anunció la presentación de denuncias penales y reveló, además, que Lino González tenía a buena parte de su familia en la Comisión de Agua de Coatzacoalcos.
Y adivinen quiénes tomaron en esta ocasión las válvulas de la presa.
El pasado domingo se celebró en Tatahuicapan una reunión cnvocada por el comisariado ejidal (ese mismo que, en la minuta firmada en 2014, se acordó que no participaría en las negocaciones con el gobierno).
En la reunión un reducido grupo de ejidatarios decidió tomar la presa, para exigir al gobierno de Cuitlahuac García el pago de los 2.5 millones pesos mensuales (pero ahora que se le entreguen al comisariado ejidal); insumos para el campo y el equipamiento del hospital que construyó Yunes Linares, pero del que dejó sólo el inmueble.
El recurso económico lo dejó de recibir Tatahuicapan desde los últimos meses de la administración de Javier Duarte. Yunes Linares no les dio un solo centavo y Cuitláhuac García tampoco.
Este nuevo movimiento es encabezado por Inocente Bautista Luis, representante del Comisariado Ejidal; por Nelson Pérez, representante de Antorcha Campesina, y por Eloy González Bautista, quien se autodenomina “dirigente moral” de Morena.
Los pobladores (mayoritariamente simpatizantes de Morena) en esta ocasión no se sumaron al movimiento y ha sido un grupo menor -que cree que puede restablecer la millonaria cuota acordada en los tiempos de Duarte- el que tiene sin agua a los municipios del sur.
Atrás de ese grupo, hay una mano siniestra que mueve la cuna.
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Epílogo
El mensaje del secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, al diputado Gonzalo Guízar, fue elocuente: “Para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta, porque habló de nepotismo. Su servidor no tiene ni un familiar en el gobierno. Yo le preguntaría si él puede decir lo mismo”. Un tema muy de moda, que está salpicando a propios y extraños. *** Lo primero, es atender la emergencia. Ya trabajan en forma coordinada los gobiernos federal y estatal en el control del incendio que se registra en el ejido Toxtlacoaya, municipio de Las Vigas. Una vez que se solucione el problema, habrá que revisar la razón de que hayan tardado tanto en actuar, y la falta de equipo y de personal para hacerle frente a esta conflagración cuando no había alcanzado aún la intensidad que ahora presenta.