Por más de media hora Javier Duarte trató de convencer al periodista Ciro Gómez Leyva y a su audiencia que no es el ladrón que dicen que es, que vive al día, que no tiene ninguna propiedad, que no le entró al negocio de las empresas fantasma, que no conoce a sus acusadores y que la PGR le jugó chueco. Lo único que le faltó agregar fueron dos palabras: Soy inocente.
En charla telefónica desde el Reclusorio Norte, el preso veracruzano pasó de lo increíble a lo jocoso y sin decirlo textualmente dio a entender que sus manos están atascadas de honestidad: “No existe una cuenta, no existe un bien, una transferencia, una operación, una empresa en donde yo o alguien de mi familia aparezcan. Simplemente están los dichos de esas personas que confiesan haber realizado conductas que la Ley tipifica como delitos”.
¿Entonces no tiene bienes terrenales?
No, al parecer no. Dijo que “son inventos y locuras de Yunes Linares”, incluyendo los diarios (esos que decían Sí merezco abundancia) y la mayoría de los objetos que fueron exhibidos en una bodega de Córdoba.
¿Y dinero? No pues tampoco. Ya dijo que no tiene “ni una cuenta”.
Reiteró que su esposa gasta unos 80 mil pesos mensuales en la renta del depa en Londres; 50 mil pesos en las colegiaturas de sus hijos y otros 50 mil en gastos varios: “Es lo que hay, es lo que tengo para poder mantenerlos. Qué más quisiera poderles mandar más recursos. Sin embargo… todo mundo cree que soy multimillonario y la verdad es que me estoy tronando los dedos”.
Si esto es verdad, ¿entonces quién se robó los 22 mil millones de pesos que de acuerdo con el SAT y la FGE (antes PGR) tienen documentados contra Javier Duarte? ¿Será que ambas dependencias cometieron la sevicia acusarlo injustamente?
Javier Duarte no huyó de Veracruz porque fuera culpable; no señor. Sino porque “Se veía una persecución política muy fuerte, muy organizada, una trama muy estructurada por parte del gobierno federal encabezado por el anterior secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, coludido con Miguel Ángel Yunes Linares”.
Tampoco está de acuerdo con la sentencia de 9 años que le impuso un juez porque la PGR lo obligó a aceptarla. “Ahora lo puedo decir, me obligaron a hacerlo. Tenía una pistola en la cabeza y si no aceptaba me ponían una condena de 25 años de prisión”.
Luego de este jocoso comentario es importante señalar que si se hubiera aplicado la Ley, la pena que le habría impuesto el juez rebasaría los 100 años. Pero se la pusieron facilita y gracias a un juicio abreviado cuya condena fue de nueve años, saldrá de la cárcel en tres.
De ser cierto lo de la pistola, ¿cuántos sentenciados casi a cadena perpetua no aceptarían gustosos que la FGR les pusiera no una pistola, sino un cañón en la cabeza, con tal de aminorar su condena? ¿Qué reo en su sano juicio se niega a que le quiten años de cárcel?
Lo real es que hay 22 mil millones de pesos que no aparecen por ningún lado y desapariciones forzadas por las que no responderá este sujeto que al final de cuentas saldrá libre en 36 meses.
Y como ha sucedido en casos como éste, sin contar con el parecer de 8 millones de veracruzanos que fueron los engañados, burlados y robados en su malhadado sexenio.
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